“Putodefender” España
Las sedes del PSOE se han convertido en diana de protestas de aquellos que se sienten impelidos a defender España a gritos o aquellos que se cuelan a dar golpes en toda concentración airada que se precie. Acuden a cuidar esa España democrática (aunque imperfecta, claro) que votó hace poco más de tres meses y eligió un Congreso, que tiene un Tribunal Constitucional y garantías y obligaciones que cumplir ante organismos nacionales e internacionales. Ese país necesita, al parecer, ser defendido por unos españoles que son más patriotas en conjunto que la suma de cada uno de quienes han votado en julio, y que se plantan ante las sedes a “putodefender” España, como decía un joven que se ha hecho viral en redes, y a llamar ilegitimidad a lo que es legítimo: pactar y hacer leyes, que podrán ser discutibles, incluso tumbadas por los tribunales. Incluso protestadas en las calles como este domingo en la convocatoria del PP, aunque incluso sea antes de ser conocidas. Otra cosa es que el hecho de que algo no te guste signifique que sea ilegal o una amenaza para la humanidad, la convivencia y el país y que haya que acudir a pedir al ejército o la policía que esté de tu parte de la historia.
Cuando se aprobaron los indultos a algunos líderes del procés, una medida de gracia mucho más limitada que una amnistía pero también mucho más discrecional, las protestas no llegaron a salir de las tribunas de los medios y los partidos ni se desbordaron en protestas sin convocantes claros. Puede tener que ver que en aquel entonces no estaba en juego un gobierno y que Vox tenía algo que perder entre su electorado si se tiraba a los montes. Según los sondeos –caso que acertaran más que los del pasado verano lo cual no sería difícil– si hubiera repetición electoral, al PSOE le pasaría factura la negociación con Junts y se podría abrir una oportunidad para Feijóo. Si al final no hay pacto, puede haber vuelco, y es un sueño para gran parte de la población y ciertos poderes económicos, políticos y mediáticos.
Si las protestas y la violencia han salido a la calle con convocatorias 'espontáneas' y consignas ultras, si hay convencidos de que es ilegal hacer una ley que pasará por un Congreso y un Tribunal Constitucional, es porque algunos líderes políticos, de manera proactiva como Abascal y Aznar, o discursiva como Feijóo, están apelando al miedo en lugar de a la crítica argumentada: España se rompe, es una traición, los españoles tienen derecho a defenderse (es decir, rebelarse en la calle o ante los cuarteles si algo no les gusta). Todo eso sin conocer una línea de la ley y con una lucha entre las derechas por ver quién capitaliza el movimiento. Cuando todo es grito (“Vamos a Ferraz” como dijo Abascal, que ha decidido soplar y sorber al mismo tiempo) a quien habla difícilmente se le oye. La cúpula judicial, siempre del lado de quienes más lo necesitan, también echa una mano en deslegitimar lo aún desconocido. Y si lo dicen hasta los jueces, pues será verdad. Si la ley va adelante si hay gobierno, la única manera de que no haya ley es que no haya gobierno.
El tira y afloja final entre Junts y el PSOE para un pacto y una ley que iba encarrilada no ha hecho sino enfriar las energías y calentar más a quienes denuestan la amnistía, sea con argumentos y moderación o con bengalas en las calles. Se impone la idea, cierta o no, de más imposiciones de Puigdemont, que está ahora en posición de superioridad negociadora porque, como Pere Aragonés o Pedro Sánchez, pierde si no sale el acuerdo, pero es el único de los tres que, si lo rompiera en el último momento, algo también gana. El tiempo corre en contra y más desencuentros hastían y generan desconfianza en un proceso que, después de tres meses, hace funambulismo en el fino alambre entre lo discreto y lo opaco. Mientras, la violencia toma las calles ante la impasible mirada de quienes nunca debieron alentarla.
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