Los nexos de Casado con los encausados por espiar a Bárcenas que la exculpación de Cospedal no logra borrar

La dirección del Partido Popular y, en especial, su máximo líder, Pablo Casado, trataron de pasar página cuando, el pasado 29 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso fin a la instrucción de la Operación Kitchen, el caso del espionaje a Luis Bárcenas realizado con fondos reservados desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de borrar cualquier tipo de prueba que pudiera implicar al PP en otra causa por corrupción, la de Gürtel.

Ese día respiraron un poco más tranquilos porque, en contra del criterio de la Fiscalía, en su auto el juez Manuel García Castellón había archivado la causa contra la que fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, que fue la gran valedora de Casado en las primarias de 2018. Su apoyo fue decisivo para que el hoy líder de la oposición venciera en el proceso interno a su rival, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría., ya que tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Sáenz de Santamaría resultó vencedora y Casado quedó segundo–, Cospedal desplegó todo su poder orgánico para decantar la balanza a favor del actual presidente del partido.

Génova 13 pretende hacer ver que con esa exoneración a Cospedal por parte del juez, que se sumó a la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro –vinculado desde hace décadas al comisario José Manuel Villarejo– y a la del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó –al que Casado nombró como portavoz en el Senado nada más ganar las primarias–, el líder del PP quedaba libre de cualquier nexo con la trama corrupta. Sobre todo después de meses en los que la imputación de la que fue su principal apoyo en el proceso interno torpedeó los planes de Casado para romper con el pasado de irregularidades y causas judiciales por corrupción en el que se ha visto envuelto su partido en los últimos años.

“El juez ha dicho que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal no tiene ninguna responsabilidad, y creo que esto debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente. Esta dirección nacional es honesta, es transparente, y ha erradicado cualquier falta de ejemplaridad que pudiera haber en el pasado”, aseguró el propio líder del PP el día en el que se conoció el auto de García Castellón.

Cuando Casado y García Egea arropaban a Fernández Díaz

Casado y su equipo obvian, sin embargo, que los dos principales encausados de la trama a los que el magistrado instructor ha llevado a juicio, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz –ahora suspendido de militancia– y el que fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez –que dejó el partido en 2019–, tuvieron puestos en el PP cuando lo presidía el actual líder de los populares pese a que ya se había iniciado la investigación del caso y se conocían indicios de sus responsabilidades en el espionaje a Bárcenas.

Pese a su implicación Fernández Díaz, al que el juez considera como el principal responsable de la Operación Kitchen, fue designado por Casado como miembro de su dirección tras ganar las primarias. Le nombró secretario de Interior y Justicia de la cúpula popular aunque, ante el avance de la investigación abierta en los tribunales, el líder del PP se vio obligado después a no renovarle en el cargo tras las elecciones generales de 2019. En octubre de ese año, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, llegó a arropar a Fernández Díaz en la presentación del libro sobre sus memorias políticas al que también asistió Mariano Rajoy.

En cuanto a Martínez, Casado le mantuvo en su escaño del PP en el Congreso hasta pasadas las elecciones generales de abril de 2019, a pesar de que la investigación ya le situó en 2018 como uno de los principales responsables de la trama. La dirección de los populares, sin embargo, permitió que permaneciera como diputado del partido hasta el 21 de mayo de 2019, ya que le conservó como representante del PP en la Diputación Permanente, el máximo órgano de la Cámara Baja fuera del periodo de sesiones, aunque Casado no le incluyó en las listas para los comicios.

En el auto que se conoció el pasado 29 de julio, el juez considera que fue Jorge Fernández Díaz, y nadie por encima de él, quien “instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez”. Alude a documentación comprometedora para los dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, al que García Castellón no hizo referencia en su auto.

Francisco Martínez Vázquez, prosigue el magistrado en su texto de finales de julio, asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, otro de los encausados. Pino, a su vez, dice el magistrado, encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.

Los indicios sobre Cospedal

En su resolución, el magistrado archivó la causa respecto de Cospedal, su marido y su exjefe de Gabinete, José Luis Ortiz al señalar que, a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria en el caso, de estos tres “resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación”, solicitada por la Fiscalía.

La decisión de García Castellón se produjo después de que durante meses de instrucción se hubiese estrechado el cerco sobre la exsecretaria general del PP, que en noviembre de 2018 tuvo que renunciar a su escaño tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo. Dos meses antes, en septiembre de ese año, la dirección de Casado la había elegido como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta.

Durante la instrucción, tanto la Fiscalía, como el juez, como las agendas del comisario Villarejo señalaron a Cospedal como una de las principales responsables de Kitchen. A raíz del levantamiento del secreto de sumario, se conoció que el excomisario anotó en su agenda un plan organizado por la propia Cospedal y por el marido de ésta, Ignacio López del Hierro para colocar como jefe de la Policía al comisario en excedencia José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, la unidad de la que dependían los agentes que investigaron el caso Gürtel y siguen indagando en la caja B del PP.

En junio elDiario.es reveló además en exclusiva que Bárcenas encargó a un recluso con el que había compartido encierro en Soto del Real que destruyera las grabaciones que él conservaba en la 'nube' y que había hecho a Mariano Rajoy y Javier Arenas, en las que ambos aparecerían, según el extesorero, implicados en la financiación irregular del partido. Esas revelaciones del sumario concedieron en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal, aunque finalmente el juez no vio razones para llevarla a juicio.

El silencio de Casado y la marcha de Génova 13

Hasta el pasado 29 de julio, cuando se conoció el archivo de la causa contra la exsecretaria general, Casado evitó en todo momento hablar de la imputación de su gran valedora siendo consecuente con el compromiso que adoptó tras su última gran derrota electoral de hace solo seis meses, la de los comicios catalanes –en los que los populares se quedaron con solo tres escaños de 135 en el Parlament catalán y fueron superados por primera vez en unas elecciones por Vox, que logró 11 representantes–, que el líder del PP atribuyó exclusivamente a que la campaña de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional.

Entonces Casado tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad. “Ese PP ya no existe”, llegó a decir durante la campaña, aludiendo a las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos orgánicos.

Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP y anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, seis meses después, sigue no obstante sin materializarse aunque, el pasado 29 de julio, Casado –sin desvelar aún si el PP optará por vender, alquilar o intentar recalificar el edificio de Génova 13–, aseguró que las inmobiliarias y consultoras ya han presentado sus propuestas para la nueva sede, por lo que ahora su equipo deberá decidir cuál es la que más se ciñe a sus intereses.