Terroristas de día e interlocutores de noche

La ley de amnistía no se toca. El Código Penal, tampoco. Pero hay un nuevo giro de guion en la rocambolesca tramitación de la ley de amnistía. El Gobierno abre la puerta a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de instrucción que tienen los jueces y convencer así a Junts de que acepte la norma tal y como está redactada sin incluir todo los delitos de terrorismo y la traición. Que los de Puigdemont acepten o no el envite está por ver, si bien se trata al parecer de una vía ya planteada sin éxito a los neoconvergentes antes de que votaran “no” a la norma en el pleno del Congreso de los Diputados. 

Aun así, Pedro Sánchez está convencido de que la norma saldrá adelante y de que, entre todas las formaciones que la apoyan, se tendrá que encontrar una solución para ello porque “es constitucional, valiente y reparadora”. Más allá de ello, el presidente no se sale ni una coma del reiterado argumentario sobre una Catalunya en la que hoy se vive mejor, hay menos tensión y los ciudadanos desean una normalización que pase la página de los sucesos de 2017. ¿La alternativa? ¿El 155 permanente de Vox? ¿La ilegalización de partidos independentistas? ¿La guerra sucia de Rajoy?, se preguntó retóricamente para poner en evidencia la ausencia de soluciones de la derecha.

Puigdemont, que es quien decide en última instancia, es quien tiene que dar las respuestas. Y no sólo al PSOE, sino a todos los independentistas que en primavera deberán sentarse en el banquillo por el 1-0 y esperaban la entrada en vigor de la ley para no tener que pasar por ese trance. También a aquellos que dentro de su propio partido no acaban de entender el porqué de tumbar una norma que ellos mismos impulsaron y renunciar con ello al poder y la influencia en la política nacional que les otorgan los nueve votos con los que invistieron a Sánchez. 

El presidente ya ha dicho que, con amnistía o sin ella, la Legislatura seguirá adelante, pero una cosa es tener el Gobierno y otra muy distinta, poder gobernar. Y aquí entra en escena una solemne y reciente declaración de intenciones de Feijóo al Faro de Vigo: “¿Junts, socio futuro del PP? Dentro de la Constitución no nos cerramos a hablar. Es nuestra obligación intentarlo”. Con un par… por la mañana los llama terroristas, delincuentes y enemigos de España y por la tarde quiere negociar con ellos. ¡No hay mayor ejercicio de cinismo!

Que el PP negoció con Junts antes de la investidura fallida de Feijóo es algo que ya nadie puede negar y sobre lo que Esteban González Pons podría dar muchos detalles, si no tuviera esa relación tan oblicua con la verdad. Que sigue abierto un cauce de diálogo entre ambas formaciones es un secreto a voces entre propios y extraños. Y que Feijóo, como ha dicho Sánchez, habría alcanzado un acuerdo con los independentistas si no dependiera de Vox para gobernar es algo que todo el mundo puede imaginar sin temor a equivocarse. Ahí está el histórico de la derecha. ¿Dentro de la Constitución? ¿Acaso cree el líder del PP que Sánchez o cualquier otro presidente de Gobierno podrían negociar con alguien al margen de la Carta Magna? 

La diferencia entre unos y otros, entre Sánchez y Feijóo, está en la hemeroteca. Pasó con ETA y volvería a pasar si se diera el caso con el independentismo. Todos los gobiernos negociaron legítimamente con la banda terrorista. También los de Aznar, que es el único presidente que públicamente se comprometió a ser generoso con la banda asesina si dejaba las armas, el único que acercó presos a las cárceles del País Vasco en los años de plomo y el único que se refirió a la organización como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. 

Se sentó, dialogó e intentó negociar con ellos en Zurich, con el entonces obispo de Bilbao, Juan María Uriarte, de moderador. Todo sin dar cuenta a la opinión pública ni a la oposición de entonces, que nada le reprochó al respecto y mucho menos le acusó de traicionar a España o a los muertos. Zapatero fue el único jefe de Gobierno que llevó la decisión al Parlamento. También se sentó con los etarras, pero previamente solicitó para ello el aval del Congreso. Ni Suárez, ni González, ni Aznar lo hicieron antes. 

Con Puigdemont y los investigados por el procés pasaría lo mismo. No lo llamarían amnistía. Ni lo llevarían al Congreso. Al PP no le hace falta escudarse en una mayoría parlamentaria para mover los hilos en determinadas instancias judiciales. Cuando la derecha manda, la transparencia brilla por su ausencia, las conversaciones políticas se libran en cualquier reservado de hotel -recuérdese el pacto del Majestic- y si es necesario se habla catalán en la intimidad mañana, tarde y noche. Si la cosa se tuerce, siempre les quedará el control de la Sala Segunda del Supremo por detrás. Ignacio Cosidó, dixit. Y la prensa amiga, además, lo aplaudiría.