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Juliana y el modelo contra el sinhogarismo que recomienda Europa y que en España solo comienza a despegar

Juliana, en la cocina de su piso de Carabanchel.

Belén Remacha

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Los últimos 20 años de Juliana, que nació en Madrid hace 52, han sido un salto tras otro. A los 32 años tenía un negocio, “trabajaba 16 horas al día, viajaba, siempre estaba buscando algo nuevo”. En febrero de aquel año, tras la barra, comenzó su adicción al alcohol y a la cocaína fumada, lo que le llevó a, en septiembre, pasar su primera noche durmiendo en la calle. De ahí fue a parar durante unos meses a un poblado chabolista, Las Barranquillas, y a vivir un periplo por albergues de la capital. La Asociación Reto la acogió 16 años, primero como paciente, luego como voluntaria: “Me daba miedo salir”. Cuando finalmente salió de Reto le ayudaron en Alcóholicos Anónimos, desde donde la atendieron en servicios de psiquiatría. De los servicios de psiquiatría y asistida por una trabajadora social, el salto fue al piso del barrio de Carabanchel.

Ese piso es un primero espacioso, da a un patio de vecinos enorme y lo comparte con otras tres personas. Lo gestiona la Fundación HOGAR SÍ. Forma parte de una red de “viviendas para hombres y mujeres mayores de edad de hasta los 65 años en exclusión y riesgo de exclusión social, sin alternativa de alojamiento”. Juliana de aquí entra y sale, se prepara en ofimática para complementar la formación sociosanitaria que adquirió mientras estaba en Reto, busca trabajo, sigue tratándose de problemas de adicción y se prepara para una operación de estómago. “Soy una persona que he cometido errores y ahora estoy en una lucha por reincorporarme al día a día. Yo había tenido trabajos, pero salí del centro como un marciano: no sabía usar un ordenador, porque ahí me habían atendido, pero no ayudado a adaptarme al mundo real”, cuenta.

Lo que valora de este piso es “que siento que no me tratan como un número”. Lo que más teme, “volver a la calle. Para mí eso significa consumo. Lo mío es una enfermedad y como tal hay que entenderla. Nunca te curas del todo y a la primera copa puedes volver a no parar y los 18 años de recuperación pueden no servir para nada. Volver a la calle es también miedo: como otras mujeres, yo me acostumbré en los albergues a dormir con un tenedor o cuchillo al lado de la almohada. Yo era de las que antes pensaban que si alguien vive en la calle será porque quiere. Y luego vi que no es así: me parecía a un animal enjaulado, gritaba y nadie me hacía caso”.

En el piso de Juliana se han montado un cuadrante de división de tareas semanal. Se organizan así porque quieren: una administradora, Mamen, pasa cada semana a comprobar que la convivencia va bien –“con unos me llevo mejor que con otros, pero estamos bien”– y que las facturas y la logística están en orden, pero ellos se gestionan como quieren. La filosofía la resume el director general de HOGAR SÍ, José Manuel Caballol: “La gente nos pregunta qué pueden hacer en sus casas. Y les respondo: ‘Piensa en lo que puedes hacer tú. Pues ellos también. Si montas una fiesta y molestas a los vecinos, vas a tener que afrontar un problema, pero no te van a echar de un piso solo por eso. Si vendes drogas o haces otras cosas ilegales, igual sí. Se trata de que son ciudadanos de pleno derecho, y sin tiempo límite”.

Las “puertas giratorias” institucionales

Las viviendas compartidas como la de Juliana forman parte de la modalidad Housing Led; también existe la Housing First, individuales, para personas con experiencias largas de sinhogarismo y que tienen necesidades específicas por problemas de salud mental, adicciones o discapacidades. Ambos son sistemas recomendados por el informe del Jurado de la Conferencia Europea de Consenso ya en 2010.

Estos métodos, alternativos a los tradicionales albergues, comenzaron a principios de los 90 en EEUU, se han desarrollado en algunos países como Finlandia hasta abarcar al 35% de la población sin techo, y en España están aún en pañales. En todo el territorio, en total, hay casi 600 viviendas, 500 individuales, según datos de HOGAR SÍ –otras asociaciones gestionan también algunos–. Actualmente hay 31.000 personas sin techo en todo el Estado, también según su Fundación y en base a cálculos que proporcionan los ayuntamientos. “Las soluciones habitacionales suponen una minoría de las plazas para personas sin hogar, la mayoría siguen siendo institucionalizadas”, explica Caballol. Y las instituciones, esos tradicionales albergues y centros como a los que acudió Juliana, “no dan respuesta adecuada: la cifra crece lejos de decrecer”.

Uno de los problemas del extendido abordaje a través de instituciones es que a la mayoría de personas le pasa precisamente lo que a Juliana: van saltando de lugar en lugar sin encontrar una solución estructural y definitiva. “Son puertas giratorias, se va de institución en institución. Tienen dos problemas principales. El primero es que son lugares con muchas normas, lógico cuando no hay recursos y hay 200 plazas y solo 10 profesionales. Y es un problema grave teniendo en cuenta que están dirigidos a personas que no tienen capacidad para seguir unas normas tan rígidas. El segundo es que no son lugares estables, el tiempo es condicionante, ya sea el máximo un mes, 6 meses o 15 días”. Los resultados en España del Housing First y Led “aún se tienen que evaluar”, pero en otros países, “el 85% de las personas que pasa por aquí tiene buenos resultados en todos los baremos y sigue con vivienda dos años después de abandonar esta”.

Para que se extienda el formato, como para todo, hace falta dinero que lo sustente. Los anteriores Presupuestos Generales del Estado (PGE), los pactados por el anterior Gobierno monocolor del PSOE con Unidas Podemos y que no salieron adelante, incluían una partida de 5 millones para estos proyectos, recuerda Caballol: “Pedro Sánchez se comprometió pero, con la paralización del Gobierno, estamos ahora en el punto en el que lo dejamos. Estamos en conversaciones y están por la labor desde el Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona o el Consell de Mallorca”. Fundación La Caixa les cedió este año seis de las viviendas, pero eso tiene que ser, esperan, solo “un primer empujón” hasta lograr la ayuda institucional y los recursos que permitan que un modelo de readaptación como el que vive Juliana se implante en España.

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