El primer juicio por un bebé robado evidencia la batería de trabas que lastra el resto de casos

Este martes ha arrancado el primer juicio por un caso de bebés robados que se celebra en España. La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que determinar si el 6 de junio de 1969 el ginecólogo Eduardo Vela regaló una niña recién nacida a la familia que crió a Inés Madrigal. “Este caso nos sirve para determinar que el robo de niños existió”, asegura Soledad Luque una de las fundadoras de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. El proceso pone en evidencia las trabas para que avancen el resto de casos de presuntos bebes robados. No existe una cifra fiable sobre posibles afectados.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo elaboró un informe a finales del año pasado en el que aseguró que no puede conocerse el número de víctimas y lamentó “el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas afirman haber sufrido”. La investigación iniciada por Madrigal ha conseguido derribar la mayoría de los obstáculos que se encuentran los denunciantes de estos casos. Estas son algunas de las dificultades a las que hacen frente estos colectivos:

Edad de los principales acusados

El temor a que fallezcan los principales acusados de los casos que se están investigando es muy recurrente entre las asociaciones de bebés robados. Madrigal expuso ese sentimiento antes de que la Audiencia Provincial de Madrid concretase una fecha para la apertura de juicio oral. De hecho, la edad avanzada de los testigos claves ya ha sido acusada en este procedimiento porque su madre adoptiva ha fallecido. Esta mujer reconoció los hechos ante magistrados, fiscales y periodistas pero finalmente no su relato no podrá ser escuchado durante esta vista.

Estos colectivos recuerdan el caso de María Gómez Valbuena, conocida como Sor María, la primera investigada en todo el proceso, que falleció sin sentarse en el banquillo. Los dos casos en los que estaba investigada fueron archivados. “Como consecuencia del fallecimiento de la única imputada” y al “no existir pruebas suficientes” para imputar a otras personas, el juez acordó el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas.

Prescripción de delitos

Estos casos, que se produjeron –según los colectivos denunciantes– desde la posguerra hasta los 90, se encuentran con la dificultad judicial de seguir adelante si los magistrados determinan que el delito ha prescrito. A esta argumentación se volvió a aferrar la defensa de Vela antes de que comenzase este martes el juicio.

Luque remite a una circular elaborada por el fiscal general del Estado en 2012 para asegurar que en estos delitos existe un “carácter permanente”. En ese documento, el Ministerio Público aseguró que las causas abiertas por el robo de bebés entre 1959 y 1990 no prescriben hasta que no se haya cumplido una década desde que la víctima se enteró de su condición.

“Significa algo muy importante. Hasta que no aparece la persona desaparecida no empieza a contar el margen de prescripción”, incide Luque. A pesar de contar con ese refuerzo, la portavoz de Todos los niños robados son también mis niños destaca que solo es vinculante para los fiscales, pero no tiene el mismo carácter en las audiencias provinciales. “Hay audiencias como la de Huelva o Cádiz en las que se archivan todos los casos alegando la prescripción”, reseña.

Los eurodiputados que estudiaron el año pasado este tema plantearon a las autoridades nacionales que investigasen “de manera efectiva y eficaz”, sin aplicar “ninguna amnistía al respecto”, “los posibles delitos relacionados con los casos de los niños robados acontecidos durante la dictadura franquista como los acaecidos posteriormente”.

Falta de pruebas

Otra razón que aboca a los archivos de estos casos es la falta de pruebas documentales para poder seguir adelante con estos casos. Desde los colectivos de bebés robados inciden que en el caso de Madrigal la justicia ha seguido adelante porque el doctor Vela reconoció su firma en la partida de nacimiento de esta mujer durante el proceso de instrucción. Así se lo ha recordado este martes la representante del Ministerio Público al ginecólogo, después de que éste se retractase de esa respuesta.

“El documento que yo le he mostrado es un documento que certifica que usted atendió en 1969 en el parto a una señora que tuvo una niña. Con el tiempo se averiguó que todo era falso, que esa niña no era hija de esos padres. ¿Le suena?”, ha insistido la representante del Ministerio Público. “No le suena nada”, ha concluido sobre este tema.

Luque lamenta que sean las denunciantes las que tengan que aportar la documentación para conseguir que las causas se sigan investigando. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo coincidió con esta activista en este planteamiento y recomendó a las autoridades nacionales “que la Fiscalía General del Estado sea más proactiva, actuando de oficio en estos casos, a fin de evitar que la carga del proceso judicial recaiga sobre las víctimas”.

Obstáculos en las investigaciones

Sobre las labores de análisis que están realizando estos colectivos, Enrique Vila, presidente de SOS Raíces Adoptados, recordó en el Congreso que “se necesitan documentalistas, abogados, investigadores que aglutinen y rescaten las cajas de los archivos”. En una jornada que se celebró este lunes, titulada Bebés robados, toda una vida buscándose, Vila hizo un repaso por los obstáculos que se van encontrando sus compañeros en archivos públicos, privados y eclesiásticos.

“Puedo acreditar que las instituciones [públicas] en las que se practicaron partos no saben lo que tienen en sus archivos. He llegado a encontrar libros de maternidad del siglo XVIII y sin embargo hay libros de maternidad del siglo XX que han desaparecido misteriosamente”, apuntó Vila en el Congreso. Por eso instó al Estado a “que saque lo que tiene”. También aprovechó su comparecencia para criticar duramente la actitud que está manteniendo la Iglesia, asegurando que se niegan a abrir sus archivos y reivindicó el papel que jugaron curas y monjas en estos casos.

“La participación determinadas órdenes religiosas como auxiliares de enfermería durante la segunda mitad del siglo XX en la totalidad de los hospitales fue una práctica habitual, quien quería adoptar a un hijo e inscribirlo como hijo falso acudía al cura o a la monja de su pueblo”, reseñó.