Ya sabemos que las cárceles no funcionan, entonces ¿cuál es la alternativa?

Ya sea por violencia, por motivos de desorden público o por apropiación indebida de dinero, cada vez se reclama que más personas sean enviadas a la cárcel y con penas más duras.

Sin embargo, décadas de investigaciones han demostrado que la cárcel no es el método más efectivo para rehabilitar a los delincuentes. Pasar un tiempo en la cárcel aumenta las posibilidades de que un recluso vuelva a delinquir, según muestran los informes. 

Existen varias razones que lo explican: porque las personas pierden la capacidad de interactuar con el mundo exterior por el trauma que supone el encarcelamiento o porque estar encerrado con lo peor de lo peor del país representa una mala influencia. Las cárceles imponen una manera de vivir institucionalizada y muy controlada que no tiene nada que ver con el mundo real.

Además, las personas más jóvenes tienen peores experiencias en la cárcel: la reclusión tiende a convertir a delincuentes de poca monta en criminales de por vida.

A pesar de que las prisiones sean consideradas el mejor recurso para mantener el orden social, la cárcel no funciona como disuasorio para las principales formas de delincuencia. En su mayoría, los delitos se cometen por actos impulsivos o como respuesta a factores externos complejos que condicionan la toma de decisiones del individuo –a pesar de que haya sido descartada la teoría de que los delincuentes son “agentes racionales” que evalúan los pros y los contras antes de violar la ley–.

Entonces, si la cárcel no funciona, ¿cuáles son las alternativas?

En primer lugar, si alguien representa un peligro para la comunidad, esta persona debería ser supervisada y controlada de cerca, algo que se puede hacer desde fuera de una cárcel tradicional. Los programas de corrección comunitaria ya son una importante parte del sistema penal australiano y se ha comprobado que controlan y ayudan a paliar el comportamiento criminal.

Según este sistema, los criminales se comunican constantemente con un supervisor, que tiene la tarea de guiarle hacia programas educativos, trabajo comunitario y programas de rehabilitación de corrección del pensamiento y comportamiento antisociales. La corrección comunitaria no es una solución “blanda” porque si la persona no cumple las normas, no se cierra a la posibilidad de mandarla a prisión. 

Los tratamientos no privativos de la libertad son parecidos a los programas de corrección comunitaria aunque persiguen objetivos enfocados a la terapia. Suelen aplicarse a personas que hayan cometido delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas ilegales o con una enfermedad mental.

En Australia existen tribunales de narcóticos desde 1999 y la conclusión es que se logra reducir la reincidencia de forma más efectiva que con las condenas tradicionales. La efectividad de este tipo de tribunales reside en la posibilidad de poner en marcha tratamientos de rehabilitación, garantizando que los delincuentes con problemas de adicción a sustancias reciban tratamiento intensivo y supervisión.

De forma similar, existen jurisdicciones especializadas en criminales que padecen enfermedades mentales. Por ejemplo, el Tribunal de Evaluación y Citación de Victoria se encarga de los acusados que sufren algún tipo de enfermedad mental o discapacidad cognitiva. El tratamiento es coordinado con instituciones relacionadas con la salud mental que se ocupan de las causas subyacentes del delito.

Por supuesto que la delincuencia no está siempre ligada a problemas relacionados con la salud mental, pero para aquellas personas que cometen un crimen y que necesitan tratamiento esta es la forma más efectiva de reducir la reincidencia.

Para otro tipo de delitos, una sanción económica es más eficaz que una condena a prisión. Por ejemplo, muchos delitos de guante blanco son motivados por la ambición de subir de estatus social. Por eso, es probable que a este tipo de criminales los disuada más la difusión pública de su nombre y el delito cometido, multas importantes o la inhabilitación de la práctica profesional.

Además, las condenas alternativas creadas en función de la víctima del delito puede empoderar a quienes han sufrido las consecuencias del crimen. La justicia restaurativa es un sistema de justicia penal enfocado en la rehabilitación de los delincuentes a través de su reconciliación con las víctimas y la comunidad en general.

Esto significa que las víctimas puedan confrontar a sus atacantes, buscar una compensación económica y opinar sobre el tipo de programa al que se destine al delincuente. Si bien la justicia restaurativa no sirve para cualquier tipo de delito, en algunos casos estas medidas han tenido resultados saludables tanto para las víctimas como para los delincuentes.

Por último, dado que nuestra concepción del encarcelamiento desencadena el perverso mecanismo de crear individuos aún más peligrosos, es necesario reconsiderar el alcance de nuestro código penal actual.

No parece haber una justificación racional para que sigan existiendo delitos que no implican víctimas, como la posesión de narcóticos, el trabajo sexual o los delitos de “orden público” como la indigencia y mostrarse ebrio en público. La posibilidad de que estos delitos acaben con una sentencia en prisión solo trae resultados negativos a la sociedad, porque convertiremos a personas inofensivas en delincuentes reincidentes potencialmente violentos.

En última instancia, dejar de considerar el encarcelamiento como la solución estándar para la delincuencia puede permitir la búsqueda de medidas preventivas más efectivas.

La reinversión judicial es un enfoque basado en información que busca mejorar el sistema judicial penal y reducir el gasto que supone. Se centra en aprovechar el ahorro que implican índices más bajos de encarcelamiento reinvirtiendo en las áreas donde más se sufren los delitos. Este sistema está basado en pruebas aportadas por décadas de investigaciones públicas que han concluido que la prevención es más rentable que la inversión solo en castigos.

Es hora de reconsiderar la forma en que abordamos la delincuencia. La cárcel puede parecer una solución evidente para el comportamiento antisocial, pero es la forma menos efectiva de lograr una comunidad más segura.

Traducido por Lucía Balducci