Ciudadanos no logra frenar la sangría de desertores que mantienen sus actas

Ciudadanos lleva sufriendo a lo largo de estos dos años de legislatura con mucha mayor intensidad que el resto de los partidos políticos un rosario de fugas a otros partidos y bajas de cargos públicos que, pese a dejar la militancia, se niegan a devolver sus actas como diputados, senadores o concejales y terminan recalando en el Grupo Mixto o en el de 'no adscritos'. Oficialmente no son considerados como “tránsfugas” pero con su decisión pueden en muchos casos desestabilizar mayorías y gobiernos o propiciar mociones de censura. El partido de Inés Arrimadas ha intentado que se reformen las leyes para prohibir o sancionar con dureza estas conductas pero se han dado por vencidos ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. Tampoco el Pacto Antitransfuguismo sirve para obligar a estos disidentes a renunciar a sus actas para que corra la lista y otro miembro del mismo partido ocupe su lugar.

Buena parte del origen de los males de Ciudadanos viene dado por la opa hostil lanzada por el PP contra ellos, que ha agudizado el declive electoral por el que atraviesa la formación, y por la marcha de algunos destacados dirigentes descontentos con el cambio de estrategia impulsado en un principio de su mandato por Arrimadas.

Aunque los partidos presentan listas cerradas al Congreso, el escaño pertenece a cada miembro de la candidatura y, por lo tanto, no tienen obligación legal de renunciar a él. Según dos dictámenes del Tribunal Constitucional, “quien ha sido elegido por los electores no puede ser despojado de su cargo, pues tiene derecho a permanecer en él el tiempo previsto constitucionalmente para la duración de su mandato”, que la Constitución fija en un máximo de cuatro años para diputados y senadores, o hasta que se disuelven las Cortes.

Otra cosa es el compromiso personal que adquieren los candidatos. En Ciudadanos todos firman por escrito un acuerdo previo -la llamada Carta Etica que el partido impulsó en 2015- por el que se comprometen, entre otros puntos, a dejar sus actas si deciden marcharse del partido. Pero muy pocos lo han cumplido. En estos últimos meses, Arrimadas no ha logrado frenar la sangría de casos que se han multiplicado desde la debacle del 10 de noviembre de 2019, cuando Albert Rivera se hundió al 6,8% de los votos y Ciudadanos obtuvo tan solo diez escaños.

En el partido todavía colea el caso del eurodiputado Javier Nart que en septiembre de 2019 anunció su baja como militante y dejó su puesto en la Ejecutiva Nacional. Pero su decisión, sin embargo, no llevó aparejada su salida del Parlamento Europeo con la renuncia al escaño que obtuvo en la lista de Ciudadanos. Entonces Albert Rivera le exigió que entregara el acta inmediatamente, a lo que Nart hizo oídos sordos, alegando que su objetivo era “seguir defendiendo el programa electoral del partido”. No obstante, ante las amenazas de expulsión de la dirección, anunció que dejaba la delegación de Ciudadanos en Europa, pero no el escaño, que a día de hoy mantiene. Curiosamente, ahora Arrimadas, lejos de castigarle por su conducta, le ha 'indultado'. En la pasada campaña de las elecciones madrileñas Nart sorprendió apareciendo en un mitin para apoyar al candidato, Edmundo Bal, según publicó Vozpópuli.

En este año y medio de mandato de Arrimadas el caso que más daño ha hecho al partido ha sido la fallida automoción de censura en Murcia que registraron el pasado 10 de marzo junto al PSOE contra el Gobierno de coalición del que Ciudadanos formaba parte con el PP. Allí los de Casado lograron cerrar un acuerdo con tres diputados tránsfugas de Ciudadanos de la Asamblea regional para que hicieran abortar la iniciativa, pese a que los tres habían estampado previamente en ella su firma. Los disidentes acabaron dentro del Gobierno presidido por Fernando López Miras, aunque alguno ya lo estaba, como Isabel Franco, que continuó como vicepresidenta y consejera de Mujer. Su compañera Valle Miguélez es desde entonces portavoz y Consejera de Empresa, Industria, y Francisco Álvarez, el responsable de Empleo. Todos fueron expulsados de Ciudadanos y ahora se está a la espera de la confirmación oficial de la expulsión de un cuarto tránsfuga, Alberto Castillo. En el PP, en cambio, negaron que se tratara de casos de transfuguismo alegando que los diputados de Ciudadanos únicamente habían decidido “mantenerse firmes” en el acuerdo de gobierno que suscribieron hace dos años, al inicio de la legislatura.

Los diputados de Ciudadanos y el presidente murciano, declarados “tránsfugas”

Para satisfacción de Ciudadanos, han conseguido al menos que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo analizara el pasado 25 de marzo los hechos vividos en Murcia, que fueron calificados por el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, como “un nueva trama de corrupción” puesta en marcha contra ellos por parte del PP. Asimismo, Bal destacó que el PP estaba manteniendo “comportamientos mafiosos” al “comprar” con prebendas a dirigentes de su partido. En esa reunión, celebrada en el Congreso, el PP votó en contra de declarar a esos diputados “tránsfugas”, por lo que se encargó a cinco expertos dirimir si había o no transfuguismo en la moción de censura de Murcia. Finalmente, el dictamen emitido fue claro: no solo han sido considerados como “tránsfugas” a los exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción, sino también al propio presidente de esta región, el dirigente del PP Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y principal beneficiario” de la conducta esos diputados que traicionaron a su partido. Además, el dictamen señala que el presidente regional tuvo una “participación activa” en la “alteración” de las mayorías políticas para evitar la moción de censura y le acusan de haber “recompensado” a estos tránsfugas con cargos en el Gobierno regional. El resultado del citado informe de esa comisión de expertos ha llevado a Ciudadanos a pedir -sin éxito- la dimisión inmediata de López Miras.

Los de Casado ha utilizado una argucia. Alegaron que habían abandonado el Pacto Antitranfuguismo en abril, mucho antes de ese dictamen, ante la negativa del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, a convocar en 48 horas su Comisión de Seguimiento, por lo que argumentan que la declaración de tránsfuga del presidente murciano y de los diputados de Ciudadanos que truncaron la moción de censura “carece de validez” porque la resolución no cuenta ahora “con la mayoría parlamentaria” necesaria. Ese repentino portazo del PP al acuerdo ha sorprendido a Ciudadanos dado que en Andalucía fueron los primeros en apoyar la modificación del Reglamento del Parlamento regional para adaptarlo al Pacto contra el Transfuguismo tras el caso de Teresa Rodríguez, la dirigente de Adelante Andalucía.

El portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido a Casado que “reconsidere su postura” y vuelvan al Pacto porque, según ha afirmado, “aprovecharse de los tránsfugas es una verdadera indecencia” y supone “supone un fraude electoral”. Bal le ha recordado que todos los partidos -incluido el PP- “votaron a favor de ese acuerdo de Estado”, excepto Vox, por lo que le ha preguntado “a quién quiere parecerse, si al resto de los partidos o a Vox”.

Lo cierto es que ante estas prácticas queda en entredicho la escasa eficacia de dicho acuerdo que entró en vigor en 1998, año en el que los partidos entonces existentes adquirieron el compromiso de no admitir a los desertores de otras formaciones para que con sus votos alteraran la representación política. Pero el acuerdo no tiene rango de ley y, en la práctica, queda en papel mojado.

La anterior reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto fue en noviembre del año pasado, precisamente a petición del partido de Arrimadas que la reclamó “con carácter de urgencia” después de sufrir en sus filas dos importantes fugas de concejales, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Málaga, que tras pasarse al grupo de 'no adscritos' lograron cambiar el equilibrio de fuerzas que había hasta ese momento en los dos Ayuntamientos.

Tras aquella reunión, los grupos actuales del Congreso acordaron “adoptar las medidas adecuadas en orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo” cuando “se tenga conocimiento del anuncio de la presentación de una moción de censura en la que concurriese un supuesto de transfuguismo”.

No obstante, algo se ha conseguido a lo largo de estos años gracias la presión de los partidos afectados por estas prácticas, como algunas modificaciones en la ley electoral (LOREG). La reforma más reciente se dirige a que “la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular”. Por lo tanto, se determina que “las personas 'no adscritas' no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente”. También señala que los políticos 'no adscritos' “no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las Comisiones” y tampoco se puede “perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo”. Además, la formación que ha expulsado al político tampoco podrá ver mermada su capacidad y sufrir una reducción de medios administrativos y asignaciones económicas.

La larga lista de díscolos de Ciudadanos

Al margen del espectáculo de Murcia, el partido de Arrimadas ha acumulado otros casos de diputados, senadores y ediles que dejan la militancia pero se niegan a renunciar a sus actas. Sin llegar más lejos, en el Senado ha habido dos casos muy reciente de parlamentarios que han dejado la militancia pero se han ido al Grupo Mixto: la navarra Ruth Goñi, única senadora de Ciudadanos de elección directa; y el valenciano Emilio Argüeso, que fue designado por Les Corts, y que fue expulsado del partido.

En el Congreso hizo lo mismo el diputado por Sevilla Pablo Cambronero entre protestas por “deriva sanchista” que achaca a la dirección que lidera Arrimadas. Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, explicó que no se podía poner “a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu”. En cambio su compañera por Alicante, Marta Martín, discrepante también con la línea adoptada por la líder del partido, dejó su acta por “coherencia” con el compromisopreviamente firmado. Su escaño fue ocupado por el siguiente de la lista, Juan Ignacio López-Bas, que ya fue diputado en la pasada legislatura.

En Castilla y León, Ciudadanos recibió un sobresalto cuando a tres días de la moción de censura que presentó el PSOE contra el Gobierno de coalición del que Francisco Igea es vicepresidente, la diputada autonómica por Salamanca, María Montero, se pasó al Grupo Mixto y emitió un inesperado comunicado en el que informaba de los motivos que le habían llevado a “tomar la dura decisión de tener que abandonar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos”. Pese a todo, la iniciativa no prosperó.

Uno de los casos más sonados lo han sufrido en Valencia, donde a principios de mayo, poco después de que Toni Cantó se marchara a las filas del PP madrileño, los diputados de Ciudadanos en Les Corts Jesús Salmerón, Cristina Gabarda, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchís anunciaron a través de sus redes sociales su baja de militancia del partido de Arrimadas. Los cuatro pasaron a ser diputados 'no adscritos' dado que no renunciaron al acta, denunciando como excusa que “Ciudadanos había abandonado los principios liberales”. La situación se ha agravado esta misma semana después de que otro diputado, Vicente Fernández, comunicara a la Mesa de las Corts este jueves su baja del grupo para ejercer a partir de ahora también como 'no adscrito' junto a los otros cuatro excompañeros, dejando a Ciudadanos con tan solo 13 de los 18 escaños con los que arrancó la legislatura. La primera consecuencia ha sido impedir la posibilidad de reformar la Ley electoral valenciana, uno de los proyectos más ambiciosos del Parlamento regional.

Otro caso lo han vivido en Gandía, en donde el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pascal Renolt, único representante que tenían allí, fue expulsado del partido “por vulneración del código ético”, asegurando que Renolt había realizado “actuaciones contrarias a la conducta que establece la formación para cargos del partido”. El edil se quedó con el acta.

En Castilla la Mancha, este mismo mes de junio, el susto lo vivieron en Albacete. A pocas horas del pleno en el que tomaba posesión el socialista Emilio Sáez como alcalde de la ciudad, en virtud del pacto suscrito con Ciudadanos para alternarse en el cargo, la concejala de Cultura, María Teresa García Arce, remitía una carta a los medios de comunicación por la que anunciaba su baja de Ciudadanos y su paso al grupo de 'no adscritos'. Pese a la abstención de García el edil sacó adelante la votación.

En Galicia también han sufrido abandonos parecidos. En A Coruña, el 1 de septiembre del pasado año, la concejala de Ciudadanos Mónica Martínez se incorporó, como edil de Deportes, al Gobierno local del PSOE. Lo hacía en calidad de concejala 'no adscrita' después de haber sido elegida en la lista de Ciudadanos en mayo de 2019 y haber abandonado el partido un año más tarde. Para Marea Atlántica, se trató de un caso transfuguismo. El asunto terminó en los tribunales para reclamar la nulidad de la resolución de la Alcaldía que desestimaba la protesta del grupo de izquierdas.

El pasado mes de febrero, la diputada Montserrat Lama, única representante de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Ourense, decidió que abandonaba también la formación naranja y se unía al grupo de 'no adscritos'. Esta decisión se producía en la misma semana en la que Ciudadanos había rechazado las ofertas del PSOE que, con el Partido Popular en minoría en la Diputación de Ourense, había intentado una moción de censura al presidente de la institución, Manuel Baltar. No es la primera vez que Lama abandona el partido con el que fue elegida. En 2019 era diputada por el PP y portavoz de la Junta de Gobierno de Baltar, y desde ahí, anunció su dimisión y pasó a formar parte de Ciudadanos meses más tarde.

El último lío está centrado en Granada en donde el actual alcalde de Ciudadanos, Luis Salvador, se ha quedado aislado en el Ayuntamiento con el apoyo de un solo concejal de esa formación, después de que los seis socios del Ejecutivo del PP y los otros dos ediles de su propio partido hayan renunciado a sus competencias. Granada es la única capital andaluza y la mayor ciudad del país con un alcalde de Ciudadanos tras las municipales de hace dos años. El PP esgrime que tras esas elecciones alcanzaron un pacto no escrito para que cada partido se alternase en el gobierno durante dos años. Pero Salvador lo niega y asegura que el bastón de mando que recibió en su día con los votos del PP y el apoyo de Vox fue para los cuatro años de mandato.

Ante esta rocambolesca situación, el partido de Abascal quiere sacar su tajada y ha registrado una moción para que se acelere el proceso de convocatoria de elecciones parciales en el Ayuntamineto y “devolver la voz a los granadinos”. En un escrito, presentado por la diputada del Congreso por esta provincia, Macarena Olona, y el portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, instan “al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en aplicación del artículo 61.1 de la LBRL, promueva la disolución del Ayuntamiento de Granada poniendo en manos de una comisión gestora la administración ordinaria de los asuntos propios del Consistorio”.