El Senado intenta dar por zanjada la crisis por el acceso irregular a ordenadores de senadores: “Ni hackeo, ni espionaje”
El Senado ha dado por zanjada este viernes la crisis de seguridad abierta por el acceso irregular de dos de sus trabajadores a equipos informáticos de la propia Cámara y, según se planteó en un primer momento, de algunos senadores. Este viernes se ha reunido la Junta de Portavoces para recibir las explicaciones del “director de TICS” del organismo, bajo cuyas órdenes estaban los dos empleados ya despedidos, y del instructor del expediente sancionador. Según un comunicado del Senado, ambos habrían incidido en el carácter “personal” y no político del acceso a los equipos: “Ni infiltración masiva de datos, ni hackeo, ni espionaje, ni acceso a datos o comunicaciones de los senadores”.
“No ha habido acceso ni a ordenadores ni a equipos ni tampoco se han usado claves de senador alguno”, han apuntado ambos, siempre según la nota oficial del Senado. Según las explicaciones públicas de la Cámara, los dos trabajadores accedieron a equipos oficiales del Senado y de otros empleados para lograr algún tipo de ventaja todavía no explicada en un proceso de consolidación de puestos de trabajo. Los dos eran personal laboral y no funcionarios, lo que aspiraban a lograr.
La crisis ha puesto en duda la reputación interna del Senado y de sus dirigentes. El Senado descubrió la infiltración en octubre de 2024, y no ha informado hasta mayo de este año, pese a presumir de “actuar pronto y con diligencia”. De hecho, la primera propuesta de sanción fue de tres meses de empleo y sueldo, pero al menos uno de los empleados volvió a cometer la misma irregularidad para buscar pruebas para sus alegaciones. Pese a ello, el Senado afirma en su nota de prensa: “El asunto se detectó de manera inmediata y también tras detectarse, se actuó inmediatamente dando respuesta al tema en el sentido de investigar, iniciar un expediente sancionador y cortar el acceso al portafirmas de los trabajadores”. El PSOE ha denunciado no haber sido informados en tiempo y forma, y ha logrado que se dé traslado del caso a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos, mientras desde el PP, que controla la Cámara con mayoría absoluta, se les ha acusado de “lanzar bulos”.
Por Aitor Riveiro
