Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Puigdemont estira la cuerda pero no rompe con Sánchez
El impacto del cambio de régimen en Siria respaldado por EEUU, Israel y Turquía
OPINIÓN | 'Pesimismo y capitalismo', por Enric González

Los partidos mandan y los diputados acatan

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez
13 de noviembre de 2021 21:52 h

18

“El que se mueve no sale en la foto” es una frase que se le atribuye a Alfonso Guerra -él siempre lo ha negado- que resume bien lo que significa militar en un partido, ser un verso libre, no seguir las consignas partidistas o romper la disciplina de voto. Para unos, lo que sigue tiene que ver con el déficit democrático de las organizaciones políticas. Para otros, sólo es la consecuencia lógica de un sistema de listas electorales bloqueadas, donde no se vota a candidatos sino a siglas. Hablamos, claro, de lo ocurrido esta semana en el Congreso, donde se produjeron hasta 11 votos díscolos en el recuento para elegir miembro del Constitucional, a propuesta del PP, a Enrique Arnaldo, un letrado en Cortes de dudosa idoneidad y escasa imparcialidad, cuyo nombre ha abierto todo un debate ético en las filas de la izquierda gobernante y ha vuelto a poner de manifiesto las deficiencias de una democracia imperfecta en lo que respecta al funcionamiento de los partidos y a su notable déficit democrático.

Ya saben que la opinión puede ser libre, pero el voto de su señorías no tanto. Todos, los 350, están sometidos a una férrea disciplina establecida por los reglamentos internos de los grupos parlamentarios que prevén sanciones por indisciplina de voto de hasta 600 euros. El socialista vasco Odón Elorza, el único que ha hecho público que no votó en pleno -aunque sí en comisión- la candidatura de Arnaldo se enfrenta probablemente a una de ellas. El resto de díscolos, del PSOE y de Unidas Podemos, no han sido identificados ya que se trataba de una votación secreta y telemática, por lo que difícilmente podrán ser multados.

Y todo esto a pesar de que no hay mandato constitucional que obligue a un diputado a votar al dictado. Todo lo contrario. La Carta Magna protege el voto en conciencia y rechaza que los miembros de las Cortes Generales estén sometidos a mandato imperativo. La jurisprudencia del Constitucional es otra cosa, ya que en ocasiones ha entendido que los partidos tienen relevancia constitucional y que, por tanto, sus parlamentarios están condicionados por la concurrencia en sus listas y por los programas electorales. 

Así como en otros países, por ejemplo EE.UU. o Reino Unido, los diputados se deben a sus electores, en España se deben a las direcciones de sus partidos, salvo que estén dispuestos a pagar una cuantiosa multa o dejar el escaño. Lo primero ha pasado en no pocas ocasiones en democracia. En el PSOE y en el PP, sobre todo. Lo segundo, que es asumir la consecuencias de la congruencia propia tan sólo se recuerda el caso del diputado del PP por Huesca Luis Acín, que entregó el acta en 2003 por un problema de conciencia con la posición de Aznar en la guerra de Irak. Y el del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no votar la investidura de Mariano Rajoy.

Lo de Acín ocurrió antes de que la oposición socialista de entonces forzase en pleno una votación secreta en la que no se registró una sola fuga entre los populares, pese a que muchos parlamentarios del PP fueron tremendamente críticos con la estrategia del Gobierno. Y lo de Sánchez, después de que el PSOE le apeara de la secretaría general y una gestora impusiera la abstención para que gobernara la derecha, después de dos elecciones generales y varios meses de bloqueo institucional.

“No puedo participar de un proyecto político que respalda las actuaciones de las tropas aliadas en Irak”, declaró entonces Acín, para quien la presencia del hoy ex presidente del Gobierno en la cumbre de las Azores, donde se decidió dar luz verde a la guerra, le supuso “un rechazo añadido a lo que ya de por sí significa cualquier guerra”.

 Sánchez, por su parte, lo anunció de este modo: “Comparezco para anunciar mi retirada como diputado. Estoy en profundo desacuerdo con facilitar el gobierno a Mariano Rajoy. Como muchos socialistas, mantengo mi no, firme y claro. De las dos opciones que me da la gestora no escojo ninguna: ni iré contra mi partido ni iré contra nuestro compromiso electoral. Dejo el escaño porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido”.

Sin deliberación interna antes de dictar el voto

Lo habitual es que, ante la falta de deliberación interna en los partidos antes de fijar el sentido del voto en el Congreso, sus señorías se despachen a gusto en los off the record con los periodistas. Los más atrevidos hasta declaran sus diferencias a micrófono abierto. Pero pocos son los que después osan romper la disciplina de partido y muchos menos, los que renuncian al escaño por sus principios. 

 “Si uno va en una lista electoral, se somete a lo que establece el partido”, ha dicho categórico el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, en relación a lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados. Bien lo supo Antonio Gutiérrez, el ex líder de CC.OO. que se sumó a la candidatura del PSOE de las elecciones de 2004 y de 2008 como independiente y se desmarcó hasta en tres ocasiones de la disciplina de voto por motivos de conciencia. La primera, en 2005, en la convalidación de un decreto por el que se indemnizaba a la UGT como parte de la restitución de los bienes incautados a ese sindicato en la Guerra Civil. Una entrega que para el sindicalista supuso una afrenta a CC OO. Solo hacía un año que este ex dirigente sindical se había incorporado a la órbita del PSOE, aunque sin afiliarse, al aceptar la oferta de entrar en la candidatura al Congreso por Madrid. En 2006, se abstuvo en la votación con la que se aprobó la reforma laboral de 2010 impulsada por Zapatero. Y en 2011 votó en contra de la reforma constitucional pactada entre PSOE y PP para incluir en la Carta Magna el techo de déficit. 

De Antonio Gutiérrez a Celia Villalobos

Reincidente como Gutiérrez, en las filas del PP, estaba por aquella misma época la sempiterna polémica Celia Villalobos cada vez que en el Congreso se votaba alguna iniciativa sobre derechos civiles. En 2005, la también ex alcaldesa de Málaga votó a favor de la Ley del Matrimonio Homosexual impulsada por el Gobierno de Zapatero y rompió así con la disciplina de voto impuesta por su partido, igual que sus correligionarios Alicia Castro y Gonzalo Robles, que se abstuvieron. Todos fueron sancionados con una multa de 300 euros, idéntica a la que la dirección del grupo impuso a los también populares Federico Trillo, Juan Morano, Luis de Torres y Francisco Villar por votar contra la ley del divorcio exprés, pese a que la consigna del PP era la abstención. En 2016, Villalobos volvería a ser apercibida por abstenerse en la reforma de la ley del aborto impulsada por el gobierno popular, aunque en aquella ocasión burló la multa al alegar un error involuntario, si bien dos años antes había votado a favor de una moción socialista que pedía la retirada del mismo anteproyecto de ley.

También los diputados murcianos Arsenio Pacheco y Alberto Garre rompieron la disciplina de voto en el Congreso durante la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por incluir el fin del trasvase Tajo-Segura.

En el PSOE han sido muchos los parlamentarios que a lo largo de la democracia han roto con la disciplina de voto. En 2005, el asturiano Álvaro Cuesta y sus compañeros de escaño Ángel Martínez Sanjuán y Francisco Garrido apoyaron una enmienda presentada por Izquierda Unida a los Presupuestos Generales del Estado en la que se pedía que se suprimiera la financiación por parte del Estado a la Iglesia y que se eliminara por tanto la casilla destinada a este concepto en el IRPF. Otros cuatro diputados -Victorino Mayoral, Juan Luis Rascón, Delia Blanco y Carmen Alborch- se abstuvieron. Y todos tuvieron que pasar por la caja del tesorero del grupo, después de que se les abriera un procedimiento sancionador.

El PSC y el derecho a decidir

Los 14 candidatos a diputado por el PSC que en las elecciones de 2011 obtuvieron escaño en el Congreso fueron sancionados en 2013 por votar a favor de una propuesta de CiU que instaba al Gobierno socialista a “iniciar el diálogo” con la Generalitat para la celebración de una consulta soberanista en Catalunya. Y el mismo año todos ellos afrontaron una nueva multa por abstenerse, y no rechazar como impuso la dirección del PSOE, una moción de UPyD contra “el derecho a decidir”, un asunto que ha desaparecido hoy de la retórica del socialismo catalán en clara demostración de que aquellos, los de entonces, ya no son los mismos.

Sin duda la indisciplina más sonora fue la de los 15 diputados socialistas -7 del PSC y 8 del PSOE- que en contra, no ya de la consigna de la dirección del grupo sino de un mandato del Comité Federal del partido- votaron contra la investidura de Mariano Rajoy por una cuestión de principios. El único que antepuso la conciencia a las directrices del partido, que unos días antes le había empujado a la dimisión como secretario general, fue como ya se ha recordado en estas líneas el hoy presidente del Gobierno. De no ser por aquello, probablemente Sánchez no hubiera ganado las primarias de 2017 a Susana Díaz ni las elecciones generales de 2019.

De ahí que hoy de nuevo sobrevuele en el marco de la política si el diputado debe guardar lealtad incondicional al partido al que pertenece o a sus principios. Hay quien defiende desde el mundo académico que una mejora en el sistema electoral de listas desbloqueadas permitiría individualizar los premios o castigos a los diputados y que así los votantes podrían escoger en su circunscripción al diputado que más haya cumplido con los compromisos adquiridos. Sin embargo, en el Senado ya se eligen candidatos y no siglas mediante un sistema de listas abiertas y los parlamentarios tampoco se salen del carril de la consigna que marque la dirección. 

Sin duda, hay debate y no parece que partido, donde la democracia interna escasea, esté dispuesto a entrar en el fondo del mismo. Y así seguirá siendo hasta que a otro Odón Elorza se le haga imposible la digestión en la segunda ingesta porque el vasco sí votó a favor de Arnaldo en la Comisión de Nombramientos hace una semana. Quizá ésta, después de que la dirección le apartase como portavoz en el pleno que ratificó la polémica candidatura al Constitucional, sí reparó en que «los ciudadanos nos pagan para ser diputados y ejercer de tales, no solamente ser correa de transmisión de lo que dice el partido», como ha declarado él mismo. Nunca es tarde...

Etiquetas
stats