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Las acciones legales que anuncian los Franco para frenar la exhumación del dictador son inviables

Los expertos de Derecho consultados coinciden en que no se puede parar esta decisión a través de una demanda en los juzgados ordinarios, al tratarse de una decisión adoptada por decreto ley 

La única posibilidad estaría en la oposición de la Iglesia a la exhumación o un recurso de 50 diputados ante el Tribunal Constitucional, que tampoco suspendería la acción

La familia Franco atribuye a Sánchez los delitos de prevaricación y profanación de sepultura en un burofax donde amenazan con acciones penales

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Francis Franco

Francis Franco EFE

Los nietos de Franco no pueden frenar la exhumación de su abuelo el dictador. Para intentar el boicot al desentierro necesitan ayuda de terceros, como la Iglesia o partidos políticos. Y aun así lo tendrán complicado. La familia Franco no tiene "fundamento jurídico" para alegar contra el proceso iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, según expertos consultados por eldiario.es.

¿Existe alguna vía que complique la  operación para sacar el cuerpo momificado de Franco del Valle de los Caídos? Sí. Que la Iglesia católica se oponga al estar enterrado en un lugar de culto. Según los acuerdos Iglesia-Estado, los religiosos son los únicos competentes para autorizar la entrada en un lugar sagrado. Otra opción que impediría la exhumación sería que el propio Ejecutivo incumpla el procedimiento diseñado como sustento legal, abriendo a los afectados la opción de presentar recurso.

Respecto a la primera vía, la cúpula eclesiástica ya ha dicho que  "acatará el mandato legal" y el Vaticano no se opondrá a la exhumación de Franco, según ha podido conocer este periódico. De hecho, la Iglesia ha hecho acatar al prior del Valle la decisión, ya que en un primer momento  este religioso se opuso a la exhumación blandiendo un documento notarial que le hicieron llegar los familiares de Franco.

Sobre la segunda vía, no parece factible que el Gobierno de Sánchez se salte la senda marcada en el  decreto ley que reforma la Ley de Memoria Histórica y facilita la extracción de la momia de Franco de Cuelgamuros, a menos que concurriera un error involuntario.

¿Y si los nietos del dictador denuncian en un juzgado la exhumación? Esta decisión tampoco paralizará el blindaje legal aprobado en el Consejo de Ministras. Además, como los decretos leyes solo pueden ser recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), solo cabría que el propio Ejecutivo apele contra su propia decisión… o que lo hagan 50 diputados o senadores, aunque esta última maniobra no suspende la aplicación de la norma.

Los Franco, en manos de Iglesia y PP

Los Franco "no tienen opciones" para actuar contra el real decreto ley, apunta Rafael Escudero Alday, profesor de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. "Y si –los Franco– van a un juzgado ordinario, ¿qué denuncian? ¿Qué norma entienden vulnerada? ¿Qué derecho?", cuestiona. Porque "no hay fundamento legal para presentar alegación", según otras fuentes jurídicas consultadas por este medio.

Una mujer junto a la tumba del general Francisco Franco, en el Valle de los Caídos / EFE

Una mujer junto a la tumba del dictador Francisco Franco. | EFE

Pero la familia del dictador sí ha apelado a la cúpula eclesiástica y al Partido Popular para que luchen contra la exhumación. La "única posibilidad" real de paralizar la decisión está en manos de la Iglesia "al estar la tumba de Franco en la Basílica y por tanto un lugar de culto que se considere inviolable y donde no se puede intervenir, pero en principio están de acuerdo y no van a poner pegas", alude Rafael Escudero.

"El tema está en que el procedimiento está regulado por un decreto ley que solo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional", explica Escudero Alday. "Y un particular no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad", continúa. Los Franco necesitan entonces el apoyo "de 50 diputados, senadores o el Defensor del Pueblo… pero esa vía no la tienen abierta, a no ser que PP por ejemplo quiera presentarlo", apunta. Si el partido de Pablo Casado acude al TC, este recurso "no tiene efecto suspensivo" sobre el decreto, pero esta opción no parece tampoco factible porque se van a abstener en la votación, según ha anunciado el PP, en lugar de votar en contra, para evitar quedarse solos y dar argumentos políticos al Gobierno. 

La momia de Franco, "cosa de nadie"

"Franco, en términos jurídicos, es res nullius, cosa de nadie, como un objeto abandonado o que nunca fue de nadie", señala otro experto en derecho. Y explica el concepto: "El cadáver no estuvo nunca en poder de la familia, el Gobierno se lo entregó a su majestad y el rey, con poderes dictatoriales porque todavía no era constitucional, decidió enviarlo al Valle de los Caídos".

Ahora, prosigue, "el rey actual lo saca y se lo entrega a la familia". Porque la momia de Franco está "en Patrimonio Nacional, no en una propiedad privada". En este escenario "con qué legitimidad van a alegar" los nietos de Franco, pregunta. Los restos cadavéricos "no cumplen la Ley de Memoria Histórica actual ni el decreto de los años 40 que configuró el Valle de los Caídos".

Franco (i) en una visita al Valle de los Caídos junto al arquitecto, Pedro Muguruza Otaño (d), en 1940 / EFE

Franco (i) en una visita al Valle de los Caídos junto al arquitecto, Pedro Muguruza Otaño (d), en 1940 / EFE

"La democracia puede sacar lo que la dictadura puso", resume, y "una denuncia en un juzgado ordinario no puede paralizar decreto ley". La familia ganaría un argumento sólido "si el Gobierno se salta el procedimiento que ha estipulado, ahí sí el particular afectado podría recurrirlo, pero esa vía también está cerrada", opina Rafael Escudero. "Los escenarios son esos pero con los jueces nunca se sabe", avisa, no obstante, con el telón de fondo del fallo en el caso del golpista Sanjurjo que estaba enterrado en la cripta del Monumento a los Caídos, un edificio propiedad del Ayuntamiento de Pamplona con derecho de usufructo del Arzobispado, y sobre el que ambos actores habían acordado que dejara de ser lugar de enterramiento.

Aunque los descendientes del militar golpista anuncian que  agotarán "todos los recursos legales" para evitar que el cuerpo embalsamado de Franco salga de Cuelgamuros, sus opciones son casi nulas. Otra de las vías que adujo el prior en sintonía con la familia fue que se denunciaría al Gobierno si sacaba el cuerpo contra la voluntad de la familia por "profanación de tumbas". La abogada Isabel Elbal puntualiza que ese es un delito que implica "ofender un sentimiento familiar, de pertenencia a una comunidad", y aplica en casos diferentes, como desenterrar un cadáver para robar en la tumba, o hacerse una foto y mofarse... "En este caso no se ofende el sentimiento familiar porque tiene un cariz político, no de mancillar el honor".

eldiario.es ha intentado contactar telefónicamente con la familia Martínez-Bordiú Franco, a través de Francis Franco, para saber cómo pretenden frenar la exhumación y a qué acciones legales se refieren, sin obtener respuesta. Mientras, el Gobierno de España acorta los plazos para sacar al dictador del Valle de los Caídos.

La "esperanza" de los nostálgicos de Franco

El Gobierno tiene claro que ni posibles demandas de los descendientes del golpista o de la Fundación Franco trastocarán los planes. Aunque el armazón legal diseñado para ejecutar la exhumación del dictador ha obligado a retrasar el desentierro y abre periodos de alegaciones "a los interesados".

Los descendientes del golpista intentarán usar esta vía para dilatar o paralizar la operación pero el Ejecutivo quiere culminar el proceso antes de fin de año. Una cuestión por resolver será precisamente qué argumentos usan los nietos de Franco contra la extracción del cuerpo embalsamado de su abuelo.

"Bajo ningún concepto la familia Martínez-Bordiú Franco colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del Gobierno plasmada en el Real Decreto Ley aprobado", han señalado en un comunicado. Reiteran su "más firme y unánime oposición" al traslado y defenderán sus "legítimos derechos", anuncian.

Y exigen que el Gobierno les entregue los restos cadavéricos "para proceder a darles cristiana sepultura como corresponde a la fe en la que vivió y murió nuestro abuelo, sin perjuicio de persistir en la defensa de los derechos que nos corresponden".

Mientras, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) mantiene la amenaza de denunciar la exhumación. La sociedad franquista acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la "posible" comisión de delitos como "prevaricación y usurpación de funciones" e incluso de "profanación de sepultura ubicada en lugar de culto", en un escrito firmado por el vicepresidente de la organización y nieto del dictador, José Cristóbal Martínez Bordiú y Franco.

La Fundación Franco había depositado sus esperanzas en el PPCiudadanos y la Iglesia. Ambos partidos, sin embargo, se abstendrán en la futura votación en el Congreso. El presidente de la fundación, Juan Chicharro, acusa a los populares de "revertir la historia" con esta decisión.

La FNFF tenía "esperanza" en la oposición eclesiástica a la exhumación. Pero el llamamiento decae porque la Iglesia católica española "acatará el mandato legal" que fija el Real Decreto Ley que amplía la Ley de Memoria Histórica y permitirá abrir la tumba del dictador al establecer que "solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil". Franco murió en 1975.

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