El conflicto entre el Gobierno y los alcaldes se enquista por la cuantía de las ayudas a fondo perdido frente a la COVID

La nueva propuesta realizada el pasado día 14 por el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos para que hagan frente a los costes derivados de la pandemia –que llegó tras la histórica derrota parlamentaria del día 10, cuando el Congreso de los Diputados rechazó el primer real decreto planteado por el Gobierno–, no convence a los alcaldes. Su rebelión contra el departamento que dirige María Jesús Montero amenaza con enquistarse cuando el país afronta la segunda ola de la crisis sanitaria y, con ella, se agravan los problemas de financiación de las administraciones locales, las más pegadas a la ciudadanía.

En su segundo borrador, el Ejecutivo plantea suspender la regla de gasto que, desde su aprobación en 2012 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, impide a los consistorios hacer uso de sus remanentes. Hacienda propone, además, prolongar la autorización para la inversión del superávit de las entidades locales y calcula que inyectará a los ayuntamientos unos 3.000 millones de euros a fondo perdido.

Los alcaldes consideran que esta oferta del Gobierno progresista es “insuficiente”, reclaman 2.000 millones de euros más para alcanzar los 5.000 prometidos inicialmente por el Ejecutivo –aunque estos estaban condicionados a que los municipios cedieran parte de sus remanentes a la administración central, aspecto que originó la rebelión inicial de los regidores–, así como un fondo específico para hacer frente al creciente gasto en transportes que han generado en las arcas municipales las medidas sanitarias de la pandemia.

El pasado miércoles, estas nuevas reticencias de los alcaldes se evidenciaron en la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Partido Popular, IU-Podemos, Ciudadanos y PDeCat, los cuatro grupos que están en la oposición en el órgano que aúna al conjunto de la administración local, donde tiene mayoría el PSOE, hicieron público un comunicado en el que rechazaban el nuevo borrador del Gobierno y pedían a Hacienda “que abra de forma urgente una negociación con la FEMP para elaborar un real decreto que sea justo y satisfactorio para las necesidades reales de los municipios ante las graves repercusiones de la pandemia”.

La amenaza de una nueva derrota parlamentaria

“En ninguno de los casos el Real Decreto contaría con una mayoría en el Congreso en estos términos”, advierte el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón. “Que no aprueben ese borrador en Consejo de Ministros porque pueden volver a sufrir una derrota histórica”, insiste. Tanto él como los portavoces de Junts per Catalunya –la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet–, Ciudadanos –el alcalde de Granada, Luis Salvador– y de IU-Podemos –el regidor de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura– instan al Gobierno a “abrir un nuevo periodo de negociación para mejorar lo que ofreció la ministra”.

PP, Ciudadanos y Junts están en contra de que se condicionen los fondos extraordinarios, un aspecto que sí ven con buenos ojos los alcaldes de los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, al menos para una parte de las ayudas. “Todas las fuerzas políticas defendemos que el Estado financie a Ayuntamientos y Diputaciones y no al contrario como pretende el Ejecutivo de Sánchez”, denuncia el presidente de la Diputación de Almería, el popular Javier Aureliano.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del miércoles, el Presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, configuró un grupo de carácter técnico para avanzar en una propuesta económica que se remitirá al Ministerio de Hacienda. Este grupo, con presencia de miembros de la Junta de Portavoces, preparará una propuesta complementaria a la última barajada por Hacienda para negociarla con el ministerio.

Dicha propuesta, explican desde la presidencia de la FEMP, contemplará el fondo de 5.000 millones de euros y el de transportes que reclaman los alcaldes, que figuraban en el acuerdo suscrito con el Gobierno y en el posterior real decreto ley que no fue convalidado por el Congreso. Asimismo, Caballero considera que “debe contemplarse como prioritario poder usar los remanentes de las entidades locales, de los que disponen 7.800 Ayuntamientos”.

Caballero: “La FEMP no renuncia a nada”

A su juicio, es “urgentísimo disponer del superávit”, así como “el dejar sin efecto la regla de gasto y el resto de medidas contempladas en la última propuesta de Hacienda”. “La FEMP no renuncia a nada”, insiste Caballero, que lamente “mucho el voto en contra del Parlamento” a la primera propuesta del Gobierno, que fue aprobada en el seno del organismo que aúna a los ayuntamientos aunque solo con el 'sí' de los representantes del PSOE, y gracias al voto de calidad del propio presidente de la FEMP , voto en contra de los intereses municipales.

“El Gobierno de España ponía a disposición de los ayuntamientos 5.000 millones y el Congreso de los Diputados, de forma incomprensible, votó que no; por cierto, no respetando la autonomía municipal porque en la FEMP habíamos votado a favor del acuerdo”, denuncia Caballero.

En el origen del conflicto entre los alcaldes y el Gobierno por el uso de los remanentes y los ingresos están los imprevistos ocasionados por la pandemia. Los ayuntamientos son el primer escalafón de la administración que, en los últimos meses, han tenido que retorcer sus cuentas para poder atender las nuevas necesidades de la ciudadanía, que pasan por la adecuación de los espacios para cumplir con las medidas sanitarias, la contratación de más personal de limpieza y vigilancia, e incluso el reparto de alimentos o material escolar para garantizar que ninguno de sus vecinos se quedé atrás por culpa de la situación sanitaria.