Rectificar solo un poco

Si rectificar es de sabios, hacerlo a medias y para salvar los titulares del día parece más un ejercicio de filibusterismo que un movimiento sincero con el que enmendar errores. Uno corrige pero no del todo creyendo que a quien va dirigido el gesto no caerá en la treta y celebrará la enmienda. Nada más lejos de la reacción de los ayuntamientos. Siguen que trinan. No hay paz entre el municipalismo y el Gobierno de Sánchez. Y no será porque no haya habido avisos a navegantes. Varios. Uno tras otro entre junio y septiembre hasta que la bomba de neutrones, como se había advertido, cayó sobre el Congreso y dejó en aplastante minoría a un Gobierno que en ocasiones actúa como si tuviera una mayoría absolutísima.

Esto no va de colores, ni de partidos, sino de los ahorros de los alcaldes. Y ya se sabe que el dinero es sagrado y poco entiende de ideologías. Si acaso, un voto a regañadientes por disciplina de partido a costa de una herida que supurará durante un tiempo. 

La batalla por los remanentes de los ayuntamientos continúa más allá de las pantallas de las televisiones, aunque María Jesús Montero haya tenido que corregirse a sí misma, hacer lo que dijo que nunca haría y aumentar la capacidad de inversión de los ayuntamientos. 

Tras la clamorosa y anunciada derrota del Ejecutivo en el Congreso la semana pasada, Hacienda arrancó el lunes con el anuncio de que impulsará un nuevo decreto con el que suspenderá la regla de gasto en 2020 y con el que se inyectarán 3.000 millones de euros en las entidades locales. ¿Rectificación o treta? Lo uno y lo otro. Porque la ministra dijo hace cuatro días que no presentaría otro decreto después de que le tumbaran el primero en el Parlamento, pero acaba de anunciar un nuevo texto y porque los alcaldes creen que les han vuelto a tomar el pelo, aunque el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, asegure que son “mayoritariamente receptivos” a la nueva propuesta.

Uno rasca y encuentra voces que claman contra Montero. No en vano con el nuevo decreto, que aún tiene que ser negociado, aprobado y convalidado, se permite concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles —un mecanismo por el que ya se permitía a los ayuntamientos utilizar el superávit en inversiones consideradas sostenibles y en determinados servicios públicos esenciales— iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, “siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario”. Pero nada se dice sobre los remanentes de tesorería, aduciendo que esta ha sido una cuestión en la que no hay consenso entre los diferentes grupos políticos en el Congreso. Quedan así inmovilizados 15.000 millones de ahorros que acumulan las corporaciones locales, que no pueden gastar y por los que pagan suculentos intereses a los bancos cada año.

Montero sigue cerrada en banda a que los alcaldes puedan usar sus remanentes y además ha suprimido del decreto el fondo para transportes de más de 200 millones ampliable a 400 previsto y ha vendido a bombo y platillo la supresión de una regla de gasto que ya dejó en el aire Bruselas para este ejercicio. 

Que la ministra lo anunciase en entrevista en una cadena de televisión minutos antes de hacerlo a sus compañeros de partido durante la Ejecutiva Federal del PSOE no ha hecho más que aumentar el malestar de los propios alcaldes socialistas. E ídem entre los de signo contrario. No hay uno que haya recibido con alharacas la rectificación a medias de la ministra. Más bien lo contrario. “Nos castiga sin postre. Deja fuera los 5000 millones, el fondo de transporte y los remanentes”, se queja un miembro de la Junta Directiva de la FEMP. 

Ya dijo el socialista Óscar Puente antes del verano sentirse “como un niño pequeño tutelado por su papá, un niño que hace sus deberes y saca buenas notas, mientras que el hermano mayor -las autonomías- , suspende constantemente”. Pues eso. Que los ayuntamientos no reciben nunca el mismo trato que las Comunidades, a pesar de que ellos sí hicieron los deberes a tiempo y gestionaron como les ordenaban las leyes. Yerra la ministra y yerra Sánchez, que lo consiente. Será porque los errores tienen cuatro fases -cometerlos, aceptarlos, corregirlos y no volver a incurrir en ellos- y el Gobierno en este asunto aún no ha pasado de la segunda y sólo a medias.