TAFTA: La crisis como excusa para volver a intentar restringir libertades
El nuevo acuerdo bilateral entre EEUU y LA UE, denominado TAFTA, parece querer invocar la situación de crisis económica para volver a incorporar en su redacción los términos ampliamente rechazados del ACTA. Las comisiones encargadas de su redacción, vuelven de este modo a incorporar los mismos asuntos a proposito de propiedad intelectual y derechos de autor. Ya en la negociación de CETA, acuerdo bilateral entre la Unión y Canadá que espera cerrar antes de fin de 2013, se volvieron a recoger dichas ideas. Filtraciones por parte de miembros de las comisiones redactoras, apuntan a que incluso se pretende atacar licencias como las Creative CommonsCreative Commons, auténtica bestia negra de los paladines de una propiedad restrictiva.
No satisfecha con la IPRED, una directiva que persigue las infracciones respecto a la propiedad intelectual en un sentido amplio, desde patentes a derechos de autor y copias de obras digitales, la Comisión Europea ha mantenido una constante presión en la dirección de endurecer el marco legislativo. Así lejos de valorar los aspectos positivos de compartir conocimientos y la colaboración propias de una sociedad abierta, los responsables de las negociaciones para políticas de mercados internacionales, aprovechan las mesas de dichos tratados parta incorporar aspectos que restringen libertades.
La revisión de IPRED, en paralelo a estos acuerdos, abunda también en dichos parámetros. En lugar de encargar un estudio riguroso acerca del impacto de estas medidas en la creación y difusión cultural, se alinea con la industria del entretenimiento, recogiendo literalmente sus exigencias. En cualquier caso, la amenaza de la crisis, es una excusa bien pobre para calzar unos términos democráticamente inadmisibles.
Pasado un año del rechazo por rechazo de ACTA por el Parlamento Europeo, tras destaparse los términos de la negociación y trasladarse el debate a una ciudadanía que se movilizara masivamente en su contra, la visión dogmática que los miembros de la Comisión Europea se mantiene intacta al respecto. El argumentario ambiguo a propósito de las garantías a un supuesto derecho a la propiedad intelectual de bienes inmateriales no se sostiene una vez conocido a qué grupos interesa esas restricciones, precisamente en acuerdos que buscan la apertura de mercados internacionales.
La influencia del lobbie de la producción de contenidos en los responsables europeos es muy evidente. Tanto la UE como España, a diferencia de EEUU, carecen de una regulación específica a propósito de estos grupos de presión y el dinero que movilizan para influenciar en decisiones políticas que afectan a organismos representativos capaces de legislar. Los propios marcos legislativos nacionales, como HADOPI en Francia, o la Ley Sinde-Wert, y Ley Lassalle en España, apuntan a una clara influencia por parte de intereses de la industria de los contenidos norteamericana. La embajada de dicho país, tal y como revelaran las filtraciones de Wikileaks, actuó de forma activa a favor de su redacción, en total consonancia con el lobby propio.
La búsqueda de redacciones vinculantes en acuerdos de la Unión respecto a sus miembros es una de las claves de esta reiterativa insistencia en incorporar aspectos que no son estrictamente parte de estos tratados supuestamente comerciales. Así la letra pequeña de estos es, en realidad, la parte fundamental. Las mayores repercusiones se dan en el entorno de Internet. Se persigue un marco de desarrollo cerrado y circunscrito al interés del conglomerado de producción y distribución de contenidos, pasando por encima de libertades civiles fundamentales.
Proyectos de ley anteriores como SOPA y PIPA, encaraban el asunto desde diferentes perspectivas y han sido también muy cuestionados en EEUU por su ciudadanía. La experiencia, parece estar sirviendo para que las tramitaciones aceleradas y poco claras se conviertan en pauta habitual de poder llevar adelante sus pretensiones, antes de que una reacción organizada destape el trasfondo.
El nuevo argumentario abundará en los términos relativos a la crisis, la necesidad de mercados mas abiertos y las bondades que estas restricciones a las libertades acarrearan para el empleo. A partir de ahora sustraer del debate ciudadano y de las naciones los términos de los próximos acuerdos son parte intrínseca de la nueva hoja de ruta trazada por los empecinados miembros de la Comisión Europea. Su identidad doctrinal con la gran empresa vinculada al negocio de la propiedad intelectual resulta completa en estos aspectos. Solo la reacción ciudadana podrá recordarles qué significa el puesto que actualmente ocupan y a quienes dicen representan.
La próxima cita es el 25 de abril, cuando se debatirán un total de 198 enmiendas al texto propuesto a propósito del tratado TAFTA, en el que pesa la sombra de la denegada ACTA. Así, la propiedad intelectual y la transparencia, vuelven a primer plano de estas enmiendas, volviendo a plantearse cuestiones ya debatidas pero con un resultado no deseado por parte de los redactores de las propuestas.
