Bruselas pregunta a España por el uso de Pegasus

La Comisión Europea se ha dirigido a Hungría, Polonia, Grecia y España para preguntar por el uso de Pegasus. Los cuatro son los países en los que se han denunciado –y en algunos, acreditado– casos de espionaje a rivales políticos, periodistas, activistas y abogados. En España, saltó a la luz un caso masivo de hasta 65 personas espiadas con Pegasus, según una investigación de Citizen Lab. Pocos días después, el Gobierno reveló que el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también habían sido espiados hace un año.

“Voy a preguntar por el seguimiento del expediente sobre Pegasus”, ha afirmado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders: “Se está produciendo un seguimiento en el Parlamento Europeo sobre el caso a través de una comisión, y hemos tenido la oportunidad de escribir a las autoridades de varios Estados miembros, entre ellos España, para saber exactamente qué pasó con el caso”.

En efecto, de acuerdo con una pregunta de la comisión parlamentaria de Pegasus al Ejecutivo comunitario, Bruselas escribió a las autoridades españolas el 24 de mayo, pero aún no ha tenido respuesta.

Así, Reynders explica: “Hemos escrito a las autoridades españolas, y ahora nos gustaría tener un relato detallado de lo que se ha hecho y el estado de los procedimientos dentro de la lógica del Estado de Derecho cuando se utilizan las herramientas de seguridad nacional. Lo que queremos comprobar es que estas herramientas se utilicen de forma proporcionada, necesaria y legal. A menudo, el respeto a la legalidad requiere la autorización de un juez, así ocurre en muchas legislaciones, y vamos a preguntar por ello. Sé que hay investigaciones en curso, que hay una serie de gestiones que se han hecho en España, y voy a pedir que alguien me explique ahora cuál es la situación exacta en base a la carta que mi director general ya envió hace algún tiempo a las autoridades españolas”.

“Tras las informaciones de prensa y las cartas recibidas de los eurodiputados (en el caso de Polonia también del presidente de la Oficina Superior de Auditoría de Polonia, NIK), los servicios de la Comisión Europea enviaron cartas a Hungría, Polonia, España y Grecia. Las cartas a Hungría y Polonia se enviaron el 14 de febrero; a España, el 24 de mayo; y a Grecia, el 29 de julio de 2022”, explica Bruselas en su respuesta a los eurodiputados: “La Comisión Europea intenta recabar información sobre el marco legislativo nacional y su relación con la legislación de la Unión en materia de protección de datos, incluidos los criterios utilizados para definir el alcance de la seguridad nacional y cómo esto respeta la legislación de la UE”.

Según la información del Ejecutivo comunitario, “Hungría respondió el 11 de mayo y Polonia el 29 de marzo. España aún no ha respondido. Grecia respondió el 2 de agosto”. El caso de Grecia tiene que ver con el intento de espiar el teléfono móvil de un miembro del Parlamento Europeo (socialista).

Bruselas explica que “seguirá recopilando información fáctica y jurídica, evaluará la interacción entre la legislación nacional y el acervo de la UE en materia de protección de datos y evaluará la cuestión a la luz de toda la información disponible. La Comisión Europea seguirá muy de cerca las conclusiones del comité de investigación sobre Pegasus”.

La misión de la Eurocámara a España, en el aire

Los eurodiputados habían decidido viajar a Polonia, Israel y Hungría por los espionajes con Pegasus. Y en mayo se intentó llegar a un principio de acuerdo para ampliar, a continuación, las misiones a España y EEUU. Pero la decisión está pendiente de “formalizar” y “ratificar”, según fuentes consultadas por elDiario.es, en tanto que la misión a España no figura hasta este momento entre las principales prioridades para populares y socialistas europeos.

La visita, que sería previsiblemente a Madrid, tendría lugar después de los viajes a Polonia, Israel y Hungría, e incluso puede que después de EEUU, pero también dependerá de si se prolonga la vigencia de la comisión de investigación.

En la primera lista de los populares no aparecía España como prioridad principal –iba en quinto lugar–, ni tampoco en la de los socialistas –apostaban por Hungría, Polonia e Israel sin mencionar España–.

Fuentes socialistas sostienen: “Hay que ver entre todas las misiones cuáles entendemos que son las más necesarias para el objeto de la comisión. Lo que sí puedo decir es que no vamos a vetar una misión en España”.

Contrarios a las misiones están la mayoría de los eurodiputados ultraconservadores (ECR), en cuyo grupo está Vox, cuyo portavoz, Jorge Buxadé, ha dicho en el Parlamento Europeo el miércoles pasado a los independentistas: “Poco les han espiado”. Los miembros del PiS, el partido gobernante polaco, acusado de espiar a la oposición y periodistas, también se oponen.

Las misiones solo pueden hacerse en semanas determinadas del calendario parlamentario –no puede ser en semanas de sesión plenaria, minipleno ni de comisiones, por ejemplo–, por lo que no puede haber un número infinito.

La duración inicial de la comisión de investigación es de 12 meses. Los planes de trabajo suelen ser por semestres, por lo que podrían proponer tres misiones para la segunda mitad de 2022 y pedir luego un segundo paquete para la primera mitad de 2023 (aunque su mandato termina en principio en abril, puede renovarse hasta seis meses más).

En todo caso, para las misiones de la comisión fuera de los tres lugares de trabajo –Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo–, la Conferencia de Presidentes –que reúne a los líderes de los grupos de la Eurocámara junto con la presidenta, Roberta Metsola–, emite un dictamen, al que seguirá una decisión final de la Mesa del Parlamento Europeo. Normalmente las propuestas se presentan dos veces al año, pero es posible presentarlas en cualquier momento si los grupos lo ven necesario.