El presidente de Iberdrola se ofrece a declarar en el caso Villarejo en vísperas de que Anticorrupción pida su imputación

La compañía eléctrica Iberdrola ha enviado un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, en el que pone a disposición del mismo la declaración de cualquiera de sus responsables, incluido el presidente Ignacio Sánchez Galán. El ofrecimiento de la compañía se produce ante la petición de imputación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que fuentes jurídicas aseguran se producirá en fechas próximas.

La compañía se queja de los “ataques” que está sufriendo “la reputación y el buen nombre de la compañía” por parte de exempleados y “competidores” desde que se abriera hace dos años una pieza de la causa Tándem para investigar los contratos de la eléctrica con el comisario Villarejo.

“La tramitación de la pieza 17 del caso Tándem ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la Compañía, lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación”, dice el escrito remitido al juez y del que se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Anticorrupción solicitará la imputación del actual presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y del expresidente de Iberdrola España Fernando Becker, según las fuentes consultadas. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional concluyó en un informe, incorporado al sumario de la pieza separada número 17 del caso Tándem, que Iberdrola pagó 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 al comisario José Manuel Villarejo para financiar una decena de operaciones encubiertas. El comisario realizó supuestamente labores de espionaje contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, por los que la primera eléctrica española le pagó 232.000 euros.

Iberdrola alega en su escrito al juzgado que la auditoría interna emitió dos informes “en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente”. 

En la nota a la CNMV, firmada por el secretario del Consejo de Administración, Julián Martínez-Simancas, se recoge: “Estas constantes sospechas afectan al buen nombre y reputación de mi representada. En este sentido, no es baladí recordar que Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del IBEX 35, y que las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la Compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado”·.