Desahuciados por una hipoteca con cláusula suelo
Ramón y Consuelo llevan desde 2006 batallando con el banco para poder mantener su casa en Torres de la Alameda, un pequeño municipio madrileño del Valle del Henares de apenas 8.000 habitantes, donde echaron raíces. Allí todo el mundo les conoce. La pareja, que en la actualidad tiene cuatro hijos de 13, 10, tres y dos años, sabe lo que es un desahucio porque se ha visto amenazada con su ejecución en más de una ocasión.
Lo que no conocían era lo que es una cláusula suelo. Ahora sí. Este miércoles se enfrentan a un nuevo intento del Banco Popular de echarles de su vivienda. La PAH de Arganda se está volcando para evitarlo. “Están metidos en el laberinto del Minotauro”, cuenta Carlos, portavoz de la plataforma, que relata los pormenores de la situación por la que han pasado en nombre de ellos.
La historia de Ramón y Consuelo comenzó en 2006. Entonces Ramón tenía un trabajo estable en una empresa de cerámica de la zona. Decidieron comprar una modesta y antigua vivienda en el pueblo, una casita de dos plantas, cada una de 30 metros cuadrados, que había servido de cuadra y como cámara de almacenamiento a los primitivos dueños.
En la oficina del banco todo fueron facilidades. La primera tasación de la vivienda se hizo por encima de los 150.000 euros, “un disparate”, afirma el representante de la PAH.
El préstamo hipotecario se cerró finalmente por 75.000 euros, a 30 años. Pero el estado semirruinoso de la vivienda les obligó casi inmediatamente después a pedir otro crédito de 15.000 euros para acometer algunos arreglos y poder habitar la vivienda. Tampoco hubo problemas. En total, la cuota mensual por ambos créditos ascendía a 430 euros.
Sin embargo, ambos contratos escondían una trampa: cláusulas suelo idénticas, en las que se estipulaba que los intereses que iban a pagar mensualmente por ambos créditos jamas bajarían del 3,5% por mucho que bajase el euríbor, como ha podido comprobar eldiario.es. Recientemente la justicia europea ha dictado que se devuelva el importe de estas cláusulas a los clientes.
La vida de la pareja transcurrió tranquila hasta que Ramón se quedó en paro en 2008. Siguieron pagando los recibos del banco durante casi los dos años siguientes. Pero al finalizar el periodo del cobro de la prestación por desempleo surgieron los verdaderos problemas. Por entonces los gastos domésticos habían aumentado con dos hijos ya en casa. En ese momento, la pareja subsistía a duras penas con la renta mínima de inserción de 400 euros que le ha concedido la Comunidad de Madrid a Consuelo.
Comer o pagar las letras
Lógicamente, con esos ingresos no pueden afrontar el pago de las cuotas del banco. “La disyuntiva era o comer o pagar las letras”, afirma la pareja, que deja la interlocución de su caso a la PAH. La situación se fue complicando pero gracias a la venta de algunos objetos personales lograron ponerse casi al día con la entidad bancaria que, como solución para el futuro, a su vez les ofrece una rehipoteca de 11.000 euros, una solución “que les hundió más en el pozo”, explica nuevamente Carlos, el portavoz de la PAH.
En 2013 no pudieron afrontar más pagos. Finalmente se vieron obligados a entregar la casa en dación en pago a la entidad bancaria, que la transfirió a la inmobiliaria ALISEDA, con la que opera en estos casos. La inmobiliaria les fijó un nuevo contrato de alquiler de 200 euros al mes, a lo que debían sumar otros 89 euros de la deuda que les coleaba de la rehipoteca con el banco, “una mochila”, en el argot de los abogados antidesahucios.
Pero Ramón y Consuelo tampoco pudieron afrontar los pagos. Y al dejar de pagar les ha llegado una orden de desahucio fijada para este miércoles.
“El banco les ha ido haciendo toda clase de pirulas. Les han mareado pero ellos no han dejado de pelear por su caso y entre todos vamos a conseguir que no se ejecute este injusto desalojo”, afirman en la PAH de Arganda.
Ramón tiene ahora 35 años y Consuelo 31. No tienen dónde ir. La familia espera un milagro este miércoles, una tregua para estudiar alguna alternativa de vivienda digna “como recoge la Constitución”, señalan, para no tener que quedarse en la calle con cuatro hijos en pleno invierno.
Este lunes, la PAH presentó un escrito en el juzgado numero 7 de Arganda en el que solicitan que el desahucio se suspenda al menos hasta la finalización del curso escolar para proteger los derechos de escolarización de los hijos de la pareja.
La Plataforma también trabaja para reclamar al banco la devolución de las cantidades cobradas por las cláusulas suelo y abusivas que contienen los dos contratos, o bien para que se les compense en la deuda que todavía les reclama la entidad.
El Banco Popular explica que la política del banco es no dar datos de clientes concretos, por confidencialidad, pero añade que en estas situaciones extremas “siempre se intentan buscar soluciones para evitar que los afectados tengan que abandonar la vivienda”, dice un portavoz.
“Antes del desalojo forzoso se negocia un alquiler social, a precio muy bajo”, afirma. Respecto a la cláusulas suelo, el portavoz del Banco Popular indica que la entidad está dispuesta “a estudiar caso por caso” dado que la sentencia europea es muy reciente.
