Todavía hay 40.000 enfermeras en España que no pueden recetar tras 12 años de la ley que les autorizó a hacerlo

En un país en el que para comprar un paracetamol de 1 gramo se necesita receta médica, solo pueden prescribir los médicos, los odontólogos y los podólogos. ¿Y las enfermeras y enfermeros? Todavía no del todo. Mientras poco a poco se ha ido facultando a los profesionales de la enfermería para recetar, tras la aprobación de la ley que les permite hacerlo, en las comunidades autónomas de La Rioja y Galicia todavía no pueden hacerlo. Y en las de Madrid y la Región de Murcia solo se han acreditado a las que trabajan para el servicio público de salud.

Esto supone que haya unas 38.700 enfermeras y enfermeros en España que todavía no pueden extender una receta (16.700 porque trabajan en las dos Comunidades en las que aún no se les ha habilitado y 22.000 porque lo hacen en el ámbito de la sanidad privada en Madrid y Murcia). Esta situación genera desigualdades territoriales y es “discriminatoria” para la enfermería de la sanidad privada, según denunció el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia el pasado mes de enero, cuando se acreditó la prescripción solo para el Sistema Murciano de Salud.

“Ha sido un camino largo y tedioso”, explica José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. Este camino arranca cuando en el año 2009 se modifica un artículo de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios de 2006, abriendo la puerta a que enfermeros y fisioterapeutas puedan autorizar la dispensación de determinados medicamentos con receta, en el marco de la atención integral de salud y la práctica clínica y asistencial. Pasaron seis años en los que esta indicación no era otra cosa que palabras sobre un papel. En 2015, un Real Decreto aprobado por un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, que venía a desarrollar lo indicado por la ley, despertó el rechazo frontal de la profesión, fue calificado de “traición” e incluso de “antiprescripción” porque recortaba la autonomía de los enfermeros.

Pasaron otros tres años para que la profesión lograra la modificación de esta última ley, y finalmente se estableció que los profesionales de la enfermería podrían acreditarse para prescribir recetas con una experiencia mínima de un año y bajo una regulación que deberían desarrollar las comunidades autónomas. “Eso ha ralentizado el proceso”, aclara José Luis Cobos, pues cada Autonomía lo ha ido haciendo con ritmos y formatos diferentes. “Por supuesto, la COVID nos ha retrasado aún más. Más vale tarde que nunca pero el proceso ha sido lento y ha entorpecido la labor asistencial a los pacientes”, añade.

Mientras el Consejo de Enfermería murciano no veía “ninguna razón que avale que solo aquellos profesionales que hayan ejercido su labor en la sanidad pública pueden acceder a esta competencia”, el portavoz del Consejo profesional analiza que debido a los sistemas de registro y documentación es “más fácil” empezar por el sector público. 

Todo ventajas

Tiene tres grandes consecuencias el acreditar a las enfermeras para prescribir recetas: un reconocimiento profesional parejo a su responsabilidad, la agilización del sistema desde el punto de vista del paciente y la eficacia en costes.

Noelia Sanz Vela es una de las enfermeras de Atención Primaria que desde el 4 de mayo ya pueden recetar en Madrid: “Cada vez tenemos mejor formación y podemos asumir más responsabilidades y competencias” explica, indicando que hasta ahora había un exceso de trabajo a la hora de prescribir el material de curas, ya que ellas deciden qué hay que hacer y como hacerlo, “pero luego hay que dirigirse a los compañeros de medicina para que sean ellos quienes lo firmen”. “Es absurdo que nosotras le enseñemos a un paciente a autorregularse la insulina pero que nosotras no podamos regulársela, o que una persona en su casa se automedique con un analgésico, pero que nosotras no se lo podamos prescribir”, dice la enfermera. Según las reglamentaciones, las enfermeras, salvo en las comunidades y las áreas indicadas anteriormente, pueden prescribir medicamentos y productos médicos en el ámbito de los cuidados generales y de los cuidados especializados de enfermería obstétrico-ginecológica, del trabajo y de salud mental, así como en aquellas otras especialidades en cuyas plantillas se encuentre incluida la enfermería.

“Las enfermeras ya están acostumbradas a tomar este tipo de decisiones y la norma les da una cobertura legal —dice Cobos— que ayuda a agilizar el sistema de salud para que los pacientes no tengan que dar vueltas dirigiéndose a la enfermera, luego al médico y de nuevo otra vez a la enfermera. La prescripción enfermera no solo ahorra molestias al paciente sino costes al sistema, ya que se reducen el número de visitas al médico”. Y esa sería la tercera de las ventajas. Un estudio comparado 2010-2019 en Andalucía de los datos de prescripción de absorbentes de incontinencia urinaria, tiras reactivas y apósitos —los tres productos más recetados por las enfermeras—, indicaron una mayor eficiencia cuando son las enfermeras las que los recetan, con un ahorro en costes de estos productos de un 21% para las tiras, un 18,5% para los apósitos y un 4,1% para los productos absorbentes, según los datos de PiCuida, la Red de Cuidados de Andalucía creada por el Servicio Andaluz de Salud.

En cambio, para el otro colectivo sanitario para el que se abrió la puerta a la prescripción en 2009, el de los fisioterapeutas, los avances han sido muy escasos en estos doce años. Hay un proyecto de Real Decreto sobre la mesa del Ministerio de Sanidad que todavía necesita mucho trabajo por delante. La prioridad para el Ministerio era la enfermería y ahora podría llegar el momento de los fisioterapeutas, los cuales demandan poder prescribir analgésicos, antiinflamatorios o unos simples bastones de apoyo. “No tenemos tanto interés en prescribir, pues no es la función de la fisioterapia, como en poder quitar o reducir una pauta si lo vemos necesario”, indica José Casaña, del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, para lo que necesitarían la misma cobertura legal que ahora tienen las enfermeras. “Los relevos políticos en el Ministerio de Sanidad, así como la COVID, ha ralentizado el proceso”, añade.