Cuba entre el colapso y la negociación

La administración Trump ha situado a Cuba en su objetivo estratégico para forzar concesiones políticas drásticas, siguiendo el precedente de Venezuela, bajo la amenaza de un bloqueo petrolero total. Washington ha instado a La Habana a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, endureciendo su postura mediante una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional”. Esta medida penaliza con aranceles a países y empresas que suministren crudo a la isla, lo que ha paralizado rutas vitales desde México y eliminado el histórico apoyo venezolano tras el derrocamiento de Maduro en enero de 2026.

La activación del Título III de la Ley Helms-Burton y la amenaza de retirar visados a directivos extranjeros han congelado la inversión internacional. Simultáneamente, el flujo de dólares y remesas se ha criminalizado, encareciendo los canales informales y asfixiando la economía doméstica.

Esta presión ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. La isla sufre apagones de hasta 26 horas diarias, escasez crítica de alimentos y colapso de servicios básicos. La tensión ha derivado en protestas significativas como en Santiago de Cuba con quema de basura y consignas contra el sistema, o en La Habana con sentadas estudiantiles el 9 de marzo por la falta de conectividad, pero el incidente más grave ha sido en Morón (Ciego de Ávila), donde miles de personas protestaron por hambre y falta de luz, e intentaron incendiar la sede municipal del PCC, incidentes que dejaron heridos y detenciones.

Aunque Miguel Díaz-Canel califica los disturbios de “vandalismo” y culpa al “bloqueo”, ha reconocido la legitimidad del malestar cívico. En un giro histórico, el gobierno —con la participación de Raúl Castro— ha aceptado dialogar con EE. UU. Como gesto táctico, el 12 de marzo se liberaron 51 presos políticos y se confirmaron contactos con mediación mexicana para aliviar el cerco energético.

Washington plantea una “toma de control amistosa”, condicionando el alivio de sanciones a la apertura política: legalización de partidos, libertad de prensa, elecciones supervisadas y acuerdos sobre propiedades confiscadas en 1959. Cuba responde con gestos ambivalentes: cede en puntos periféricos pero se resiste a entregar el control real, especialmente el del estamento militar agrupado en GAESA, que ve amenazada su inmunidad económica.

Internamente, la sociedad está fragmentada. Para la ciudadanía agotada, el diálogo es una urgencia vital; para la oposición, un riesgo de que las élites militares se reciclen sin cambios democráticos reales. En el seno del PCC, los sectores inmovilistas chocan con reformistas que ven en la negociación la única vía para evitar el colapso total bajo la “Opción Cero”.

En el actual contexto internacional y geopolítico, Cuba se encuentra más aislada que nunca ya que de los paises que le prestaban ayuda, Rusia está limitada por sus propios conflictos e Irán, en situación de guerra, no puede ofrecer apoyo tangible. En este vacío, China emerge como socio clave, aportando inversiones en energía solar e infraestructura informática para el control interno, buscando evitar un colapso humanitario pero sin compromisos militares.

Por su parte, la Unión Europea rechaza las sanciones mediante su “Estatuto de Bloqueo”, pero su apoyo no pasará de la ayuda humanitaria y declaraciones diplomáticas, ya que las empresas privadas prefieren retirarse antes que arriesgar su acceso al mercado estadounidense. En América Latina, líderes como Lula o Sheinbaum mantienen un equilibrio precario: defienden la soberanía cubana con ayuda médica y alimentaria, pero evitan confrontar directamente a un Trump que utiliza el acceso comercial como arma política.

Cuba ha dejado de ser un referente ideológico para convertirse en un caso de emergencia humanitaria, obligada a negociar su supervivencia en su momento de mayor debilidad histórica.