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La ampliación de permisos a las familias monoparentales tiene trampa

Criar solas en pandemia: los desafíos económicos y de salud mental de las familias monomarentales

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El grupo parlamentario Popular logró ayer que el Congreso diera luz verde a la tramitación de una Proposición de Ley que, de ser aprobada dentro de unos cuantos meses, ampliará a 26 semanas los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales. De esta forma, se equipararía el tiempo de cuidado que reciben las y los hijos de estas familias (en estos permisos) al que ya tienen garantizado las criaturas de las familias compuestas por dos progenitores, las biparentales. 

La actual distribución de los permisos de maternidad y paternidad, mientras no se concluya la tramitación de esta Proposición de Ley, otorga un tiempo de cuidado distinto en función de la composición de su familia. A las monoparentales les corresponde 16 semanas y a las biparentales entre 26 y 32 semanas según decidan repartírselas los dos progenitores. Pero no es la única discriminación que se mantuvo en la última modificación del Estatuto de los Trabajadores realizada en 2019 (por ejemplo, también se da en los permisos de lactancia), ni tampoco es la única norma en la que las familias monoparentales tienen un trato desigual. La discriminación por indiferenciación que sufren las familias monoparentales es un tema estructural. Haciendo un juego de palabras se podría decir que más bien es una discriminación fruto de la indiferencia del legislador.

Por eso, con este paso, el PP se ha marcado un tanto. Por primera vez, se ha logrado canalizar legislativamente, en el ámbito estatal, una de las demandas que venían pidiendo las asociaciones de familias monoparentales insistentemente desde la entrada en vigor de la modificación. Una demanda que, ante la inacción de las administraciones afectadas, han ido llevando a los tribunales hasta lograr más de una decena de sentencias favorables en distintos lugares de España que señalan como la no equiparación de los permisos las discrimina. En estas resoluciones judiciales –como la del Tribunal Superior de Justicia de lo Social del País Vasco (STSJ PV 396/2020)– se considera que la actual regulación de los permisos de maternidad y paternidad vulnera los derechos de la infancia por “cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”; pero, también, los derechos de las mujeres al introducir la norma “un elemento importante de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida familiar”.

Es en este aspecto, en el de la defensa de los derechos de las mujeres, donde hace aguas la Proposición de Ley del PP y está la trampa. Entre sus renglones se detectan elementos que no pueden ser pasados de alto cuando hablamos de derechos, hablamos de las discriminaciones que viven las mujeres que crían en solitario a sus hijas e hijos (más del 80% de la totalidad de las familias monoparentales) y hablamos del trato que la derecha ha dado históricamente, en España, a aquellas familias que no responden al modelo ideal y tradicional de familia.

Un primer aspecto se encuentra en la Exposición de Motivos. Resulta que el PP se erige en el máximo hacedor del avance de los derechos de las madres trabajadoras. Para ello hace referencia a los esporádicos logros que han protagonizado conservadores y liberales de finales del siglo XIX y principios del XX y a las escasas normas aprobadas con sus gobiernos ya en democracia (en material de igualdad laboral). Omiten, o más bien esconden que buena parte del problema de discriminación que sufren las familias monoparentales se remonta al franquismo. No nombran que las mujeres sufrieron uno de los mayores retrocesos posibles en sus derechos y libertades y que, entre estas, fueron las madres solteras las que padecieron de manera muy directa y cruel una criminalización que las llevó a ser internadas en centros, a retirarles la patria potestad de sus bebés (cuando no a robárselos), a casarlas a la fuerza, a usarlas de esclavas domésticas y, sobre todo, a darles un trato denigrante que las aisló social y familiarmente. Borran parte de la historia legislativa que explica por qué hay tantas resistencias todavía a reconocer a una mujer criando sola a sus hijas e hijos como una familia plena. 

Sobre el estigma de ser “madre soltera” en los años de Dictadura y hasta 1989 cuando se cerró el Patronato de la Mujer, habla ampliamente el primero de los capítulos del estudio que la Federación de asociaciones de madres solteras (FAMS) tiene sobre “Las familias monoparentales en España”. Un daño que todavía no se ha reparado ni prevé repararse, y que ni siquiera se ha sido subsanado en nuestro Derecho de Familia que sigue ignorando, y por tanto penalizando, a este modelo de familia cuando les niega, inexplicablemente, un reconocimiento legal a nivel estatal. Reconocimiento que sí parece se incluirá en la futura Ley de Familias anunciada por el Gobierno, de la que todavía no se conoce el texto ni se tramitado su anteproyecto. 

De esta forma, no extraña la falta de perspectiva de género de la Proposición de Ley. Esta no solo es que evita usar el lenguaje inclusivo al referirse a una realidad familiar protagonizada principalmente por mujeres, sino que busca poner el foco en el rol de madre que tiene la mujer trabajadora como figura fundamental en la protección de la institución familiar. Una idea que encaja bastante bien con aquel mantra franquista que señalaba a la mujer como el “ángel del hogar”. 

Otro de los elementos que deja al descubierto la incoherencia y oportunismo del PP es que deja claro que conoce que la entrada en vigor de su Proposición de Ley (cuando se apruebe) debe ir acompañada de una partida presupuestaria. Partida que está prevista, precisamente, en los más de 20.000 millones de euros del tercer Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 que tanto han criticando de forma temeraria los máximos dirigentes populares. Si sale adelante (que ojalá) “su” Proposición de Ley, esta se pagará con el presupuesto del Plan de Igualdad que hasta hace una semana proponían eliminar. Plan que ya prevé entre sus medidas “la ampliación de los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento a las familias monomarentales” (medida nº 290) con vistas a la futura Ley de Familias.

Dicho esto, quedémonos con la unanimidad en dar luz verde a la Proposición del Ley que ampliará los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales. Ahora bien, es responsabilidad de todas las fuerzas políticas que ahora se acelere su tramitación, se mejore (y mucho) la redacción e impacto de la norma, se incluya la perspectiva de género y se sigan dando pasos para realizar las modificaciones necesarias hasta que haya un reconocimiento legal de las familias monoparentales. Al margen de quien se ponga las medallas, la realidad es una, con las familias monoparentales se incumple el artículo 14 de nuestra Constitución. Es un tema de justicia y reparación.

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