Huelga docente: La precariedad como modelo educativo

Las movilizaciones y huelga docente convocada en la Comunitat Valenciana el próximo martes (y las que vendrán si, como parece, no se atiende a las demandas) no son un episodio aislado sino que se producen en un ciclo de protestas que ha recorrido el territorio español en los últimos años. Desde Asturias hasta Cataluña, pasando por Aragón o Extremadura, miles de docentes, familias y estudiantes han salido a la calle para exigir algo tan básico como condiciones dignas para sostener la enseñanza pública.

Es necesario recordar lo evidente: con todos sus problemas y enemigos declarados, la educación pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es el espacio donde se construyen (o deberían) no solo conocimientos, sino también valores compartidos y oportunidades de igualdad real. A pesar de sus carencias, es la mejor herramienta que tenemos para integrar y sostener a una sociedad cada vez más compleja. Precisamente por eso es atacada y precisamente por eso resulta preocupante que se normalice su deterioro.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más visible. El progresivo aumento de ratios por aula, la falta de recursos materiales y humanos, infraestructuras que en muchos casos no cumplen condiciones básicas, prácticas segregadoras…son decisiones y no accidentes naturales que condenan al sistema público a desarrollarse en un estado de precariedad continuo.

Por poner un ejemplo claro, los centros educativos son de los pocos edificios públicos que no cuentan con una adaptación adecuada al clima: aulas heladas en invierno y calor insoportable en verano forman parte de la rutina diaria de miles de alumnos y docentes. Lo que sería inaceptable en cualquier otro ámbito parece haberse asumido en educación con el agravante de tratarse de menores de edad.

A esto se une una contradicción estructural: es un enorme logro que el sistema haya incorporado en los últimos años a alumnado que históricamente quedaba fuera, contribuyendo a un modelo más inclusivo y a una sociedad más democrática, pero este incremento no ha ido acompañado de una inversión proporcional de recursos. Al contrario, se ha favorecido a la educación concertada —a través de políticas de financiación, planificación de plazas o cesión de suelo— y se han permitido prácticas segregadoras dentro del propio sistema público que, lejos de corregir desigualdades, las reproduce. Por un lado, se filtra alumnado de forma más o menos evidente; por otro, se concentra en determinados centros públicos a la población más vulnerable sin dotarlos de los recursos necesarios. Empobrecer la pública mientras se potencia la concertada es una estrategia política que le da vuelta a los objetivos de la educación y crea una sociedad más injusta con el dinero de todos.

La presión de garantizar la calidad y la inclusión educativa recae entonces sobre los y las docentes, obligados a sostener con esfuerzo personal lo que debería garantizarse desde la planificación pública. La atención individualizada a las necesidades del alumnado, un objetivo irrenunciable, acaba dependiendo en demasiadas ocasiones del voluntarismo y del desgaste de las plantillas cuando es un derecho de los estudiantes.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, estos problemas adquieren una intensidad mayor. La falta de recursos, los recortes en plantillas, la no cobertura sistemática de bajas y unas condiciones salariales por debajo del resto de comunidades autónomas nos sitúan como una de las comunidades más precarias. A esto se añade un clima de desconfianza creciente hacia el profesorado, alimentado por discursos que cuestionan nuestra labor bajo acusaciones genéricas de adoctrinamiento. Esta sospecha no solo es estúpida, sino peligrosa al erosionar la legitimidad de la profesión y su función en un momento de especial necesidad, priorizando un uso partidista como se aprecia en la apelación a una supuesta “libertad educativa” convertida en herramienta de división.

Trabajar en estas condiciones tiene un coste evidente. No se trata únicamente de una cuestión laboral, sino de la limitación para ejercer adecuadamente nuestro trabajo. Cuando faltan recursos, cuando las aulas están masificadas y cuando el tiempo no alcanza, lo que se resiente es la calidad educativa. Y cuando esta se deteriora, las consecuencias no son individuales, sino colectivas: aumentan las desigualdades y se debilita la cohesión social.

Por eso, la huelga es una necesaria llamada de atención ante un modelo que, si no se corrige, corre el riesgo de empeorar y cronificar sus problemas. Si de verdad la educación pública se considera un pilar fundamental de la sociedad, debe tratarse como tal, de lo contrario, el discurso sobre su importancia queda reducido al vacío, mientras en las aulas se sigue educando en condiciones de precariedad.