Tres cuestiones sobre las que el fiscal general del Estado tiene que dar explicaciones en el Congreso
El fiscal general del Estado se sienta este miércoles frente a la Comisión de Justicia. Después de solo 110 días en el cargo, José Manuel Maza ha sido llamado a declarar en el Congreso tras un terremoto en la Fiscalía que comenzó hace dos semanas y que aún sigue dejando réplicas. La sombra de la intervención del Gobierno planea desde la desautorización de las fiscales Púnica a los últimos nombramientos, pasando por la filtración de información al presidente de Murcia, echando por tierra uno de los pilares en los que se basa la actuación del Ministerio Fiscal: la imparcialidad.
Maza intentará desterrar esa idea, pero no lo va a tener fácil. La oposición le exigió que rindiese cuentas hace dos semanas, después de que el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, atribuyese tres delitos de corrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su imputación, exculpándole de haber cometido cohecho, fraude y revelación de información.
Unos días después se supo que las dos fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, no compartían el criterio de sus jefes y dejaron constancia de su discrepancia por escrito. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, las reprendió en público por no plegarse a la jerarquía de la Fiscalía y les advirtió de las consecuencias por haber llevado la contraria a sus jefes.
Maza tendrá que dar explicaciones sobre el criterio de la Fiscalía sobre el caso Púnica, sobre por qué se inclinan por no acusar al presidente autonómico del PP. También tendrá que responder por el ataque de Catalá, que ha sorprendido a los compañeros de las fiscales, y por el que la UPF ha exigido su dimisión. Pero además, sobre este caso, será interrogado por la filtración a información a Sánchez.
El presidente murciano supo antes que nadie que los fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y usó esa información en una rueda de prensa para desprenderse de las críticas por la investigación. Catalá minimizó el hecho de que un imputado accediese a información reservada sobre su caso: “Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que haya oído hablar del asunto”.
Es escándalo de la intromisión en el caso Púnica enlazó con la renovación de los principales puestos de la Fiscalía, y convirtió la comparecencia de Maza en urgente. El pasado día 22, el Consejo Fiscal acordó colocar a Manuel Moix como nuevo jefe de Anticorrupción, el único de los siete candidatos sin experiencia, y el fiscal preferido por Moncloa para esa plaza.
Esa operación contó con el apoyo de los fiscales conservadores. La Asociación de Fiscales votó a favor de Moix a cambio de que el puesto de fiscal de la Audiencia Nacional fuese para su portavoz. En ese mismo consejo, la asociación también ayudó en el relevo del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, quien presentó la querella del caso Auditorio, en favor del fiscal que se ocupa actualmente del proceso.
Maza tendrá que explicar este miércoles este relevo en medio de la investigación del segundo caso de corrupción que afecta al presidente de Murcia. Y también su apuesta por Moix, cuya experiencia como fiscal de la Comunidad de Madrid y del tribunal Supremo contrasta con la del resto de aspirantes, todos fiscales de Anticorrupción y que ejercían la acusación en caso como Púnica, la tarjetas black o los papeles de Bárcenas.
Con la comparecencia ya fijada para este miércoles, el nuevo fiscal general se ha encontrado con una derivada de esos nombramientos sobre la que también le preguntarán los portavoces de los grupos. Según el diario El Mundo, Maza relevó a Consuelo Madrigal porque la anterior fiscal general se negó a acometer algunos de los cambios que le imponía el Gobierno.
Madrigal no llegó a completar dos años en el cargo. Su predecesor, Eduardo Torres-Dulce, estuvo menos de tres, hasta que en diciembre de 2014 presentó su dimisión por desavenencias con el Gobierno por su respuesta al desafío soberanista. Desoyó las órdenes del Ejecutivo de parar la consulta del 9N con una querella contra Artur Mas.
El Gobierno ha quedado ya dos fiscales generales en menos de seis años. Con el tercero parece haber una mejor sintonía. Maza ha evitado hasta el momento pronunciarse sobre ninguno de estos asuntos. Este miércoles no le quedará más remedio que responder a las polémicas que han enturbiado su desempeño como fiscal general tres meses después de acceder al cargo.
