Los regalos de Raúl López: la última mancha en el comprometido álbum de Feijóo

El episodio de las botellas de Vega Sicilia –que el empresario del transporte Raúl López, con centenares de líneas de autobuses que trabajan para el Gobierno gallego a través de su empresa Monbus, envió al domicilio particular de Alberto Núñez Feijóo– es el último capítulo de las comprometidas relaciones que el presidente de la Xunta ha mantenido a lo largo de su carrera política con imputados por corrupción e incluso con personajes condenados por delitos más graves.

Feijóo es el dirigente que llegó a Galicia procedente del Gobierno central durante el invierno de 2003 en plena crisis del Prestige para incorporarse a la Xunta y renovar después las vetustas estructuras del partido heredadas de Manuel Fraga. Es el gestor que prometió en 2009 “acabar en un día con el caciquismo”, que persiste en la formación conservadora, sobre todo en Ourense, donde la saga Baltar ha hecho que el poder pase del padre al hijo.

El líder del PP gallego acumula un álbum de fotos que sus rivales políticos acostumbran a recordar cada vez que Feijóo decide presumir de regeneración democrática o acude a determinados foros en Madrid a dar lecciones a sus propios compañeros de partido.

Las imágenes más controvertidas son las que le sitúan a finales de los 90 en la Ría de Arousa a bordo del yate de uno de los capos del contrabando, Marcial Dorado, condenado años después por narcotráfico en la Audiencia Nacional. La amistad de Feijóo, en aquel momento prometedor discípulo de José Manuel Romay Beccaría -su primer padrino político y uno de los popes del ala urbana del PP gallego vinculado al Opus Dei-, se fraguó cuando el hoy presidente gallego ya ejercía como número dos de la Consejería de Sanidad de la Xunta.

Lo que el PP gallego y su presidente trataron de reducir a una foto de su juventud, fueron en realidad  años de viajes de placer a Canarias, Picos de Europa, Baleares y Portugal en compañía de un contrabandista que ya entonces había sido detenido en la Operación Nécora y cuya fortuna era archiconocida en las Rías Baixas.

La resaca de aquel escándalo en 2013 destapó las subvenciones que el Gobierno gallego había concedido a las empresas legales de Dorado y también la intuición del narco arousano, quien desde la cárcel de Topas (Salamanca) donde cumple condena declaró a El País: “Siempre supe que Feijóo llegaría lejos”.

Dorado no ha sido el único lamparón en la inmaculada hoja de servicios (tres mayorías absolutas consecutivas en Galicia en plena crisis) que Feijóo y su entorno esgrimen cada vez que se abre el debate sobre el relevo de Mariano Rajoy al frente del PP nacional.

Otro de sus amigos, Pachi Lucas, quien le acompañó en todas las campañas electorales, un habitual en la residencia presidencial de Monte Pío en Santiago al que los colaboradores de Feijóo presentaban como “amigo del presidente”, está imputado en un fraude millonario en cursos de formación financiados por la Xunta y el Gobierno central.

La llamada Operación Zeta abierta por el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña investiga el desvío de fondos millonarios programados para combatir el paro y mejorar la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Pachi Lucas no solo es uno de los 25 imputados en la trama. Los informes policiales lo señalan como “el abrelatas”, una especie de conseguidor que mediaba entre los beneficiarios de las ayudas (ingresaron 20 millones de euros, 15 de la Xunta y cinco del Gobierno central) y los dirigentes políticos. Según el informe policial elaborado por la Unidad de Delitos Ecónomicos y Financieros de la Policía Nacional, el amigo de Feijóo recibía de la trama “dinero por la práctica de gestiones de interés” como entrevistas “o la adjudicación y/o cobro de proyectos”.

Cuando en el Parlamento gallego el resto de partidos le reprocharon sus amistades peligrosas, incluidas también las que siguió cultivando desde la presidencia de la Xunta, Feijóo zanjó el debate con la siguiente frase: “Mis amigos son los intereses de Galicia”. Cualquier iniciativa parlamentaria del resto de partidos para investigar políticamente el fraude de los cursos fue aplastada por el rodillo de la mayoría popular que con sus 41 diputados cerró cada una de las intervenciones de su jefe de filas con bulliciosas ovaciones en la Cámara Autonómica.

Los regalos presuntamente realizados por el hombre fuerte del transporte en Galicia, Raúl López, que según Vigilancia Aduanera remitió al domicilio particular de Feijóo entre 2008 y 2013 y a otros dirigentes de distinto signo político como el exministro socialista José Blanco, estarían hoy prohibidos por el código ético que el propio presidente de la Xunta impuso en septiembre de 2014 a los altos cargos de su Gobierno y a los funcionarios.

Esta normativa interna impide a los trabajadores públicos y a los mandos políticos aceptar obsequios cuyo valor supere los 90 euros. Según Vigilancia Aduanera, Feijóo recibió entre 2010 y 2014 botellas de Vega Sicilia por valor de 2.565 euros, además de otros obsequios cuyo importe no especifica el informe policial.

El entorno del presidente intenta despejar el asunto alegando que los regalos que ha recibido Feijóo, también los que el empresario lucense envió a su vivienda personal, se utilizaron en “actos protocolarios de la Xunta”. La postura adoptada ahora por el líder del PP choca con las exigencias que él mismo planteó a sus rivales políticos, a los que ha reclamado dimisiones por las razones más diversas.

En 2009, por ejemplo, cuando Feijóo ya había empezado a recibir en su casa lotes de Vega Sicilia de Raúl López, el líder del PP reclamó la salida de la Xunta del entonces vicepresidente Anxo Quintana por aparecer en una foto, tomada años antes, en el barco del constructor Jacinto Rey que resultó adjudicatario en el concurso eólico.

Entre 2009 y 2013, los años en que Monbus mandaba esas generosas atenciones al presidente gallego y a otros miembros de esa Administración autonómica, la Xunta adoptó decisiones que afectaron muy directamente al conglomerado empresarial de Raúl López. Además de las adjudicaciones que recibió de la Xunta por valor de 13 millones de euros, en 2009 el Gobierno de Feijóo prorrogó por ley las concesiones del transporte urbano por carretera, muchas de ellas en manos de Monbus, hasta más allá de 2020. La polémica decisión fue cuestionada ya entonces por la Comisión Nacional de la Competencia y finalmente anulada por el Tribunal Supremo el pasado marzo.

Las pesquisas sobre los obsequios a Feijóo, que no está siendo investigado, son un hilo más de las sospechas que persiguen a Raúl López, involucrado en mil embrollos judiciales. Los atestados de Vigilancia Aduanera se han incorporado al sumario de la Operación Cóndor, abierto por la juez lucense Pilar de Lara y que indaga sobre presuntos cohechos y tratos de favor desde distintas administraciones públicas al industrial lucense, imputado en este caso y que ya fue detenido en un hotel de Sanxenxo en 2015 cuando se disponía a entregar 60.000 euros en dinero negro a otro empresario del sector.