32 reformas desde 1995: todos los Gobiernos sucumben a la tentación de tocar el Código Penal

Con la legislatura empantanada por falta de presupuestos -y socios para poder sacarlos adelante-, hundido en las encuestas por el ascenso de Ciudadanos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Partido Popular intentan recuperar la iniciativa política con el anuncio de un nuevo cambio del Código Penal. Esta vez para ampliar la prisión permanente revisable, la cadena perpetua reinstaurada en el ordenamiento jurídico en 2015 con los únicos votos del PP, a cuatro nuevos delitos: los crímenes en los que el asesino intente hacer desaparecer el cadáver, asesinato tras un secuestro, violaciones en serie, violaciones a menores y muertes en incendios intencionados, estragos causados en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear y elementos químicos con resultado de muerte.

Tocar el Código Penal es una práctica recurrente a la que han acudido todos los Gobiernos. La ley orgánica que regula las penas criminales que corresponden a cada delito y el modo en que se cumplen ha sufrido 32 modificaciones desde 1995. La mayoría para endurecerlo y muchas veces al calor de acontecimientos que han causado alerta en la opinión pública.

Como sucede ahora -y está por ver que el Gobierno de Mariano Rajoy encuentre apoyos para sacar adelante su propuesta en el Congreso, donde el resto de partidos, salvo Ciudadanos avanzan para derogar la prisión permanente revisable- con el asesinato de la joven madrileña Diana Quer que ha monopolizado durante semanas la programación de las televisiones y las portadas de diarios digitales.

El anterior cambio, precisamente para introducir la prisión permanente revisable, todavía está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional donde fue recurrida por toda la oposición.

No fue la primera vez. En 2003 el Partido Popular liderado por José María Aznar también decidió legislar a golpe de telediario para castigar el Plan Ibarretxe. El objetivo era castigar con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de consultas populares. Las enmiendas del PP fueron tumbadas por el Constitucional que determinó, ocho años más tarde, que el Partido Popular utilizó el trámite de una ley de arbitraje para cambiar el Código Penal. Si la historia no tuvo más relevancia fue porque esos cambios ya habían sido derogados (en 2005) tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder un año antes.

También en 2003 el Gobierno de Aznar sacó adelante otra reforma para que la pena máxima de cárcel en España subiese de los 30 a los 40 años. Lo aprobó el Congreso con los votos de PP, PSOE y Coalición Canaria. El debate político de aquellos días se centró en el terrorismo, en un momento en que ETA no había dejado de matar y con el mundo entero pendiente del terrorismo islámico. Con el PP hundido en los sondeos por su gestión de la guerra de Irak y del Prestige ganó algo de aire con eso. El endurecimiento de penas, y subir a 30 años de cárcel la máxima lo es y mucho, acostumbra a encontrar respaldo a la opinión pública cuando se agitan ese tipo de debates, por mucho que España (entonces y ahora) se encuentre entre los países más seguros de su entorno (solo Austria tiene hoy una tasa de homicidios menor en toda Europa).

Otros cambios han ido detrás de la evolución de la sociedad y de su propia delincuencia. En 2000 había legislado para castigar el uso de las armas químicas después de que los medios de todo el mundo empezasen a hacerse eco de la amenaza del bioterrorismo y los ataques con ántrax.

No todas las modificaciones de la legislación penal han estado encaminadas a un mismo objetivo. En 2004 el primer Gobierno de Zapatero sacó adelante la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género que tocó nueve artículos del Código Penal, que agravaba las sanciones a las amenazas, coacciones, lesiones o por quebrantamiento de condena. El texto supuso un antes y un después para hacer frente a la violencia machista con cambios en todos los órdenes, no solo en la represión del delito.

En 2006 también con los socialistas en el poder volvió a modificarse la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de Menores, una ley orgánica que básicamente ampliaba los períodos de internamiento de menores en los centros hasta cinco años a los que habría que sumar otros tres de libertad vigilada y abría la puerta a que pudieran seguir cumpliendo castigo al convertirse en mayores de edad.

El cambio llegó tras meses de polémicas televisadas relacionadas con el crimen de otra joven, Sandra Palo, cuya familia también se movilizó para pedir más mano dura una vez que se supo que entre sus asesinos había un menor de 14 años.

Otras veces los retoques tuvieron que ver con los propios avances de la sociedad. El Gobierno de Aznar también tuvo que despenalizar en 2002 los delitos relativos al servicio militar y la prestación social sustitutoria que suprimió aquel Gobierno.

En 2010, con el Gobierno de Zapatero todavía en el poder, hubo otra gran reforma del Código Penal que agravó el castigo a los delitos de corrupción, pederastia o terrorismo, pero hacía más livianas las penas para vendedores del top manta y el trapicheo a pequeña escala. Esa norma introdujo la figura de la libertad vigilada que se aplicaba a terroristas y delincuentes sociales y que obligaba a estos delincuentes a estar localizables mediante dispositivos electrónicos hasta durante cinco años tras salir de prisión. Ningún delito de terrorismo prescribe desde entonces.

Los casos frecuentes de sustracción de menores y algunos secuestros de niños por parte de sus progenitores hizo que en 2002 el Código Penal sufriese otra variación para permitir las órdenes de búsqueda y captura internacionales, así como la posibilidad de suspender la emisión de pasaportes en caso de menores en riesgo de secuestro“. El Código Penal estipuló una pena de entre dos y cuatro años. El debate venía condicionado por el caso de Myriam Esparaza que denunció el secuestro de su hijo, un niño vasco, al que su progenitor alemán se lo llevó a Yemen en 1998. La madre tardó más de un año en recuperar al pequeño.

En 2007 se tocaron otros ocho artículos del Código Penal en materia de seguridad vial que también agravaron los castigo para la conducción bajo los efectos del alcohol y las velocidades temerarias, dentro del plan del Gobierno de Zapatero contra la siniestralidad en las carreteras.

En 2010, en el epílogo de su mandato, aquel Gobierno socialista, sacó adelante la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la denominada ley del aborto que por primera vez establecía plazos: 14 semanas. El Partido Popular respondió con un recurso ante el Constitucional, que todavía no ha resuelto. Pero en toda una legislatura de mayoría absoluta decidió no tocar la ley. Ahí las encuestas están en contra.