Gerena suspende sus plenos hasta que se ejecute la sentencia que inhabilita a su secretario
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gerena será el único de un municipio español que, de momento, no abra sus puertas. Es la decisión a la que han llegado en este municipio sevillano de casi 8.000 habitantes donde se ha acordado suspender sus plenos municipales hasta que se aclare si tiene que ser cesado su secretario municipal, condenado a ocho años de inhabilitación por conceder una licencia en contra del ordenamiento urbanístico.
Se trata de una sentencia emitida por el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla que ratifica una condena a ocho años de inhabilitación contra el exalcalde, Jacinto Pereira, la exalcaldesa Margarita Gutiérrez, tres concejales, todos ellos del PSOE, y el secretario municipal, aunque en el caso de los cargos políticos todos han dimitido de sus cargos o no se presentaron a las últimas elecciones.
La sentencia se conoció a principios de agosto, con el secretario de vacaciones, y una vez abierto el curso político aún no hay en el consistorio información oficial sobre la ejecución de la sentencia, de modo que se ha decidido parar la actividad plenaria, en la que el secretario es elemento indispensable para dar fe de lo que se discute y aprueba.
Desde el Ayuntamiento se ha explicado a eldiario.es/andalucia que ya se ha acordado entre el alcalde y la Junta de Portavoces la suspensión del pleno ordinario previsto para este jueves, además de que la acusación particular, ejercida por el partido Independientes Por Gerena (IPG) ha pedido una aclaración de la sentencia “para conocer los términos exactos de la inhabilitación de este funcionario”.
Por ello, “como pueden pasar semanas antes de que llegue esa información y se tenga que ejecutar la sentencia, se ha decidido suspender el Pleno”, de modo que los asuntos previstos para septiembre se pasarían al mes de octubre, y así sucesivamente hasta que se aclaren todos los términos de la sentencia.
No se sabe cuando será esto, pero de momento todos los grupos políticos del Ayuntamiento, PSOE (que gobierna), IU, PP e IPG, han tomado una decisión sin precedentes a la espera de que todo se aclare judicialmente.
Desde el Ayuntamiento se apunta a que lo que se persigue es darle a los plenos toda la legalidad que merecen, sin resquicio alguno a que la sentencia pueda afectar a un acuerdo adoptado legalmente. De momento parece claro que el secretario tendrá que dejar su puesto y habrá que buscarle un sustituto cuanto antes. Hay algunos precedentes de pueblos que comparten secretario en circunstancias concretas, una posibilidad que en Gerena aún no se contempla, a la espera de que, al menos, se ejecute la sentencia.
Una licencia que acabó ante un juez
Los condenados concedieron el 17 de junio del 2008 una licencia de obras para la reforma y ampliación de una vivienda en la zona de Los Zarzalejos pese a que el arquitecto municipal informó desfavorablemente porque las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como “urbanizable sectorizado”.
Entonces, no se había aprobado el documento de planeamiento, por lo que no era posible comprobar que se cumplían los parámetros urbanísticos, aunque el secretario del Ayuntamiento emitió un informe contemplando como viable la licencia.
La sentencia señala que la decisión se tomó pese al informe en contra del arquitecto municipal, y los condenados “votaron unánimemente autorizar la licencia; tenían por tanto conocimiento del informe del secretario-interventor y del informe desfavorable del arquitecto”.
Entre los condenados se encuentran cuatro concejales socialistas que entonces formaban parte de la Junta de Gobierno, entre ellos la entonces alcaldesa Margarita Gutiérrez, y la sentencia cita que “todos los acusados estaban concertados para la comisión de los ilícitos, por los que han sido condenados, pues fue el propio alcalde el que solicitó el informe al secretario”.
Los condenados fueron denunciados por el grupo Independientes de Gerena y en su defensa sostuvieron que la licencia fue otorgada ante los informes contradictorios de dos técnicos municipales y para no discriminar respecto a otras obras autorizadas en la misma calle, en un fallo que incluye el pago de una multa de 4.500 euros por parte de cada uno.
