El Gobierno anima ahora a las comunidades a decretar confinamientos domiciliarios ellas mismas al margen de la alarma

Las comunidades autónomas tendrán que llevar a cabo los confinamientos domiciliarios que consideren oportunos para aplacar la segunda ola de la COVID-19 a través de la legislación sanitaria ordinaria y la correspondiente autorización judicial. Esa es la respuesta que les da el Gobierno a las autonomías que plantearon la posibilidad de llevar a cabo confinamientos temporales para allanar la curva. Pedro Sánchez no prevé modificar el decreto de alarma que el Consejo de Ministros aprobó hace un par de semanas con el objetivo de dotar a las comunidades autónomas de la cobertura legal necesaria y homogénea para hacer frente a la pandemia.

Varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, Castilla y León o Euskadi, plantearon al Ejecutivo la posibilidad de llevar a cabo confinamientos temporales semejantes al decretado en el mes de marzo. El Gobierno quiere evitar esa situación a toda costa, sostiene que hay que esperar aún para ver los efectos de las medidas implantadas hace quince días, como el toque de queda, e incluso el doctor Fernando Simón ha dicho que no cree que sea necesario. Moncloa, no obstante, considera que serán en todo caso las comunidades autónomas las que tendrán que tomar esa decisión y llevarla a cabo a través de la Ley General de Sanidad de 1986, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a elDiario.es fuentes gubernamentales.

El Gobierno rechaza, por tanto, incluir en las medidas amparadas por el estado de alarma los confinamientos domiciliarios, a pesar de que ha defendido que la puesta su activación por seis meses serviría para dotar a las comunidades autónomas del instrumento jurídico necesario para las restricciones que tuvieran que llevar a cabo frente a la pandemia. El decreto incluye la limitación de las reuniones sociales a un máximo de seis personas, el toque de queda y el cierre perimetral de las autonomías o de una parte de ellas. Esas medidas las podrán aplicar los gobiernos regionales cuando lo estimen oportuno durante el próximo medio año. Fuentes gubernamentales defienden ahora que el estado de alarma se aplicó para “dar otras opciones a las comunidades menos invasivas”.

Sin embargo, el Gobierno invita a las autonomías a decretar los confinamientos domiciliarios al margen de ese paraguas legal y la solución que les da es la legislación sanitaria ordinaria. Los Gobiernos autonómicos que pretendan llevar a cabo ese tipo de restricciones tendrán que dictar la correspondiente orden y recibir el aval de la justicia. Precisamente uno de los argumentos para decretar el estado de alarma fue las distintas interpretaciones de la legislación ordinaria que hacían los tribunales y que llevaron a que algunos avalaran las restricciones frente al rechazo de otros.