El error y la furia

La ley más importante de la agenda de Igualdad, la del Sí es Sí, nace con un error en su aplicación retroactiva, la que se aplica a los condenados si una nueva ley resulta más favorable. El goteo de resoluciones con criterios dispares, pero que en muchos casos concluyen con una rebaja de la pena a agresores sexuales, es la prueba. Es posible que la jurisprudencia y en un futuro el Tribunal Supremo respalden el espíritu de la ley que defiende Irene Montero. Pero si hubiera sido técnicamente perfecta no estaríamos ante un problema de interpretación. ¿Existe un error? Todo indica que sí. ¿Es de este error única responsable Irene Montero y su equipo? No, a tenor de todos lo que han intervenido en la redacción de esta ley o la han revisado.

Ni todos los jueces ni todos los juristas están de acuerdo en la aplicación de la ley a sentencias ya dictadas. Los jueces acaban resolviendo de manera contradictoria la revisión de penas, y los juristas discrepan sobre si la ley de garantía integral de la libertad sexual está mal diseñada y le falta una disposición transitoria o es perfecta técnicamente y hay jurisprudencia que avala las tesis de Igualdad. Parece, sin embargo, evidente, que una norma que provoca interpretaciones tan dispares es mejorable. 

La solución está ya en manos del Supremo. La interpretación del alto tribunal supondrá, en algunos casos, revertir las resoluciones dictadas. Fijará un criterio para decidir si una pena impuesta con el antiguo Código Penal que entre dentro de la horquilla prevista en la nueva para ese delito, se debe mantener siempre o puede rebajarse si la ley de libertad sexual prevé penas más bajas para esa conducta. Será el final de elucubraciones y se fijarán criterios. 

Hasta aquí, la historia de un error y sus consecuencias y posibles soluciones. Toca hablar ahora de la furia. 

La furia de los contrarios a cualquier avance en derechos feministas existía antes de las primeras revisiones de condena, pero ha encontrado en estas rebajas el marco perfecto para desplegarse: La posibilidad de que Irene Montero sea responsable de sacar a violadores a la calle sin necesidad de tergiversar y manipular sus palabras o inventarse consecuencias indeseadas es una puerta abierta que muchos estaban deseando cruzar. El error existe por fin y los ataques sistemáticos y virulentos a Irene Montero por ser quien es y dirigir el ministerio que dirige encuentran el paraguas perfecto. 

La mala gestión de la crisis por parte de Igualdad no ha contribuido al debate sosegado. Un ministerio y una ministra permanentemente cuestionados reaccionaron a la defensiva, exageradamente y de inmediato. Antes de ofrecer una explicación que muchos juristas defienden, que la ley es necesaria y está bien diseñada, que el populismo punitivo no protege a las víctimas de agresiones sexuales y que hay que esperar a la unificación de la doctrina, se optó por la estrategia de “conmigo o contra mí” que apela directamente a las vísceras de simpatizantes y detractores. 

El machismo de algunos jueces, la necesidad de una perspectiva de género en la judicatura, el error técnico en la redacción de la ley y la mala gestión de la crisis conviven en la misma realidad. Todo esto ocurre a la vez, no son sucesos excluyentes. Como también es real la rabia derivada de la frustración de todos aquellos que desean recuperar el poder o que los suyos lo recuperen y la que trae consigo la ola reaccionaria que crece ante las conquistas del feminismo.  

La víctima de esta crisis puede ser la ley Trans. Las posiciones enfrentadas dentro del propio feminismo ya dificultaban la aprobación de un norma que ahora cuenta con un peligroso precedente: la ley más importante de la agenda feminista tenía errores técnicos que provocan efectos indeseados en un tema muy importante y sensible. Esperando a la decisión del Supremo sobre la rebaja de penas, el calendario de Igualdad queda comprometido. Y los derechos de las mujeres, una vez más, cuestionados.