EEUU y la UE quieren desmontar el principio fundacional de Internet que exime a las plataformas de lo que hagan sus usuarios
Si publicas amenazas en Facebook quien va a responder ante el juez eres tú, no Facebook. Si enalteces el terrorismo en tu blog y acaba en Google, al que citan en la Audiencia Nacional es a ti, no a Google. Si publicas imágenes íntimas de tu expareja en una página porno porque te ha abandonado, sus desarrolladores no se van a sentar en el banquillo contigo. Para lo bueno y para lo malo, este principio ha sido una de las normas más determinantes para que Internet se desarrollara como lo ha hecho desde que se impuso hace dos décadas, pero ahora tanto la Unión Europea como EEUU, que entonces consideraron que tenía mucho sentido, se preguntan si sigue encajando con la red actual.
En la UE este precepto de exención de responsabilidad de las plataformas digitales está protegido en tres artículos de la directiva de comercio electrónico. Pese a su nombre esta regula mucho más que los intercambios económicos a través de Internet y, más que un texto legal, en los próximos meses se va a parecer un avispero. Bruselas quiere renovarla (fue aprobada hace unos 20 años) y ha abierto la puerta a cambiar esos tres artículos, poniendo a todo el mundo en alerta: “Puede ser muy problemático. Es tocar lo que en un momento dado, a finales de los 90, se consideró una norma clave para el desarrollo de Internet tal y como lo conocemos ahora”, avisa Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión y profesor del centro Internet y Sociedad, de la Universidad de Standford.
Que las plataformas puedan lavarse las manos en cuanto al contenido tóxico ha supuesto una gran ventaja para la red y, a la vez, un gran problema. Por un lado es un potente escudo para los derechos fundamentales, al establecer lo que se conoce como un “puerto seguro” para los usuarios. Asegura que solo los tribunales puedan entrometerse en su libertad de expresión. Exceptuando casos extremos como el terrorismo o la pedofilia y aquello que quede fuera de sus políticas de uso (como los pechos de las mujeres, en el caso de Facebook) las plataformas dejan hacer y decir a sus usuarios lo que quieran con la tranquilidad de que solo ellos serán responsables de sus acciones.
El problema es que estas reglas del juego conciben la red y los servicios que le dan forma como elementos neutrales. Dos décadas después, tanto Internet y su infraestructura como los Google, Facebook, YouTube o Twitter han demostrado que de neutrales no tienen nada. “No son actores pasivos. Si YouTube te intenta ofrecer contenidos cada vez más radicales es para tenerte enganchado a la pantalla porque tiene un interés en ello que sale de su modelo de negocio”, explica Diego Naranjo, responsable político de European Digital Rights (EDRi), organización que vigila el respeto a los derechos fundamentales en la red desde Bruselas.
Sigue el rastro del dinero
Las plataformas digitales diseñan el entorno donde se produce el debate digital. Estas empresas ganan dinero gracias a las interacciones de sus usuarios y los contenidos que generan más interacciones, más negocio, son los que hacen aflorar sentimientos extremos. Es mucho más fácil enfadar que cautivar a una persona, por lo que los algoritmos de las empresas que dan forma a Internet tienen tendencia a llenar la red de exabruptos, discurso de odio, propaganda o teorías de la conspiración. Uno de los resultados son las noticias falsas, que suelen ser un cóctel de todo lo anterior.
Esto ocurre mientras las plataformas digitales que provocan la situación se enriquecen gracias a ella. La UE y EEUU plantean ahora que si son ellas las que se llevan el dinero, sean ellas las que se encarguen de vigilar y, cuando se les escape algo, se tengan que hacer responsables de ello. Sus planes aún están en pañales pero ya elevan varias dudas. Una es que “puede situar a las directivas en la regulación de contenidos”, adelanta Barata. Políticos controlando el discurso de los ciudadanos en el red.
La policía de Internet
Además, se corre el riesgo de convertir a las multinacionales digitales en los justicieros de Internet. “Es cierto que a día de hoy que una gran parte de las plataformas suponen un serio problema para los derechos fundamentales. Por la alta concentración de poder que tienen, por la desinformación y por el ad tracking [publicidad segmentada basada en los datos personales que extraen de sus usuarios] en el que se basan, pero es un problema del modelo de negocio”, opina Naranjo.
“Creemos que es un momento correcto para poder atacar ese problema de modelo de negocio sin dar a las compañías más poder todavía para que sean la policía y los jueces de Internet”, continúa el miembro de EDRi. Es decir: impugnar el negocio digital basado en torpedear el derecho a la privacidad en vez de meter mano a la libertad de expresión en la red.
No obstante, la UE parece más inclinada por la opción de dotar a las plataformas digitales del poder legal de censurar contenidos. Es el camino que tomó en la polémica directiva de copyright aprobada en marzo. En ella se autorizó a las empresas que permiten subir contenidos a sus usuarios a poner filtros automáticos para para evitar que ningún contenido de la red viole el copyright. El texto provocó numerosas críticas por la incapacidad de los filtros automáticos para detectar usos permitidos de los contenidos protegidos, como la parodia o la crítica. “El gran tema de los próximos cinco años va a ser la renovación de esta directiva. Al nivel de la de copyright o del GDPR [Reglamento General de Protección de Datos, por sus siglas en inglés]”.
Trump y la “neutralidad”
Se espera que la Comisión Europea publique una propuesta definitiva sobre la que empezar las negociaciones entre finales de 2019 y principios de 2020. En el borrador filtrado la Comisión Europea propone el término de que las plataformas digitales se tendrían que hacer responsables del “contenido dañino” publicado por sus usuarios, sin especificar qué es exactamente “dañino”.
En EEUU el debate sobre la nueva regulación de Internet está abierto desde la explosión del escándalo de Cambridge Analytica y representantes de las principales empresas digitales acuden regularmente al Senado a contestar las preguntas de sus miembros. Allí, Donald Trump ha propuesto el término “neutralidad”: si las plataformas no velan por la “neutralidad” del discurso público, serán castigadas. Todo ello se enmarca en la denuncia del empresario contra las multinacionales digitales, a las que acusa de impulsar una ola “anticonservadora”.
Según confirmaron varios medios en agosto, la Casa Blanca prepara un decreto para instar a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) a desarrollar reglas sobre cómo y cuándo deben las redes sociales eliminar o suprimir contenidos. “Fue un globo sonda”, estima Joan Barata. “Lo que está claro es que hay muchas voces diciendo que hay que cambiar la regulación de las plataformas para darles más responsabilidad y obligarlas a hacer más cosas. Pero tampoco hay nada claro sobre la mesa”.
