Rechazan reforma a Ley Presupuesto de Honduras y OEA y EE.UU. piden derogarla

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) rechazó hoy la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Honduras, aduciendo que supone un “grave retroceso” en la lucha contra la corrupción, e instó al Congreso Nacional a derogarla, lo mismo que pidió EE.UU. y la OEA.

En un comunicado, el ente regional indicó que la reforma, aprobada el 18 de enero por el Parlamento hondureño, constituye “un grave retroceso” en los esfuerzos del país para sancionar el uso indebido de recursos públicos.

El argumento del Icefi es que el Congreso Nacional usó “el marco legal presupuestario para incluir disposiciones cuya aplicación podrían frenar la investigación conjunta” de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA, que el miércoles denunció un “pacto de impunidad” mediante la reforma.

El Icefi lamentó la decisión de los diputados, pues “acciones judiciales recientes están demostrando que su aplicación consolida la impunidad en Honduras, contrario a lo que el Congreso Nacional ha afirmado en cuanto a que esas medidas promueven la transparencia y rendición de cuentas”.

Según el ente, la reforma puede “contradecir normas constitucionales, la legislación procesal penal y la normativa orgánica del Ministerio Público y del organismo Judicial, vulnerando su independencia y autonomía, así como el ejercicio de la acción penal pública en casos de corrupción”.

Expresó además su preocupación por las consecuencias de la reforma, y tildó de “muy preocupante la retroactividad de la ley, que permitiría la proliferación de acciones judiciales como la ya acaecida, suspendiendo investigaciones y procesos judiciales en curso, así como las medidas coercitivas decretadas”.

La reforma, añade el Icefi, permitiría también “la imposibilidad durante los próximos tres años de perseguir penalmente los casos que sean objeto de la auditoría e investigación especial, que realice el Tribunal Superior de Cuentas”, pues durante ese plazo “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”.

Advirtió que la vigencia de esa norma propicia condiciones que, “aunque legales son ilegítimas”, “toleran que funcionarios públicos que hayan incurrido en uso indebido de recursos públicos no enfrenten las sanciones que establece la ley”.

Enfatizó que la reforma y sus “efectos nocivos” además “agravan la crisis de gobernabilidad prevaleciente en Honduras”, por lo exigió al Congreso Nacional una rectificación, lo que volvió a pedir hoy la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Heide Fulton, y el vocero de la Maccih, Juan Jiménez.

“El Gobierno de Estados Unidos ha sido partidario de las denominaciones en Honduras, (pero) creemos que esta ley aprobada la semana pasada facilita la impunidad de ciertas personas dentro del gobierno y de los miembros del Congreso Nacional”, dijo Fulton a periodistas.

La diplomática estadounidense instó al Congreso Nacional a “corregir” esa reforma, mientras el Parlamento creó hoy una comisión para aclarar a los diferentes órganos encargados de la investigación e impartir justicia los alcances de la misma.

Por su parte, el vocero de la Maccih dijo que espera que la comisión haga “una revisión y los correctivos necesarios” a la reforma legal.

“Eso afecta la línea de investigación y también afecta procesos de casos de corrupción”, subrayó Jiménez, quien dijo que la reforma legal cambia “las reglas de juego” en un procedimiento judicial.