Calvo recalca que el rey emérito no está fugado y que su coste para el Estado es el mismo que si viviera en España

Precisa que el Gobierno no se plantea una ley de la Corona, sino que la institución haga cambios en materia de transparencia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este miércoles en el Congreso que el rey Juan Carlos no está fugado ni huido de la justicia y ha insistido en que el coste que supone para el Estado su estancia en Emiratos Árabes, donde se trasladó el pasado mes de agosto, es el mismo que si residiera en España.

De esta forma ha respondido Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso a diversas críticas que han efectuado tanto Unidas Podemos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu o Junts, que han censurado que el rey emérito se haya 'fugado' “acorralado por los escándalos de corrupción” y han criticado que Patrimonio Nacional está haciéndose cargo de los sueldos de tres asistentes que ayudan al Rey emérito en su día a día.

La 'número dos' del Ejecutivo ha querido dejar claro que el Rey emérito no está fugado ni huido de la justicia y ha pedido en este sentido a los partidos citados a que sean “rigurosos” y “no falten a la verdad” para no confundir a la opinión pública.

HA SIDO REPROBADO POR LA SOCIEDAD, Y “CON RAZÓN”

“No está encausado ante la justicia en este momento” y, por tanto, “está en la plenitud de la presunción de inocencia, como el resto de españoles, nos guste o no otras cuestiones que han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública, con razón”, ha dicho.

Además, ha señalado que su estancia en Abu Dhabi “no se financia con recursos públicos” y que sólo se sufraga con dinero público los sueldos de los tres asistentes que le ayudan, un gasto que sería el mismo en caso de que Juan Carlos I residiera en nuestro país.

Y ha insistido, una vez más, que el rey emérito cuenta en los Presupuestos Generales del Estado con esa ayuda asistencial en su condición de ex Jefe del Estado, al igual que los expresidentes del Gobierno, pero que no recibe ninguna retribución porque no tiene ninguna actividad pública.

En otro momento de su comparecencia, Calvo ha confirmado que el Gobierno fue informado de la marcha del rey emérito y que, de hecho, el propio Jefe del Estado hizo pública la carta con las razones de su padre. “No hay más”, ha apostillado ante las dudas de la oposición sobre el papel jugado por Ejecutivo en la marcha de don Juan Carlos.

“ADECUAR” LA MONARQUÍA A LA EXIGENCIA ÉTICA ACTUAL

Asimismo, la vicepresidenta ha precisado a las formaciones independentistas que el Gobierno no se plantea una ley de la Corona y que en lo que está trabajando con Zarzuela es en posibles modificaciones en materia de transparencia “para adecuar la Monarquía a los niveles de exigencia éticos actuales de la sociedad española”, como así lo han verbalizado tanto el Rey Felipe VI como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“El Gobierno tiene que reflexionar sobre todo esto, y lo está haciendo, pero sin secretismo ni opacidad”, ha señalado Calvo, incidiendo en que cuando este asunto esté maduro, se abrirá el debate parlamentario, como así le ha reclamado Bildu.

Unidas Podemos, ERC y Bildu también han aprovechado para afear a Calvo que el PSOE haya vetado en la Mesa del Congreso las numerosas iniciativas que Unidas Podemos y otras formaciones independentistas han venido presentando pidiendo abrir una comisión de investigación sobre las actividades y negocios del padre del Rey.

“La inviolabilidad real no puede seguir siendo una coartada para que los actos privados de un Rey no sea objeto de investigación”, ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, quien sostiene que en una monarquía parlamentaria “no hay un poder que pueda pretender estar ajeno a la transparencia, viviendo en la opacidad del privilegio y situarse por encima de la ley”.

Sin embargo, la 'número dos' del Gobierno se ha reafirmado en las decisiones adoptadas por los socialistas siguiendo los criterios de los letrados de la Cámara Baja sobre la base del artículo 56.3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del Rey.