Esperanza Aguirre en Moncloa o al menos su espíritu

Tanto rollo con el interés de Iván Redondo por la política norteamericana y la serie 'El Ala Oeste' y al final tenemos en Moncloa el viejo estilo de Esperanza Aguirre a la hora de hacerse con el control de los medios de comunicación públicos. Si resulta que su responsable no muestra la lealtad debida al presidente –y son los asesores de este último los que lo determinan–, hay que buscar un sustituto más acomodaticio.

Ha ocurrido ahora con la agencia EFE en un ejemplo recurrente en el bipartidismo de toda la vida, el que ya no existe, pero cuyo estilo perdura. Año y medio después de su nombramiento por Pedro Sánchez después del triunfo de la moción de censura, su presidente, Fernando Garea, ha sido cesado de forma fulminante. 

EFE lleva un retraso de años en la reforma que ya han emprendido otras agencias internacionales para afrontar un mercado cada vez más pequeño para esos medios. Esa transición no va a ser fácil ni estará exenta de conflictos. Lo que parece claro es que nombrar presidentes artífices de una gestión ruinosa (13,1 millones de pérdidas en 2017), como hizo el PP de Rajoy, o tenerlos 18 meses en el cargo, como hace ahora el PSOE, sólo puede poner en peligro la supervivencia de EFE.

La empresa está en mitad de un momento decisivo. Ha presentado un plan estratégico para asegurar su futuro económico que ha sido aprobado por la SEPI, pero que aún no había sido ejecutado porque debe confirmarlo el Gobierno. EFE perdió 6,2 millones en 2018.  

Hace unos días, en la fiesta de celebración del 80º aniversario, Garea hizo una declaración de principios cuando probablemente ya sabía lo que se le venía encima: “Repito y subrayo porque es oportuno: (los trabajadores de EFE) nos enseñan que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”. Dices eso en voz alta frente al Palacio de La Moncloa y un francotirador carga su arma de inmediato y espera órdenes.

A esa fiesta no acudieron los altos cargos de Moncloa, excepto el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Iván Redondo –junto al secretario general de Presidencia, Félix Bolaños– sí fue a una entrega de premios organizada por El Español en octubre de 2019. 

De momento, el Gobierno no ha explicado por qué es necesario el relevo y cómo afecta a una empresa en crisis el hecho de que su presidente sólo haya tenido año y medio de mandato. “Forma parte del proceso normal del inicio de cualquier legislatura”, dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero. Ya no es sólo que la cúpula de las empresas públicas sea sustituida cuando hay un cambio de partido en el Gobierno. Ahora resulta que también hay que enviar al motorista con el cese después de unas elecciones, aunque el presidente sea el mismo. Porque lo dice la ministra, no porque esté en una ley o lo exija la gestión de esas compañías. Ese es el “proceso normal” que dicta la divina providencia del sistema político. 

Hay una persona que debe de estar muy contenta por las noticias sobre EFE. Isabel Díaz Ayuso lleva tiempo con una ofensiva contra los responsables de la radiotelevisión pública madrileña a los que quiere fuera para poner a los suyos. “Soy la única presidenta que tiene una televisión que la critica”, dijo a El Mundo. “Que tiene”. Por tanto, que es de su propiedad. El ataque es ya constante desde que se convirtió en su jefe de Gabinete un experto en el control político de los medios, Miguel Ángel Rodríguez, que ya ejerció esa labor en el Gobierno de Aznar. Puso tanta pasión en ello que parecía que ese listón sería insuperable. Hasta que llegó Soraya Sáenz de Santamaría.

“Hay una cosa importante aquí, yo no trabajo para el Gobierno, trabajo para la Administración pública”, ha dicho el director general de Telemadrid en un comentario similar al que hizo el expresidente de EFE. 

El cese de Garea pone las cosas más fáciles a Díaz Ayuso si consigue pergeñar una estrategia que fuerce la dimisión de los directivos de la empresa pública, elegidos en su momento por la Asamblea madrileña. Poco podrá decir al respecto el PSOE si llega ese día.

Partidos de Estado, pero sin pasarse

Ya sabemos que a los dos grandes partidos les gusta hablar de “asuntos de Estado” y que además se consideran “partidos de Estado”, como si los demás sólo fueran unos okupas que no saben dónde caerse muertos. Por eso, se reunieron en Moncloa el lunes Pedro Sánchez y Pablo Casado, ya que están pendientes nombramientos en instituciones que requieren el concurso de ambas formaciones. Por ley, el Consejo General del Poder Judicial debería haber sido renovado hace un año. La incapacidad del PP y PSOE por acordar el relevo ha ampliado su mandato doce meses más por la cara. Y eso que los “partidos de Estado” no dejan de recordar a los demás lo importante que es cumplir la ley en democracia.

En la versión de Casado que está volviendo locos en el PP a los dirigentes no aznaristas –“hay días en que Pablo es moderado y hay días en que parece más de Vox que el propio Abascal”–, el lunes tocó el muñeco diabólico. Chucky Casado continúa boicoteando la opción de esos pactos con el PSOE a menos que Moncloa se entregue atada de pies y manos: “Si Sánchez rompe con los batasunos, los independentistas y los radicales, aquí tiene al PP para sentarse a hablar de las preocupaciones reales de los españoles”, anunció Casado en rueda de prensa. Al presidente se le exige que abandone a los socios que hicieron posible su reelección y ponga su destino en manos del PP, y además –tomen nota, la lista es larga–, cambios sobre Torra, la reforma del Código Penal, la reforma laboral, impuestos, Seguridad Social, Dolores Delgado, Venezuela y Ceuta y Melilla.

Es una oferta a la que no le falta generosidad: al menos Sánchez no tiene que sacrificar a todos los primogénitos de los ministros. 

“No se puede coger a las instituciones como rehenes de lo que no se ha ganado en las urnas”, respondió Montero. La realidad es que los “partidos de Estado” pueden hacer lo que quieran. Se cargan a los responsables de los medios públicos, lo venden como si fuera lo más normal, se niegan a renovar los cargos institucionales por mucho que lo exija la Constitución, y luego dan lecciones de constitucionalismo, estabilidad y buenas maneras en la mesa. 

Es duro ser constitucionalista.