El Congreso aprueba medidas para el reingreso laboral de los soldados de 45 años pero destierra la reforma legal
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 40 medidas que deben mejorar la formación y las salidas laborales de los soldados y marineros de las Fuerzas Armadas, que deben colgar el uniforme al cumplir los 45 años. Lo ha hecho sin consenso y tras dejar atrás un primer borrador que incluía cambios más ambiciosos, incluyendo una reforma legislativa y cupos definidos para ampliar el porcentaje de soldados y marineros que podrán acceder a la condición de permanentes.
El texto (PDF) que ha salido adelante lleva la firma de PSOE y PP, que tras 18 meses de conversaciones en una subcomisión que buscaba un consenso amplio para solucionar el problema, pactaron una batería de medidas a espaldas de los demás grupos, como denunciaron Unidos Podemos y Ciudadanos. En la práctica, lo aprobado hoy consolida el actual marco jurídico, añadiendo algunas especificaciones para que la reinserción en el mercado laboral civil de los militares que abandonan el cuerpo con 45 años sea más sencilla.
Por contra, desdeña la modificación legal que pedían los grupos morado y naranja, partidarios de diseñar una nueva ley que incluyera a todos los militares bajo un mismo paraguas normativo, en vez de discriminarlos en dos distintas, una para soldados y marineros y otra para oficiales.
El informe también ha contado con los votos a favor de PNV y del representante del grupo mixto, perteneciente a Unión del Pueblo Navarro (UPN). El voto particular presentado por Unidos Podemos incluyendo las medidas del borrador inicial ha sido rechazado, mientras que solo una de las once enmiendas propuestas por Ciudadanos ha salido adelante. Estos dos grupos han acusado a la diputada socialista Zaida Cantera, autora de la resolución negociada con el PP, de cercenar la posibilidad de aprobar cambios reales para el colectivo de soldados y marineros.
Cantera y el diputado del PP, Ricardo Tarno, han afeado a morados y naranjas haber generado unas esperanzas “absolutamente irreales” en los militares afectados por el problema. Así, aunque el propio texto reconoce que la ley de 2006 “no ha conseguido satisfacer todas las expectativas generadas”, no consideran que sea una necesidad real propiciar un cambio en las Fuerzas Armadas, que cuentan con la cúpula más envejecida de los ejércitos de la OTAN.
Las medidas aprobadas hoy incluyen facilidades para recibir formación civil y pasarelas para acceder a puestos de funcionario del Ministerio de Defensa, cuestiones ya previstas en la ley de 2006. El Congreso también ha aprobado una incrementar gradualmente el porcentaje de soldados y marineros que pueden convertirse en permanentes, que se encuentra en el 10%, pero sin hablar de cupos concretos.
La problemática de los RED
Los soldados y marineros de base están saliendo de las Fuerzas Armadas en virtud a una legislación aprobada en 2006 que fijaba esos 45 años como edad como límite para su servicio. No obstante, la Ley de Tropa y marinería también les prometía que recibirían una formación y adaptación al mundo civil antes de colgar el uniforme.
Los ministros de Defensa del PP y el PSOE que se han sucedido desde entonces no han desarrollado esta última parte de la ley. El alto mando tampoco ha facilitado los soldados y marineros que quisieran formarse pudieran destinar parte de su tiempo de servicio a ese cometido. Pese a ello la ley no se ha frenado y los militares afectados por ella están empezando a salir en masa de las Fuerzas Armadas, enfrentado una situación laboral extremadamente compleja.
Se calcula que ya hay unos 800 militares despedidos por este motivo, pero lo peor está por llegar. La pirámide de edad de esta escala señala que otros 5.000 de ellos cumplirán los 45 en el próximo lustro, y otros 10.000 más en la próxima década. Sin formación ni títulos oficiales de experiencia que acrediten su experiencia militar, Al colgar el uniforme, estos militares se convierten en “reservistas de especial disponibilidad” (RED) y reciben una asignación no contributiva de 7.400 euros anuales hasta que cumplan los 65.