El Gobierno y el PP mantendrán en sus puestos a Trillo y Martínez Pujalte

Rajoy abraza a Federico Trillo en un acto en Madrid en febrero de 2011. Foto: Chema Moya / Efe

La información de que Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte cobraron 429.000 euros de una constructora especializada en obra pública no va a tener consecuencias. Ni el Gobierno ni el grupo parlamentario se plantean apartarlos de sus puestos. Fuentes diplomáticas confirman a eldiario.es que Trillo seguirá al frente de la embajada en Londres y que su situación no tiene por qué cambiar mientras no haya una imputación o detalles más concretos. Tampoco desde el grupo parlamentario que dirige Rafael Hernando está previsto pedir a Martínez Pujalte que deje su escaño. "Es todo legal y está declarado", mantienen en Exteriores y en el PP del Congreso.

La 'trama eólica' destapa pagos de 429.000 euros de una constructora a Trillo y Pujalte

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Dentro de la investigación por una trama de comisiones en torno a las eólicas, El País ha desvelado que ambos conservadores cobraron 429.000 euros del grupo constructor Callosa, una de las empresas beneficiadas, por labores de asesoría de la que no hay constancia por escrito. El actual embajador en Londres ganó 354.000 euros en tres años, mientras que el diputado se embolsó 75.000 en la mitad de tiempo.

Fuentes diplomáticas confirman a eldiario.es que desde Exteriores no está previsto variar la situación de Trillo mientras no haya más información o se produzca "una imputación o acusación formal". En el departamento que dirige José Manuel García-Margallo mantienen que no hay motivo para apartarlo de su cargo por la información publicada hasta ahora.

En el grupo parlamentario tampoco se plantean que la noticia afecte de ninguna manera al escaño en el que se sienta Martínez Pujalte. El afectado mantiene que su actividad está declarada en el Congreso y autorizada para compatibilizarla con su tarea pública. En una entrevista concedida a la Cadena Ser hace unas horas, el diputado ha insistido en que se le pagaba por "estudiar documentos" y "asesorar en conversaciones". El conflicto ético de compaginar la tarea pública y privada se deja de lado. De hecho, el diputado ha evitado contestar a la pregunta de si le parece ético. "Es legal", ha sido su respuesta.

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