Cuando la separación no protege: comentando un articulo de The Lancet

Existe una idea profundamente arraigada en el imaginario social: que una mujer que logra separarse de una pareja violenta “ya está a salvo”. Sin embargo, la realidad desmiente este relato tranquilizador. Para miles de mujeres, la ruptura no supone el final de la violencia, sino su transformación y, en muchos casos, su intensificación. La violencia post-separación no es una anomalía: es un patrón estructural que seguimos negando.

La evidencia científica es clara. El reciente artículo de The Lancet* califica el abuso tras la separación como una crisis de salud pública ignorada y una injusticia prevenible. No se trata de episodios aislados ni de conflictos privados mal gestionados, sino de una continuación del control y la dominación que ya existían durante la relación. La diferencia es que, una vez rota la convivencia, la violencia adopta formas menos visibles, pero igual o más dañinas.

Tras la separación, el agresor pierde el control directo sobre la vida cotidiana de la mujer. Esa pérdida es, precisamente, el detonante del riesgo. La violencia psicológica y emocional se intensifica: mensajes constantes, amenazas veladas, vigilancia, acoso. El objetivo es claro: reinstalar el miedo y demostrar que la ruptura no implica libertad. A esto se suma la violencia económica, una de las herramientas más eficaces para mantener la dependencia. El impago deliberado de pensiones, la ocultación de ingresos o el bloqueo de bienes no son simples incumplimientos civiles, sino estrategias de castigo y sometimiento que empobrecen a la mujer y afectan directamente a sus hijos e hijas.

Cuando hay menores, la violencia se vuelve aún más perversa. Los hijos pasan a ser utilizados como instrumentos de control: amenazas de retirada de custodia, manipulación durante las visitas, denuncias cruzadas, desgaste judicial. No es casual que numerosos estudios concluyan que un hombre que maltrata a la madre no ejerce una paternidad protectora. La violencia post-separación no solo daña a las mujeres: expone a los niños y niñas a situaciones de alto riesgo físico y emocional.

Los datos lo confirman. Una proporción significativa de los feminicidios ocurre tras la ruptura o durante el proceso de separación. No es un accidente estadístico, sino un patrón reiterado. La violencia extrema aparece cuando el agresor percibe que pierde definitivamente su dominio. La separación, lejos de ser un punto final, se convierte así en el momento más peligroso.

Frente a esta realidad, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. El sistema judicial tiende a minimizar estas violencias, confundiéndolas con “conflictos de pareja”. La violencia económica, el acoso o el uso instrumental de los hijos rara vez se valoran como parte de un mismo patrón de control. A ello se suman prejuicios persistentes: la desconfianza hacia el testimonio de las mujeres, la culpabilización de las madres en los tribunales de familia o el uso del llamado síndrome de alienación parental para desacreditar denuncias de violencia.

Negar la perspectiva de género no garantiza neutralidad. Al contrario, perpetúa la desigualdad que históricamente ha colocado a las mujeres en situación de vulnerabilidad. La perspectiva de género no favorece a las mujeres frente a los hombres: corrige una balanza que durante décadas ha ignorado las relaciones de poder, la dependencia económica y la violencia estructural.

El dilema es incómodo pero claro: o se protege a las víctimas o se sigue protegiendo el derecho del agresor a mantener contacto, control y poder. No hay equidistancia posible cuando hablamos de violencia. Invisibilizar la violencia post-separación no solo perpetúa el sufrimiento de quienes la padecen, sino que disuade a otras mujeres de dar el paso de romper, por miedo a una doble victimización: la del agresor y la del sistema.

La separación debería ser un punto de inflexión hacia la seguridad y la autonomía. Para que lo sea, es imprescindible reconocer que la violencia no termina con la ruptura, dotar de recursos específicos este periodo de alto riesgo y asumir, de una vez, que creer y proteger a las mujeres no es un privilegio: es una obligación democrática.

*“Post-separation abuse: an ignored public health crisis and preventable injustice” (Jennifer J. Prah y Lawrence O. Gostin, diciembre 13, 2025)