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La Fiscalía pide ocho meses de cárcel para varios ecologistas por una acción no violenta

En diciembre de 2011, los activistas desplegaron varias pancartas en la fachada de la sede de CaixaBank en Barcelona

No se produjeron altercados ni enfrentamientos

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La acción por la que ahora piden ocho meses de cárcel para los activistas. FOTO: Ecologistas en Acción

La acción por la que ahora piden ocho meses de cárcel para los activistas. FOTO: Ecologistas en Acción

"Era una acción no violenta, como muchas otras que hemos hecho". Luis González, activista de Ecologistas en Acción, recuerda la mañana en la que, en diciembre de 2011, desplegó varias pancartas en la fachada de la sede de CaixaBank en Barcelona junto a otras siete personas para denunciar la implicación de la entidad en la crisis "económica y ambiental". En la acera, cerca de 300 simpatizantes de la organización apoyaban la acción. No se produjo incidente ni enfrentamiento ninguno. No obstante, CaixaBank les denunció y la Fiscalía pide ahora para ellos una pena de ocho meses de cárcel para cada imputado y ocho meses de multa a diez euros diarios.

'La Caixa arrasa el planeta', 'Justicia social y ambiental' y 'Allibera't de la banca', se podía leer en las pancartas. La defensa de los activistas considera que la pena que se solicita es desproporcionada y que el tipo penal por el que se les acusa -"allanamiento de establecimiento abierto al público", tipificado en el artículo 203.1 del Código Penal- no corresponde con lo sucedido.

"En ningún momento se entró en el edificio, tan solo se colgaron las pancartas en el exterior. Es evidente que ese no es el tipo penal, ni hubo ataque a la intimidad ni esa era la intención, pero parece que buscan dar un toque de atención para futuras posibles acciones de este u otros grupos", asegura una de las abogadas, Anaïs Franquesa, que ve en la Fiscalía una intención "ejemplarizante" ahora que las entidades bancarias están en el punto de mira de las acciones de desobediecencia civil.

"Todos los años hacemos una acción directa no violenta. Esa vez fuimos ocho los que pusimos la pancarta, pero mucha gente se implicó de diversas formas. Una vez que subimos, en seguida vinieron los agentes de seguridad privada, a los que les explicamos lo que estábamos haciendo. Ellos llamaron a los Mossos, que vinieron y nos identificaron. En ningún momento hubo ningún enfrentamiento", explica Luis Gónzalez. Anaïs Franquesa insiste también en que no hubo tensión de ningún tipo (no hubo ninguna denuncia al respecto), y que las personas se identificaron sin oponer resistencia. "Todo fue tranquilo. En sus declaraciones, las personas imputadas explicaron la intención de la acción, el objetivo político para visibilizar el papel que la entidad ha tenido en la crisis", afirma.

En un primer momento, el juez archivó el caso, pero CaixaBank recurrió y el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona abrió un procedimiento abreviado. Después de un nuevo recurso, esta vez de la defensa de los activistas, la Audiencia Provincial de Barcelona tiene que pronunciarse ahora sobre si archiva el caso o, por el contrario, continúa con el procedimiento. La Audiencia puede tardar meses en pronunciarse. CaixaBank no ha presentado aún su escrito de acusación, pero tampoco ha retirado la denuncia.

Más de 200 organizaciones -desde ATTAC y asambleas del 15M, hasta UGT y CCOO, Izquierda Unida o grupos ecologistas como Greenpeace o Amigos de la Tierra- han firmado un manifiesto en el que piden el archivo de la causa. Los firmantes no solo consideran legítima esta acción de desobediencia civil no violenta, sino que se suman a las reivindicaciones que la motivaron, como "la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario", "su apuesta por la especulación urbanística", o que CaixaBank "controla parte de las acciones de empresas españolas transnacionales de enorme relevancia en los sectores energético, del agua y de las infraestructuras" con políticas ambientales y sociales "muy agresivas".

"Es un despropósito, mientras una empresa como esta tiene implicaciones en la burbuja inmobiliaria, en la crisis ambiental o en los desahucios, piden para nosotros pena de cárcel", dice Luis. No obstante, si finalmente hubiera una condena ninguno de los activistas entraría en prisión puesto que no tienen antecedentes penales. En cuanto a la multa, ascendería a unos 2.400 euros por persona.

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