Cifuentes, Carmena y el PSOE instan a actuar contra el autobús tránsfobo de Hazte Oír
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la región el caso del autobús de Hazte Oír que este lunes recorrió la ciudad con un mensaje tránsfobo estampado. “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva” o “si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”, son algunas de las frases.
En la petición hace mención a que el autobús podría estar vulnerando la legislación vigente y se insta a tomar medidas en caso de que se estuviera incurriendo en delito.
Cifuentes ha indicado en una entrevista en Televisión Española que le parece “completamente impresentable” y que la campaña tiene una “finalidad”, que es “una provocación absoluta”. Además, ha solicitado a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve también a la Fiscalía por si es constitutivo de delito. El Partido Popular declaró en 2013 al grupo ultracatólico “de utilidad pública”, en una disposición del BOE firmada por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Lo mismo ha pedido el PSOE, el traslado del caso a la Fiscalía para que investigue si hay delito. El grupo socialista municipal de Madrid también ha pedido actuaciones contra la campaña por ser “contraria a la dignidad y los derechos de los menores transexuales” y por considerarla publicidad ilícita.
En el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena “está actuando” para que el autobús de Hazte Oír con lemas tránsfobos deje de circular por las calles de Madrid, al considerar que, además de ser una campaña “violenta y ofensiva”, incumple las ordenanzas municipales de movilidad y de publicidad, como ha explicado la portavoz, Rita Maestre.
Por su parte, el colectivo madrileño en defensa de los derechos LGTBI Arcópoli ha presentado un escrito de denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid contra el autobús.
Acusa al grupo ultracatólico, que ya ha anunciado los días del mes de marzo en los que el autobús recorrerá otras ciudades españolas, de cometer “una infracción grave” recogida en la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada el pasado año, y que sanciona la realización de actos “que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género”.
La norma contempla sanciones para este tipo de vulneraciones que van desde los 3.001 a los 20.000 euros, además de la posibilidad de prohibir el acceso a ayudas públicas de la Comunidad de Madrid o contratar con la Administración.
El autobús de Hazte Oír tiene “como pretendida finalidad la invisibilidad de las personas transexuales y transgénero, rechazando de plano su existencia, y difundiendo un mensaje de menosprecio, humillación y pretendida ocultación, sin otro menester que el de aislarlas del resto de la sociedad”, asegura el colectivo LGTBI en su escrito.
Violencia hacia el colectivo trans
El grupo ultracatólico incluye en el bus “que no te engañen” en referencia a las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en varias comunidades autónomas y a la campaña que hace unas semanas lanzó la organización de familias de menores trans Chrysallis. La organización mantuvo en las marquesinas de Euskadi el mensaje “Hay niñas con pene y niños con vulva”, refiriéndose a que la identidad de género no la determinan los genitales.
Para Arcópoli estos mensajes fomentan la estigmatización del colectivo, que se enfrenta a altos niveles de discriminación y violencia. A principios de febrero, una mujer trans que huyó de Honduras tras ser amenazada por su activismo LGTBI fue agredida en el barrio madrileño de Vallecas. Los resultados del mayor informe realizado en Europa sobre derechos del colectivo, elaborado en 2012, arroja cifras como que el 62% de los trans europeos han sufrido acoso y el 54% se ha sentido discriminado.
El autobús de Hazte Oír ha generado muestras de rechazo muy contundentes en las redes sociales y entre los colectivos en defensa de los derechos de las personas transexuales. La Plataforma por los Derechos Trans ha pedido a la Fiscalía que actúe por considerarlo un delito de odio.
“Los esfuerzos que muchas comunidades autónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas transexuales”, asegura la presidenta, Mar Cambrollé.
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