El Senado regula el uso de la IA para parlamentarios y trabajadores

La inteligencia artificial es la herramienta digital de moda. Un cambio de paradigma y un salto para la humanidad, si se hace caso a expertos y publicistas. Existen innumerables sistemas para diferentes usos, con distinta procedencia y coste. 'Influencers' de toda índole monetizan vídeos que apremian a todo el mundo a no dejar pasar el tren de la modernidad que representan estos sistemas. Su uso está extendido en ámbitos empresariales, educativos y sociales. Pero entraña riesgos, especialmente para los poderes públicos. Al menos así lo entiende el Senado, que ha aprobado una prolija normativa interna que pone límites tanto a los representantes públicos como a funcionarios o trabajadores.

“Tiene sentido que el Senado utilice el potencial transformador de la IA para mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones”, asegura el documento, aprobado por la Mesa de la Cámara el pasado 16 de febrero. Según el texto, redactado por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que dirige Manuel Pereira, la IA permitirá “perfeccionar nuestras libertades en el marco del Estado de Derecho, así como la calidad de nuestra democracia”.

El problema es que no se está haciendo bien. “Nuestros parlamentarios y gente de la casa ya están usando la IA, y la están usando mal”, dijo Pereira en una jornada sobre el uso de esta tecnología que acogió el propio Senado. Porque la IA plantea “riesgos de diversa naturaleza, para los derechos y libertades, operativos, de seguridad o institucionales”. Entre otras cuestiones, la IA produce “información incorrecta o engañosa” en su forma generativa (es decir, los ‘chatbots’ que resuelven preguntas, los más utilizados). Mientras los “agentes dotados de autonomía”, es decir, los sistemas que toman decisiones, a veces dan órdenes “inadecuadas o incorrectas”. Por eso, apunta el documento del Senado, “la utilización o difusión” de la IA “podría ocasionar daños y comprometer a la institución”.

Los senadores y los trabajadores de la Cámara usan la IA a diario, pero no hay información sobre qué herramientas concretas se emplean. Desde el Senado apuntan a elDiario.es que se está “preparando la información sobre todos los sistemas que utilizan” esta herramienta “para publicarla en las próximas semanas en el Portal de Transparencia” de la institución.

La intención del Senado es hacer una “lista” con los sistemas de IA autorizados para su uso por el personal al que aplica la normativa: senadores y senadoras, personal funcionarial, laboral o eventual, así como “a cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección” de la institución. Las directrices aprobadas apuntan a dos tipos de herramienta: las de uso general y las que puedan tratar documentación o información confidencial. Para esta segunda las limitaciones que se plantean son amplias y pasan, principalmente, por exigir contractualmente a los proveedores que no utilicen al Senado para “entrenar” a sus herramientas.

El Senado presupuestó en 2026 96.000 euros para el “suministro de licencias de aplicaciones de Inteligencia Artificial”. Preguntados al respecto, la respuesta oficial de la Cámara es que se están “evaluando las distintas herramientas disponibles”, con especial atención en aquellas que tienen “capacidades de gestión y tratamiento documental, que es donde se espera que aporten mayor valor”. En los acuerdos se incluirán “cláusulas específicas sobre el respeto a la normativa de regulación de la IA, protección de datos, igualdad y derechos de autor”, según las mismas fuentes oficiales.

Dichos contratos con los proveedores deberán “garantizar que no se entrene el sistema de IA con los datos que se introduzcan por el personal del Senado”, especialmente con la información que no sea de carácter público. Dichos sistemas, apuntan desde la Cámara, “solo podrán ser utilizados por usuarios autorizados”. La institución también se plantea desarrollos propios a través de plataformas ya existentes.

Sobre estos proveedores se pronunció el director tecnológico del Senado en las jornadas sobre la IA antes mencionadas. Pereiro planteó que los procedimientos de contratación públicos son lentos y que la Cámara “no puede permitirse” una latencia de un año. “Hay que ser ágiles”, planteó. Y anunció que las contrataciones se harán por “convenio marco”, “sin necesidad de un procedimiento abierto” que pase “por la Mesa del Senado, la Intervención, la asesoría jurídica, etcétera” para dotar al proceso de “mucha agilidad”. La idea, dijo, es colaborar con alguna “empresa con la que ya se estaba trabajando con algún software” y se valoran “proyectos ejecutados ‘on premise”, es decir, en las propias instalaciones del Senado.

Posibles ataques y “supervisión” humana

La idea es “integrar la IA en todos los procesos internos”. Las 38 directrices aprobadas intentan acotar su uso, y plantean, por ejemplo, que “los resultados obtenidos” con el uso de la IA “siempre deberán ser supervisados por personas”, máxime si atañen “a los derechos y libertades o al funcionamiento institucional”. En caso de error, las personas no podrán escudarse en la IA para evadir su responsabilidad, que podrá incluso llegar al proveedor del sistema, “quien deberá asumir en su integridad estas directrices”.

El documento advierte también de que “los sistemas de IA pueden generar vulnerabilidades que podrían ser explotadas mediante ataques de terceros, con el fin de manipular los sistemas, redes o datos del Senado, comprometer su disponibilidad, o poner en peligro su confidencialidad y su fiabilidad”. 

El año pasado, el Senado fue el centro de una polémica por el despido de dos trabajadores del departamento que dirige Pereira por, supuestamente, haberse infiltrado en dispositivos electrónicos de representantes y trabajadores de la institución. La Fiscalía investiga los hechos. El senado se da seis meses para aprobar un régimen disciplinario para quienes incumplan las directrices.

Riesgo para los trabajadores

Una de las cuestiones que se planteó durante el debate en la Mesa del Senado previo a la aprobación de las directrices fue la afectación que el uso de la IA puede tener para los trabajadores. Es decir, que determinados puestos puedan ser sustituidos por una máquina.

Lo planteó la vicepresidenta segunda, Concha Andreu, tal y como recoge el acta oficial de la reunión. La representante del PSOE pidió “que se garantice que no se produzca una reducción de empleos como consecuencia de la aplicación de la IA”, y el documento aprobado así lo recoge: “Se tendrá especial cuidado en que no incida negativamente en la estrategia de recursos humanos de la Cámara”.

Pero la IA ya está afectando a trabajadores relacionados con el Senado, como expuso Manuel Pereira en las jornadas sobre esta herramienta. Citó tres ejemplos concretos: la transcripción automática de las sesiones, el subtitulado en tiempo real de las intervenciones y la traducción a lenguas oficiales. 

Tres tareas que hoy hacen personas y que pasarán a hacer máquinas, según dijo Pereira: “Lo queremos sustituir por una IA”.