Óscar Puente, ministro imprudente

 Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo ministro de Transportes a poco de asumir el cargo fue visitar el puerto de València el pasado 14 de diciembre para anunciar, copa de cava en mano, vía libre a la ampliación norte, bloqueada desde 2018 cuando ya estaban construidos los diques de abrigo, lo que podríamos llamar los cimientos de la nueva terminal marítima.

Con ese brindis, sin opción a réplica, dio una bofetada de calado a las decenas de colectivos y académicos que en los últimos seis años vienen realizando, sin apoyo público, una laboriosa tarea de información, divulgación y movilización en contra del proyecto.

Lejos de moderar tan lamentable espectáculo, el pasado jueves día 18 ha doblado la apuesta en un foro económico en Madrid. De las perlas periodísticas que dejó el señor Puente nos quedamos con esta: “La operación, desde el punto de vista ambiental, es impecable… Hay cierta sobreactuación medioambiental”.

Es decir, de un plumazo, el señor ministro ha asumido todos los tópicos de la publicidad oficial sobre las bondades del proyecto. Y de paso, ha resuelto por sí mismo la reclamada renovación de la declaración ambiental de 2007. Dicho en términos administrativos, ha asumido el papel del ‘órgano sustantivo’ (órgano de la Administración pública competente para autorizar o para aprobar los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental).

De los clásicos aprendimos que la Prudencia es considerada la principal virtud que debe poseer todo gobernante. Imprudente le llamo, porque la ampliación está en discusión ante los tribunales. Solo por esto, debió tomar un tiempo, escuchando a quienes califica usted, como en los viejos tiempos, de ambientalistas exagerados y alarmistas. En momentos en que tanto se apela al diálogo, hay que aceptar a quienes ya supones que te van a incomodar.

Tampoco lo hizo el presidente Puig en sus años al frente de la Generalitat Valenciana. Y ahora nos quedamos sin saber lo que piensa su compañera de gabinete Teresa Ribera, cuyo silencio venimos lamentando desde hace tiempo. O la vicepresidenta Yolanda Díaz, que visitó la Albufera guiada por la Comissió Ciutat-Port en plena campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas y municipales, y pareció tenerlo muy claro.

Si hay un proyecto ahora mismo en el Estado que contraviene toda lógica ambiental frente al Cambio Climático y el derecho a la ciudad, ese es el de la ampliación norte del puerto de València. Los efectos de la última gran ampliación, bien contrastados y que causaron daños materiales, ambientales y humanos irreparables, constituyen un banco de pruebas irrefutable.

El ya de por sí insuficiente examen ambiental de 2007 en absoluto daba carta blanca para actuar, pero el paso de casi veinte años ha dibujado un nuevo marco económico y ambiental mucho más exigente con las pruebas de aptitud. Este ha sido uno de los temas del conflicto.

Pero en el fondo, la oposición al proyecto ha denunciado que constituye una aspiración privada para duplicar la capacidad de atraque utilizando instalaciones y dineros públicos -600 millones para empezar- para una actividad difícilmente calificable como de interés general.

Debido a las condiciones naturales poco favorables de nuestra costa, el puerto ha ido extendiendo sus diques mar adentro (1.500 metros adicionales en este caso) para conseguir calados suficientes, y ese proceso ha generado graves desequilibrios en la dinámica litoral, otro de los ejes básicos y más controvertidos de la oposición al proyecto. El parque natural de la Albufera, joya de nuestros humedales, ha sido el principal afectado por ello, ya lo indicaba el Gobierno en 2007; y ahora, los efectos permanecen por mucho que se intenten ocultar los informes científicos y académicos que no gustan.

Pero es el conjunto de la ciudad el que plantea un problema de primer orden para proteger la Salud Pública, empezando por los vecinos de su fachada marítima. Los barcos consumen el combustible más sucio del mundo y las emisiones de azufre de uno solo de esos buques tiene dimensiones estratosféricas, con lo que “las áreas portuarias son la vanguardia de la contaminación sigilosa que no tiene fronteras” (Freightened. El precio real del transporte marítimo).

La defensa de la posición oficial ha ido virando desde posiciones económicas clásicas (PIB, empleo, “crear riqueza”) hasta reconocer la dimensión ambiental del proyecto diciendo que se tratará -nada menos- que de una “terminal medioambientalmente sostenible y neutra en términos de emisiones”.

En lo primero, ya se ha denunciado reiteradamente que buena parte de los daños no aparecen en la contabilidad general del proyecto, a base de ocultar o minimizar costes y exagerar los beneficios. Y en cuanto a la anunciada conciliación ambiental, hay que decir abiertamente que resulta imposible en este caso: porque si hay ampliación crecerá el trasiego de buques y camiones, y por tanto, habrá más impactos y nuevas exigencias (ya expresadas claramente) para ampliar accesos terrestres sobre la Huerta, otro ecosistema tradicional en peligro. Por mucho que intenten modernizar las instalaciones portuarias, no van a poder obligar a las grandes navieras a hacer lo mismo con sus navíos. Tampoco parece muy probable que las empresas de camiones acepten fácilmente ceder el paso al ferrocarril, que sería lo razonable.

El señor ministro ha dicho que sí, que tendremos la mejor terminal ferroviaria para realizar ese trasvase. Lo cual suena a oportunismo, cuando sigue en pie la apuesta del Gobierno por la carretera, aumentando la capacidad de la red y eliminando peajes. No le cuento la que tiene montada su ministerio para duplicar la autopista A-7 que circunda el área de València, 128 millones para un primer tramo. Eso sí, también aquí el proyecto se intenta colar como “mejoras funcionales de seguridad vial y medidas de integración ambiental”. Ahí tenía su departamento una oportunidad de oro para cambiar carriles de asfalto por vías férreas, pero esa es otra historia.

Le resultaría fácil, señor ministro, comprobar por qué nuestra ciudad y su entorno geográfico poseen extraordinarios valores que están siendo reconocidos incluso por instancias internacionales. Un proyecto como el que analizamos devalúa claramente este patrimonio, en un año en que València celebra la capitalidad verde europea. Mayor contradicción, imposible, vaya manera de empezar la fiesta.

Sabemos que cuenta usted con el apoyo de los partidos mayoritarios en la Comunidad Valenciana; y por descontado, con el del mundo empresarial. Sin embargo, poseer la fuerza no necesariamente lleva a tener razón. Aun así, se ha producido alguna grieta en ese robusto bloque promotor por la presión ejercida por los colectivos sociales agrupados en torno a la citada Comissió Ciutat- Port, forzando las exigencias de transparencia y participación, una obligación, por cierto, que debió asumir desde el principio la Administración Pública.

El señor ministro ha perdido una oportunidad para convertir la ocasión en una prueba a favor de la credibilidad del Gobierno frente a los graves retos ambientales y sociales de nuestro tiempo. Este no es un problema estrictamente ‘valenciano’, y por eso reclamamos mayor atención para ensanchar el marco del debate, pues el ‘mito de las infraestructuras’ sigue dominando la acción de los gobiernos, ahora también con la pulsión de ampliar aeropuertos.

La ampliación del puerto de València no está en absoluto realizada como afirman y, por tanto, a tiempo de rectificar.