Una alumna con dislexia deja de estudiar porque se niegan a adaptarle los exámenes
Después de cuatro años estudiando Bachillerato ha decidido abandonarlo. Las únicas asignaturas que le quedaban para obtener el título, Filosofía y Lengua, se han convertido en su peor pesadilla. Así que tras dedicar los dos últimos trimestres en exclusiva a ellas, ha desistido. “Me esforzaba hasta donde llegaban mis límites y no obtenía resultados”, cuenta Lucía (nombre ficticio).
Esta joven de 21 años tiene dislexia, como el 15% de la población, según los datos que aporta la asociación madrileña de este trastorno neurobiológico. “Mi cabeza va más deprisa que mi mano y se me mezclan las cosas”, resume. Y cuenta que pidió a los profesores de esas dos materias que le adaptasen las evaluaciones. “En otros institutos sí que me lo han hecho”, justifica. Incluso en el mismo centro público madrileño en el que ha estado estudiando el Bachillerato de Artes, otros docentes han sido más comprensivos y sí que han adaptado los exámenes a su dislexia: “Como tengo mucha memoria fotográfica, la profesora de Historia del Arte me daba las presentaciones de Power Point, o el profesor de Historia de España me corregía resúmenes que le entregaba. Hasta he conseguido aprobar inglés, que se me da fatal”.
Según denuncia su padre, desde el primer día les dejaron claro al llegar al centro que Lucía iba a tener que esforzarse más que el resto de sus compañeros: “Ella debería tener un asesoramiento pedagógico. Pero lo primero que nos dijeron es que en Bachillerato no hay, porque como no es una educación obligatoria, no la adaptan a personas con discapacidad”. Sin embargo, en aquel momento eso no le desalentó; ella tenía claro que para poder dedicarse al Diseño de Interiores debía aprobar Bachillerato. Ahora esos planes se han torcido.
Que a una alumna con dislexia se le examine de forma “ordinaria” es “como si una persona que tiene miopía no usa gafas para hacer los exámenes. ¿Y por tener miopía le vas a suspender? No, ponle las gafas y verás cómo aprende”, explica Cristina González, logopeda, que lleva 18 años trabajando con niños con problemas de aprendizaje. “Los disléxicos no cometen faltas porque les da la gana. Tienen un problema para interiorizar las normas ortográficas”, apunta Araceli Salas, fundadora de la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM). Las dos coinciden en señalar que “se podría abrir la mano” porque a día de hoy los correctores de los editores de texto ayudan a reducir los errores ortográficos.
Educación inclusiva, a la baja
En casos como el de Lucía la inclusión no requiere de un gran desembolso económico, consiste en encontrar a docentes sensibilizados con los problemas en el aprendizaje. Las soluciones pasan por realizar exámenes orales, agrandar el tamaño de letra, colocar las preguntas en hojas diferentes o aumentar el tiempo de los exámenes. “Oralmente te lo cuentan y retienen todo, el fracaso llega a la hora de transcribirlo”, señala Cristina González. “No pedimos que le regalen nada, estamos solicitando que le adapten las evaluaciones y que no tenga que abandonar sus estudios por encontrarse problemas en dos asignaturas”, explica Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), cree que en este caso Lucía ha sido discriminada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el departamento de Lucía Figar niega que hayan excluido a Lucía, comentan que la Inspección educativa ha concluido que “el centro ha puesto a su disposición las adaptaciones precisas y que el hecho de no superar los exámenes no tiene nada que ver con que no tenga los refuerzos o adaptaciones necesarias”. FAMMA lleva varios cursos siguiendo este caso, intentando que la dirección del centro adapte las evaluaciones para que Lucía tenga acceso a una educación inclusiva e indican que en ningún momento “han visto plena disposición de colaboración”.
Además, Font destaca la poca sensibilidad de la consejería de Lucía Figar con los asuntos relacionados con la discapacidad.“No está en su primera línea de trabajo. Ahora mismo la inversión en educación inclusiva se encuentra en el nivel más bajo de los últimos diez años. La falta de recursos nos ha llevado a la eliminación de profesores y de personal de apoyo para alumnos con discapacidad”, prosigue el presidente de FAMMA.
No es la primera vez que colectivos de personas con discapacidad protestan por las actuaciones del departamento de Figar. El año pasado denunciaron públicamente que Educación había recurrido una sentencia que le obligaba a contratar a una docente de apoyo para que ayudase a una profesora ciega de la Escuela Oficial de Idiomas a corregir los exámenes escritos. Incluso la Defensora del Pueblo le recriminó en el último informe anual la vulneración de la Convención de la ONU que protege a esta población, al haber denegado personal de apoyo a una alumna, afectada por una grave discapacidad motora, para que participase en una actividad extraescolar para la que había sido seleccionada por sus buenos resultados académicos.
