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¡Sálvese quien pueda!

Los alcaldes de todas las fuerzas, excepto los del PP, denuncian en Madrid la reforma local.

Detrás de tanta palabrería gubernamental, de tanta apelación a la herencia recibida y de esa neolengua que llama ajustes a los recortes; recuperación, al estancamiento económico; y subida moderada de los salarios, a lo que es una caída en picado, no hay más que un objetivo político: salir de la crisis. Sí, salir de la crisis, pero habiendo aprovechado la ocasión para establecer un nuevo modelo de sociedad basado en el sálvese quien pueda. Tijeretazo a tijeretazo, se va ejecutando un retroceso en las políticas y los derechos sociales conseguidos tras un esfuerzo colectivo de décadas y cuya recuperación, si se consigue, costará también unos cuantos lustros.

El PNV salva al PP de quedarse solo con su reforma de la Administración Local

El PNV salva al PP de quedarse solo con su reforma de la Administración Local

Se eliminan las ayudas a la dependencia, se recortan prestaciones sanitarias, se reducen presupuestos en la educación pública, se disminuyen los subsidios de desempleo, se rebajan las pensiones... Se perjudica a los más pobres, a los más débiles y a los más necesitados. Y si alguien pensaba que esa cantinela de la recuperación –que repiten ahora como un mantra el presidente Rajoy y sus ministros– representaría el fin de esa afición por la amputación social, ese alguien se habrá caído del guindo al escuchar el anuncio del recorte de varios miles de millones para los años venideros. Y no solo por todo lo anterior, también por el contenido de algunas de las leyes –que aprueban y aprobarán los diputados del PP con su apabullante mayoría absoluta– y que incluyen más podas en las prestaciones a los ciudadanos más desvalidos.

Lo hacen ahora con la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha provocado hasta las quejas de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Porque el proyecto de ley, que ha iniciado esta semana su tramitación parlamentaria, pretende eliminar lo que el Gobierno ha dado en llamar “competencias impropias” de los ayuntamientos y que son, ni más ni menos, los servicios de atención domiciliaria y de teleasistencia a los mayores, a los discapacitados; las ayudas a familias con escasos recursos económicos, a menores en riesgo de exclusión social, a los inmigrantes... En el caso de Madrid, capital, de no modificarse la ley, afectará además al SAMUR, uno de los servicios de urgencias sanitarias y protección civil más prestigioso y eficaz.

Así que, bajo la rimbombante –y falsa– denominación de “racionalización y sostenibilidad”, lo que se esconde es otra vuelta de tuerca a las políticas sociales, las prestadas en este caso por los ayuntamientos, las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que más conocen sus necesidades. Claro que, dice el Gobierno en su proyecto de ley que serán las comunidades autónomas las que se harán cargo de esos servicios... Por poner un ejemplo: la comunidad de Madrid ya ha considerado “inviable” ese intercambio competencial, salvo que el ministro Cristóbal Montoro –responsable de esta ley y de algunas de las frases más jugosas en la neolengua– le aporte dinero extra. Fuentes del PP de Madrid auguran que esta ley “será la gran batalla de Montoro con todas las autonomías, independientemente del partido que las gobierne”. Ni financiación autonómica, ni objetivo de déficit, la batalla se plantea por la asunción de los servicios sociales, que se quiere arrebatar a los ayuntamientos y que nadie desea asumir, pese a que los servicios sociales son imprescindibles para cientos de miles de personas.

La batalla se planteará con las comunidades, como dicen los del PP madrileño, pero muchos ayuntamientos ya están en pie de guerra. No sólo porque con esta ley el Gobierno les quita competencias e irrumpe como elefante en cacharrería en la autonomía local. Sino porque, además, el endeudamiento de las entidades locales está globalmente en torno al 4% del PIB y su déficit público conjunto se sitúa en el 0,3% en 2012 y estará en el 0% en 2015. No parece, por tanto, que la reforma esté justificada en un problema de sostenibilidad municipal, pero traerá consecuencias de insostenibilidad social. Ese sálvese quien pueda que, si nadie lo remedia, acabará con conceptos como la redistribución de la riqueza o la justicia social.

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