El Gobierno maniobra en el Consejo de Política Fiscal para compensar su minoría parlamentaria

El Gobierno quiere convertir al Consejo de Política Fiscal en el último bastión de las mayorías que Rajoy perdió en las elecciones diciembre y junio. Moncloa pretende que las decisiones adoptadas por este órgano adquieran el cariz de “acuerdos”, según el borrador de reglamento que ha enviado a las Comunidades Autónomas. Hasta la fecha, el Consejo solo estaba habilitado para hacer “recomendaciones”.

El nuevo texto de reglamento que Moncloa pretende aprobar llegó a la mesa de los gobierno autonómicos por sorpresa y sin previo aviso. Por ahora es solo un borrador.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano que sienta en la misma mesa a los consejeros de Economía y Hacienda autonómicos con sus homólogos en el Gobierno central. El reparto de poder en esa mesa es muy favorable a Moncloa, que tiene el 50% de los votos.

Esa primacía no era tan decisiva en un contexto en el que los acuerdos no eran “vinculantes”. Con el nuevo reglamento, “Rajoy se estaría construyendo una nueva mayoría” para avalar leyes que no consigue aprobar en el Parlamento, tal y como señalan fuentes autonómicas consultadas por eldiario.es. 

“Rajoy está buscando un órgano que les justifique para combatir las minorías que tiene en el Congreso de los Diputados”, dice la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero. “Temo que pretendan utilizar el Consejo de Política Fiscal para buscar validez en los tribunales ante propuestas como la Ley de Hacienda Catalana o cualquier otra propuesta que llegue desde los territorios y no les guste”.

Frente a este temor, hay expertos constitucionalistas que argumentan que la maniobra carece de relevancia: “Desde el año 11 están con marrullerías de este tipo. Una ley autonómica no va a dejar de serlo porque lo diga el Consejo de Política Fiscal. No tiene ninguna validez legal. Es la típica estrategia de los abogados del Estado que gobierna la vicepresidenta del Gobierno. No vale nada”.

La propuesta de reforma no tendrá peso hasta que el pleno del Consejo decida darle luz verde. Las Comunidades Autónomas han pedido al Ejecutivo tiempo para estudiar el cambio.

Moncloa ha puesto estas novedades sobre la mesa en el momento en el que el Congreso está apretando al Gobierno y a sus vetos a las reformas sobre leyes como la Lomce o la subida de las pensiones.

La ley dice que el Gobierno puede negarse a cambios legales, aprobados por el Parlamento, si demuestra que éstos tienen impacto presupuestario. Los informes “vinculantes” del Consejo de Política Fiscal podrían suponer para el Ejecutivo un aval en esa batalla dialéctica entre los que creen que se gobierna desde el Gobierno y los que opinan que se puede hacer desde el Parlamento.

El borrador del nuevo reglamento establece que “las decisiones del Consejo adoptarán la forma de acuerdos o recomendaciones según lo establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Hasta la fecha, el reglamento del Consejo tenía a la LOFCA como Ley de referencia. En ese cambio de parámetro ven las Comunidades otra duda sobre intenciones. “La LOFCA es una Ley Orgánica, para cuya reforma el PP necesita mucho más de lo que tiene. Al poner como paraguas una Ley ordinaria, el Gobierno se reserva la posibilidad de cambios por sorpresa”.

Pese a los intentos del eldiario.es, nadie en videpresidencia ni en Hacienda han valorado la intención de la reforma planteada. Frente a ese silencio, en ámbitos autonómicos la conclusión es unánime: “Rajoy se está construyendo un cuarto poder”.