La Universidad Carlos III contrata para defenderse en el caso de los falsos becarios a los abogados de Deliveroo

Cartel con el mapa del campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, en Madrid a 22 de noviembre de 2019.

La Universidad Carlos III (UC3M) se va a gastar 84.700 euros en defenderse del acta que le ha levantado la Inspección de Trabajo por el supuesto uso fraudulento de becarios. La UC3M va a contratar para ello los servicios de Sagardoy Abogados, el mismo bufete que está defendiendo a Deliveroo de sus riders y el que llevó el ERE de Coca Cola (con poco éxito en ambos casos).

La Inspección de Trabajo reclama a la universidad 1,5 millones de euros en concepto de cotizaciones salariales por haber estado utilizando becarios para hacer las labores que tendrían que estar haciendo empleados del centro, según argumenta el organismo de control laboral. En concreto, la inspección ha cambiado de oficio la categoría laboral de los becarios, que actualmente en teoría están contratados por la universidad aunque no tienen contrato alguno firmado y la UC3M no reconoce esta relación laboral. Trabajo ha levantado acta a la universidad madrileña por el uso de 570 becarios en los últimos cuatro años, más de 200 de ellos activos en el momento de la visita de los inspectores.

El caso aplica a los estudiantes con becas extracurriculares, aquellas no relacionadas con los estudios específicos y que se desarrollan en servicios como las bibliotecas de los campus o los servicios de atención a estudiantes, entre otras muchas. No es la primera universidad que recibe la visita de la Inspección de Trabajo por esta causa: la Autónoma de Madrid ganó en julio en primera instancia un juicio por las mismas causas que seguramente no ha agotado su periplo judicial: habrá recurso de Trabajo y de los propios becarios de la UAM.

Una relación con historia

Sagardoy es un bufete con amplia experiencia en asuntos laborales y especializado en procedimientos de despidos. Además, asesoró al Gobierno del PP para realizar la última reforma laboral, que entre muchos otros recortes de derechos laborales facilitó y abarató los despidos. Entre sus clientes más recientes están la plataforma de reparto a domicilio Deliveroo y Coca Cola, con los que no ha tenido demasiado éxito.

No es la primera relación de este bufete con la Carlos III. Durante varios años, Sagardoy financió una cátedra de investigación en la UC3M que dirigía Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la universidad y que estuvo empleado en el bufete.

Tampoco es la primera vez que lidia con un asunto laboral en la Universidad. En 2014 se encargó de un ERE que planteó la Universidad Politécnica de Madrid por el que amortizó 301 puestos de trabajo y que el Tribunal Supremo acabó validando.

Este diario ha preguntado a la universidad por qué se gasta 84.700 euros en contratar un bufete de abogados cuando tiene un servicio jurídico propio –como todas las universidades–, pero no ha obtenido respuesta.

En el caso de Deliveroo, Sagardoy está encargada de justificar que los riders de Deliveroo son autónomos y no existe una relación laboral con la empresa. No ha sido capaz de ganar ni un solo juicio hasta la fecha, mientras Glovo, la competencia, sí ha obtenido alguna victoria parcial. El abogado que ha llevado la defensa de Deliveroo, Jorge Travesedo, fue cocinero antes que fraile: dirigió la Inspección Territorial de la Inspección de Trabajo en Madrid antes de pasarse a Sagardoy.

Al bufete no le fue mucho mejor con el ERE de Coca Cola. La empresa quería despedir a 821 trabajadores, pero tras cinco años de lucha, el Supremo acabó tumbando el expediente.

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Publicado el
16 de enero de 2020 - 18:18 h

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