¡Socorro! ¡Los maquinistas han perdido los frenos!

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy es muy aficionado a las metáforas ferroviarias. Ya con ocasión de la consulta popular catalana del pasado 9 de Noviembre manifestó, con mucho énfasis, que con la convocatoria se iba hacia un choque de trenes. Algunos pensamos que podía haber llegado el tiempo de cambiar de vías e incluso de maquinistas. En estos momentos ha vuelto a utilizar el símil ferroviario pero creo que ya no hay plazos para corregir el rumbo.

En un sistema democrático, la excesiva concentración de poder en manos de un solo partido corre el  riego de pervertir la médula y los valores de la convivencia, el consenso y el respeto por el diferente.  El Partido Popular, por decisión abrumadoramente mayoritariamente de los ciudadanos, domina y maneja todos los resortes del poder. En el uso formalmente legítimo de ese dominio, dirige  el Consejo de Ministros, legislando a golpe de decretos que sustrae al debate que un posible control parlamentario. Impone las leyes sin admitir, casi en su totalidad, las enmiendas y objeciones de los partidos de la oposición. Además maneja los hilos de un sistema pervertido, del que no es el único responsable, para controlar el Consejo del Poder Judicial y lo que es más grave, el Tribunal Constitucional.

La cuestión catalana viene de lejos y ha pasado por confrontaciones traumáticos, en plena República y durante la guerra civil y la dictadura.  El Gobierno utiliza la letra del texto constitucional como un yunque en el que machacar iniciativas legislativas que sólo pretendían abrir un espacio para que los ciudadanos catalanes, pudieran decidir libremente, con arreglo a la más estricta legalidad constitucional, su posición sobre una posible independencia de Cataluña tal como se viene reclamando, prácticamente desde 1.715.

Afrontar una cuestión política endémica en nuestra historia  común, con el único argumento de la literalidad de un texto constitucional que siempre repudiaron, constituye un ejercicio de irresponsabilidad política que tratan de  endosar a los ciudadanos catalanes, como si ellos fueran los únicos responsables de una situación que hará crisis el próximo día 27 septiembre.

La soberanía  nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, como nos recuerda el artículo 1 del texto constitucional. Conviene recordar que las normas constitucionales no son rígidas e inmutables como los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional que, al  parecer, han calado en un sector de la población que, permanece anclada en la programática proclamación de la España, Una, Grande y Libre.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy,  tenía como referente un país tan consolidado democráticamente cómo el Reino Unido cuyo dirigente conservador nunca tuvo en su mente la posibilidad de suspender la especial estructura política de Escocia, ni derivar una cuestión política hacia un Tribunal Constitucional que, en mi opinión, ha ignorado la naturaleza jurídica de la representación política y el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Siempre pensé que la reacción de los catalanes obedecería a parámetros racionales, a pesar de los continuos reveses a su voluntad democrática manifestada en la aprobación del nuevo Estatuto, después mutilado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que posteriormente rechaza una Ley de Consultas, privando a los ciudadanos de una región o nacionalidad, tal como dice textualmente la Constitución española, del derecho a manifestar su voluntad sobre el tema ineludible de su independencia.

La evolución de los acontecimientos me lleva a pensar que la pérdida de los frenos, que siempre debe manejar atentamente un maquinista, no es exclusiva del presidente del Gobierno español.  La confrontación sólo puede ocasionar desastres políticos y bloquear las salidas democráticas que son las señas de identidad de una sociedad  moderna y avanzada.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas y el partido que dirige, han unido su postura,  nunca ocultada, de su deseo de independencia, a las fuerzas políticas más diversas e incluso ideológicamente antagónicas de la sociedad catalana, con el objetivo de convertir unas elecciones al Parlamento de Cataluña, siempre matizadas por el sistema electoral, en una expresión inequívoca de la voluntad irreversible de optar por la independencia.

Ya tenemos en la locomotora a un segundo maquinista que de manera consciente dirige la máquina al encuentro de la que maneja el presidente del Gobierno de la nación. En este momento pienso que ambos han perdido los frenos y nos llevan a todos a una colisión de consecuencias desastrosas para nuestro futuro político y para las posibilidades, abiertas desde tiempos históricos para conseguir un estado federal que ya propugnaban los redactores del borrador de Constitución de la I República en el año mil ochocientos setenta y tres.

Desafortunadamente los valores republicanos, herederos directos de la ilustración y del liberalismo, nunca han calado en nuestro devenir histórico. No es el momento de analizar con detalle las razones de este fracaso, pero sí es tiempo de avisar a los maquinistas para que, llegado el próximo día 27 septiembre, consigan frenar las máquinas, aunque sea en los últimos metros, para evitar una colisión de consecuencias imprevisibles.

Las soluciones que avanza el Gobierno, pasan por la utilización de la legalidad como una masa amorfa que se mide por su peso. Los ciudadanos deben saber cuales son las alternativas que puede utilizar. El artículo 8 de la Constitución encomienda a la Fuerzas Armadas la misión de defender la integridad territorial, se supone que frente a una agresión exterior, y el ordenamiento constitucional. No creo que se les haya pasado por la cabeza este dislate. En un plano más político el artículo 155 contempla la posibilidad de suspender la autonomía, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, convirtiendo al Delegado de Gobierno en una especie de virrey, en pleno siglo XXI e integrados en la Unión Europea. ¿Alguna otra ocurrencia como le gusta decir a Rajoy?

Elecciones parlamentarias y a la vez plebiscitarias son conceptos antagónicos. El sentido del voto obedece a razones completamente diferentes. Algunas fuerzas políticas catalanas siempre han esgrimido el ejemplo de Quebec. Pues bien, la Corte Suprema de Canadá declaró que Quebec no tiene el derecho a separarse  unilateralmente invocando la legislación canadiense o la internacional. Sin embargo reconoce que el Gobierno de Canadá tendría que abrir negociaciones ante la voluntad clara de separarse. Con lógica anglosajona y democrática, promulgan la Ley de Claridad que exige una mayoría reforzada para la secesión. Creo que es la única salida posible.

Hace un año tuve la oportunidad, en Edimburgo, de seguir el debate entre el Primer Ministro de Escocia Alex Salmond y ex Ministro de Hacienda laborista Alistair Darling. Por desgracia esos niveles de civilización política no están al alcance de nuestra raquítica democracia.

Ustedes disculpen por irrumpir en su letargo vacacional, pero es que septiembre está a la vuelta de la esquina.