“No es exigible por ley que los ministros publiquen con quién se reúnen”

Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, lleva poco más de un año al frente de un organismo que se presenta como el instrumento para crear en España una nueva cultura política: la de la transparencia. Estos últimos días de agosto su departamento se ha visto inmerso en la polémica tras oponerse el PP a su comparecencia en el marco del debate de presupuestos. Arizmendi sortea además el escándalo en torno a la reunión que Rodrigo Rato y el ministro de Interior mantuvieron en el despacho del segundo e intentaron mantener en secreto. Sobre este último asunto advierte: “No es mi trabajo criticar al Gobierno”.

Usted contará en 2016 con tres millones de euros de presupuesto. ¿Se quedó con ganas de ir al Congreso y predicar la transparencia con el ejemplo?

Voy a hacer una petición en el Congreso para comparecer y para explicar el proyecto de este Consejo que es en realidad lo que me interesa. Más que explicar el presupuesto, lo que me interesa es explicar el proyecto. Y claro, dentro del proyecto tendré que hablar del presupuesto. He visto que no se conoce suficientemente todo lo que estamos haciendo, que es mucho.

¿Por qué el PP se ha negado a que usted comparezca? 

Yo creo que tiene que ver con la tramitación de los presupuestos en la Comisión del Congreso. Es un debate de carácter económico y siempre se ha hecho así. Los que comparecen son los responsables del manejo de los presupuestos. Es muy inusual que comparezcan los organismos pequeños porque se haría un debate interminable. Sería un desfile interminable. El debate es un debate económico y ahí hay que debatir los números y las políticas de lo que se va a hacer con ello. Hay otros debates, el debate de la transparencia y es muy específico, y en este sí que quiero estar.

Y sí, voy a pedir comparecer porque veo que hay un gran interés por saberlo y porque para mí la claridad es completamente indispensable.

¿Consultaron con usted antes de responder con una negativa a la oposición? 

No, no. Y no deberían haberlo hecho en ningún caso. El Gobierno y el Consejo no son partners en el sentido de política ni en el sentido del trabajo en común. Cada uno tiene su nicho de competencias y de actividad. Nosotros somos una autoridad independiente que vela por el cumplimiento de la transparencia. Independencia significa que ni ellos me consultan ni yo les consulto.

¿Entiende la polémica?

La polémica se entiende y se entiende más si no se explica. No solamente el veto, o lo que se ha llamado veto, porque en realidad no es un veto. Es un criterio con el que se puede estar más o menos de acuerdo, pero no es un veto al Consejo. Creo que se ha pedido la comparecencia de muchos más organismos, entre 60 y 80. No es un acto que tenga que ver con este Consejo o con la transparencia. Es una decisión que los partidos políticos hacen en sede parlamentaria aplicando un criterio que se ha tenido siempre.

¿Lo de Rato y Fernández Díaz lo calificaría como una “reunión secreta”? 

Desde el punto de vista de la transparencia lo que hago es resolver las cuestiones de publicidad activa, vigilar que se publique lo que la ley pide, vigilar que las preguntas y consultas de los particulares sean contestadas. Lo que ha ocurrido ha sido explicado en sede parlamentaria y no es mi trabajo analizar los debates parlamentarios, las comparecencias... No es tampoco mi trabajo criticar al Gobierno o apoyar o no alguna posición de cualquier otro grupo. Mi trabajo es trabajar por la transparencia y a eso me dedico. Este organismo es independiente y tengo la obligación de ser imparcial. Yo prefiero estudiar la ley y aplicarla y que los demás hagan su trabajo.

Pero esto es muy importante para el ciudadano, ¿no? ¿El ciudadano tiene que saber con quién se reúnen nuestros ministros?

Importante para el ciudadano es que se cumplan las leyes y que cada uno haga lo que tiene que hacer, que las normas se apliquen, se vigilen y que cada uno ejerza sus competencias y haga bien su trabajo. Yo creo que el ciudadano más que debates necesita claridad en la aplicación de las normas, responsabilidad en quien las hace y profesionalidad en los que vigilamos.

Entonces, ¿podemos decir que no fue una reunión transparente?

Yo no sé cómo fue la reunión, sinceramente. En esto soy una ciudadana más. He leído la prensa y he escuchado la comparecencia en sede parlamentaria. Soy una ciudadana más que tengo los datos que tengo y no puedo dar más datos.

¿Pero esto juega en contra del espíritu de este Consejo y del Portal de Transparencia?

A ver, dos cosas y muy importantes para mí. El Consejo y el Portal de Transparencia no tienen nada que ver. El Consejo es un vigilante del cumplimiento de la ley y es un organismo independiente. Lo que tiene que ver con este Consejo es que se cumpla la ley, en materia de publicidad de la agenda de los políticos, la ley 19/2013 no dice que haya que publicar los datos de las agendas. Es un acto que decide quien quiere ponerlo y no es algo que haya que vigilar que se cumpla.

Los registros de entrada y salida, ya lo he dicho más veces, tienen una problemática compleja porque contienen un dato que está especialmente protegido, que es el DNI, es un dato de carácter personal protegido por una ley orgánica y no puede estar al alcance de todos. El cumplimiento de la Ley de Transparencia a día de hoy es cumplir las especificaciones de publicidad activa que están en los artículos 6, 7 y 8 de la ley. Los actos voluntarios son actos voluntarios y la voluntad no es obligación, por lo tanto desde el consejo no es exigible por ley que los ministros publiquen con quien se reúnen. Que es bueno que cuanto más se sepa mejor, que a más transparencia más claridad, esto parece algo obvio, es de sentido común. Pero la ley dice lo que dice y nosotros vigilamos el cumplimiento de la ley.

¿Cree que no se publicó este encuentro para no desvelar el DNI de Rato?

Yo no sé por qué sería. No lo sé. No sé con qué criterios arman sus agendas porque es un criterio propio. Esto quien lo tiene que contestar es quien lo hace, quien lo sabe, no el Consejo que al fin y al cabo es un conocedor más a través de los medios de lo que ha ocurrido.

En otros países como en Reino Unido o en Chile sí que se publican las agendas de los políticos. ¿Cree que en España vendría bien que se conocieran más este tipo de reuniones para que no hubiera tanta polémica?

Nosotros, en nuestra casa que quiere ser ejemplo y un poco modelo de transparencia, sí que publicamos las agendas. Todos los que se vienen a reunir con nosotros aparecen en la página web. Pero para que esto ocurra tenemos que decírselo previamente. Las personas tienen una vida privada que proteger y está en la ley de protección de datos. Te sorprendería saber que en el Reino Unido se publica todo, incluso el gasto en papel higiénico. Realmente poco a poco esto irá mejorando. Creo que en siete meses cumplir lo que dice la ley es un buen punto de partida. Ya iremos creciendo a medida que vaya calando esta cultura de transparencia.

Usted ha dicho hace poco que en el futuro “llegaremos a saber con quién habla por teléfono el presidente del Gobierno”. ¿Cuánto de lejos está ese futuro?

Tenemos que pensar que hay países como Suecia que tienen transparencia desde hace 250 años y nosotros llevamos siete meses. En siete meses no ha dado tiempo ni de conformar la criatura.

¿Qué pensó usted cuando se enteró de que el presidente del Gobierno enviaba SMS secretos a Luis Bárcenas? 

Yo lo que pienso es que cada uno tiene su sitio. Los políticos hacen y deshacen en lo que les parece conveniente para sus políticas y sus ideas; los parlamentarios debaten los temas en su sede; los jueces juzgan. A mí no me gustaría que el Consejo de Transparencia, que tiene que ser absolutamente imparcial e independiente, se utilice para avatares políticos. No tengo ningún interés de dotar de ningún barniz político al Consejo de Transparencia, al contrario, queremos ser un órgano profesional, independiente e imparcial. Las opiniones que tenga el Consejo serán en relación con la transparencia y punto.

Cuando pasan estas cosas da la impresión de que el Gobierno le está dificultando a usted la labor de crear cultura de la transparencia. ¿Los políticos se lo ponen difícil a los que trabajan por la transparencia?

Bueno, los políticos a veces ponen difícil… eso es una afirmación que no sé si soy capaz de suscribir. La verdad es que la situación es difícil para la transparencia. Es un país en el que no hay cultura de transparencia, en el que los datos han sido de la Administración, en el que el secretismo y la opacidad han funcionado durante mucho tiempo, en el que los ciudadanos tenían poco derecho a preguntar. El cambio de cultura va en todos los niveles, desde la formación de los pequeños a los periodistas que tanto han trabajado.

¿Le parece suficiente que los diputados den cuenta de sus propiedades solo una vez cada cuatro años?

Yo entiendo que dar cuenta de sus propiedades está muy bien y si lo hacen cada cierto tiempo es un acto de transparencia y vigilancia.

Gracias al portal de la transparencia hemos conocido el importe de su salario. En 2015 cobró usted más que el presidente del Gobierno, en concreto 102.000 euros. ¿En 2016 se va a subir el sueldo?

Yo tendré el mismo tratamiento que los demás funcionarios públicos, ha subido el 1% y tendré el mismo tratamiento que los demás. De todas formas, es importante saber que mi sueldo no es un sueldo caprichoso, es un sueldo que señala una disposición de los altos cargos. 

Más allá de conocer lo que hoy cobra un político, nos encontramos también con un problema con la posibilidad de escribir nuestra historia. ¿Cree que los servicios secretos españoles deberían desclasificar los documentos sistemáticamente como pasa en EEUU? 35 años después, ni los historiadores, ni los periodistas, ni los ciudadanos saben lo que paso exactamente el 23F.

Los servicios secretos españoles no pueden desclasificar archivos porque esto es una competencia que tiene el Consejo de Ministros por una disposición legal. Has mencionado Estados Unidos. Estados Unidos lleva 50 años de transparencia, queremos ser ya como los que son muy adultos en la aplicación de la ley. El cambio tiene sus fases.

Pero, ¿sería bueno para los ciudadanos tomar estos en cuenta?

Los servicios secretos nunca van a poder desclasificar porque es una competencia que no tienen atribuida. La desclasificación de documentos así como la evolución de la transparencia tendrá en España el ritmo que tenga porque no tenemos experiencia previa.

No tardaremos 50 años más, ¿no?

No. Gracias a Dios tenemos la experiencia de los que están alrededor y la voluntad de aprovecharlo y hacerlo lo más rápidamente.  

El portal de transparencia apenas ha registrado 2.300 peticiones de información en sus primeros meses de rodaje. ¿A qué cree que es debido?

Para nosotros son pocas porque habíamos hecho un cálculo y esperábamos que fueran más. La razón fundamental es el desconocimiento de los ciudadanos de que esto es un derecho, la segunda es que quizá el portal tiene una relación muy electrónica con los ciudadanos y las relaciones electrónicas con la Administración son fáciles para algunos colectivos más jóvenes y más complejos para otros. Siete meses da todavía para ir mejorándolo. Espero que esta cifra sea una cifra base que se irá incrementando.

¿A la gente no le interesa la transparencia?

Les tiene que interesar. Muchos se preguntan por qué se ha hecho así una carretera o por qué esto cuesta más o menos. Lo que no tenemos interiorizado es que podemos hacerlo, y que el portal y la Ley de Transparencia son los cauces.

¿Cuáles son las peticiones más habituales?

Al principio fueron peticiones de información de sueldos. Ahora va evolucionando en la buena dirección, cada vez son preguntas de más calado. Se pregunta mucho sobre contratos, sobre quiénes participan en licitaciones, quiénes reciben subvenciones, quiénes no… Esto es lo que tiene que ocurrir. Ir pasando de temas más superficiales a temas más profundos.

Comenta que en septiembre se va a dar un acelerón tremendo a la transparencia, ¿a qué se refiere?

Me refiero a que tenemos ya estudiados todos los pasos que queremos dar. Hemos tenido que identificar lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y hemos diseñado la metodología para la monitorización del cumplimiento de la ley por parte de todos los organismos. Ahora toca hacer el instrumento para que se pueda desarrollar y eso va a ocurrir en el segundo semestre. También en el segundo semestre vamos a hacer un estudio con la OCU y con la UNED de percepción de la ciudadanía de la Transparencia para saber si han entendido o no que esto ha irrumpido en la sociedad española, si han comprendido o no que esto es para ellos y si lo han utilizado. También queremos saber qué conclusiones han sacado de todo esto. Es muy importante para saber si está llegando o no, por qué no está llegando y tomar medidas para corregir eso.