El Gobierno exige a los jueces que cumplan sus órdenes
Emparedados entre dos convocatorias electorales, cuando los partidos tienen motivos para ponerse nerviosos, acabamos de descubrir que la separación de poderes y la independencia judicial continúan gozando de excelente salud en la democracia española. Antes de proceder a destilar la habitual lista de elogios a la Cultura de la Transición™, conviene echar un vistazo a la portada del ABC del sábado 14 de mayo y su titular: “El Gobierno critica la «escasa o nula presión judicial sobre Podemos»”.
Un momento. ¿Esa es una función constitucional del poder judicial? ¿Presionar a un partido para que todo el mundo sepa que está compuesto por individuos peligrosos? ¿Colaborar en la estrategia política del PP de cara a las próximas elecciones? La última vez que revisé el Código Penal no encontré nada que dijera que el Supremo o cualquier otro tribunal estén obligados a tales cosas. De hecho, me pareció apreciar que jueces y fiscales tienen el deber de revisar las pruebas que les presenten –como ya hizo el Supremo– y tomar una decisión sin considerar a nadie culpable hasta que se demuestre lo contrario. Claro que, tal y como está escrito el Código Penal, igual se me pasó alguna parte importante.
Según la información del ABC, hay miembros del Gobierno perplejos ante las decisiones del Supremo. Sí, es ese Gobierno que siempre dice que respeta y acata las decisiones judiciales y que deja escapar su indignación cuando algún partido las critica o cuestiona. La frase dice: “Fuentes del Gobierno aseguraron ayer a este periódico que «sorprende mucho la escasa o nula presión judicial» a Podemos, pero también la que ejerce su principal competidor electoral, el PSOE, que suele pasar de puntillas sobre este asunto” (negritas en el original).
Esas fuentes del Gobierno (¿Soraya Sáenz de Santamaría?, ¿Jorge Moragas?, ¿Fernández Díaz?) no quisieron concretar mucho más, lo que no impidió al periódico convertir esa frase en la portada del sábado, y procedieron a atacar a Podemos por no revelar sus auténticas fuentes de financiación. Es decir, “en vez de escudarse en que los archivos judiciales demuestran que no hay delito, debería reconocer sus fuentes financieras iniciales y dar las explicaciones oportunas sobre ellas”.
No hay que perderse esta parte de la frase, “en vez de escudarse en que los archivos judiciales demuestran que no hay delito”. Primero, se acusa a los jueces de no encontrar pruebas aunque no las haya, y luego se reclama a Podemos que, para resolver el problema de la pasividad de los magistrados, proceda a expiar en público las culpas que aún no se han demostrado que existen.
En la parte cómica, hay que anotar que esas mismas fuentes que dicen al Tribunal Supremo que se ponga las pilas y empiece a imputar a los rivales del PP critican luego a Podemos por “poner en duda el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, la Justicia, la independencia de los medios de comunicación y el funcionamiento del sistema en general” (aquí las comillas son mías). Algo le pasa al sistema cuando se supone que el poder judicial debe actuar de inmediato tras recibir las instrucciones del poder ejecutivo. Supera eso, Montesquieu.
Mientras aparentemente los jueces se están abanicando con las togas, el ministro de Interior se está matando e intenta fabricar pruebas con las que sustentar la conexión entre Podemos y Venezuela. Este medio publicó el lunes que uno de los comisarios de confianza de Fernández Díaz viajó en abril a Nueva York para reunirse con un exministro chavista, que ahora pasa información a la DEA, y conseguir pruebas incriminatorias contra el partido de Pablo Iglesias (que resultan ser el origen de las últimas informaciones de ABC): “José Manuel García Catalán ha viajado a Nueva York sin que tenga conocimiento de ello ningún juez. Además, la participación de un jefe de la UDEF en una toma de declaración, más aún en el extranjero, es absolutamente inusual en el Cuerpo Nacional de Policía, según reconocen investigadores y mandos consultados”.
Aunque poco habitual, sería legal que el PP contratara a un detective privado para investigar a Podemos. Sí podemos aspirar a que luego no le pague en B. Lo que ya resulta un escándalo es que, sin encomendarse a ningún juez o fiscal, el ministro utilice recursos públicos y emplee a comisarios como investigadores privados con ese objetivo. Y como sabe que esas revelaciones no pasan la prueba del algodón de ningún tribunal (segunda opción: un fiscal ya les ha dicho que esos papeles sólo valen para una buena novela negra), los traslada a un periódico para que monte una portada. Y al día siguiente, se lanza el ataque contra el poder judicial. Esos procesamientos no se van a conseguir solos, señor juez. Las elecciones se acercan.
Lo malo de la defensa que hace el PP de las instituciones es que estas siempre terminando quedando después llenas de barro.
