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La financiación de la sobrepesca en la Unión Europea, ¿hacia el 2020 y más allá?

Siendo 2020 la fecha límite legal para garantizar unos mares sanos, con casi toda seguridad el Gobierno español continuará sin estar a la altura de las circunstancias

El tiempo apremia y la urgencia es inminente, sin embargo, queda por ver el rumbo que elegirán los gestores y responsables políticos en los próximos meses

Pescadores de Fuerteventura. (CARLOS DE SÁA)

Pescadores de Fuerteventura. (CARLOS DE SÁA)

La sobrepesca persiste. Sin embargo, el ministro de Pesca en funciones, el Sr. Luis Planas, defiende ante la UE la introducción de subsidios perversos que podrían agravar aún más la situación. Siendo 2020 la fecha límite legal para garantizar unos mares sanos, con casi toda seguridad el Gobierno español continuará sin estar a la altura de las circunstancias.

Mientras observamos cómo nuestro planeta se enfrenta no solo a una crisis climática -a la que los gobiernos siguen respondiendo tarde y mal-, recientemente también se ha dado a conocer el último informe del IPBES, en el que centenares de expertos de más 100 países alertan sobre una extinción masiva de especies y cómo estamos llevando nuestro planeta a un colapso ecológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Las causas de esta gran extinción son varias, entre las que destacan los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático o la contaminación. Como resultado, el informe de IPBES alerta que hasta un millón de especies están en peligro de desaparecer en las próximas décadas. Un declive que también afecta, muy en particular, a la vida marina.

Por otro lado, si en lugar de analizar la biodiversidad marina en su conjunto pasamos a analizar el estado actual de las poblaciones de interés pesquero, los datos son igualmente alarmantes. El último informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de la FAO señala que un 33% de las poblaciones de peces a nivel global se están explotando a niveles insostenibles y en otro 60% no hay margen de aumentar la pesca sin que se ponga en peligro la sostenibilidad, aspecto que por sí solo ya debería encender todas las alarmas. Sin embargo, si reducimos la escala geográfica hasta detenemos en el marco europeo, el panorama empeora aún más.

El fin de la sobrepesca en 2020, un objetivo cada vez más improbable

A pesar de que los Estados miembros de la Unión Europea están obligados por ley a poner fin a la sobrepesca como muy tarde en 2020, tal y como establece la Política Pesquera Común, los avances para acabar con la sobrepesca en Europa se han ralentizado en los últimos años. Los datos más recientes señalan que el 41% de las poblaciones de peces evaluadas en aguas del Atlántico sufren sobrepesca, cifra que se eleva a cerca del 87% en el Mediterráneo. De hecho, la presión pesquera en el Mediterráneo es tan elevada que la FAO lo señala como el mar más sobreexplotado del mundo.

Si bien es cierto que existen numerosas normativas -como por ejemplo la propia Política Pesquera Común o la Directiva Marco Sobre la Estrategia Marina-, así como compromisos internacionales -como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o bien la declaración ministerial MedFish4Ever-, que pretenden todas ellas poner fin a la sobrepesca y recuperar un buen estado ambiental de los mares, la protección de la vida marina continúa sin tener la atención que se merece. Del mismo modo, las medidas que se deberían implementar para atajar la crisis ambiental que afecta al medio marino, y por ende al sector pesquero desde hace décadas, continúan siendo débiles e insuficientes.

Un factor esencial para acabar con la sobrepesca y recuperar el buen estado ambiental, así como la consecución de un sector pesquero próspero, pasa por garantizar que los millones de euros de subsidios públicos se destinen a medidas encaminadas a mejorar la gestión pesquera, el bien común y, entre otros, a dar cumplimiento a los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria en vigor. De esta forma, se asegura la eliminación de malas prácticas pasadas donde los subsidios pesqueros supusieron un auténtico derroche de dinero público que propició la sobrecapacidad pesquera y con ello la sobrepesca.

Para revertir esa situación, y con el fin de equilibrar la capacidad de las flotas a los recursos disponibles, en 2004 la UE introdujo las primeras medidas para eliminar progresivamente los subsidios perniciosos para la pesca. Un primer paso determinante para poner punto y final al gasto de millones de euros del erario público que se destinaban a la construcción de nuevos buques y a incrementar la capacidad pesquera de las flotas. Así se intentaba poner freno a décadas de sobrepesca y al mal uso de los fondos públicos, con un precio muy alto en la salud de los océanos; desequilibrio de los ecosistemas, fomento de la inseguridad alimentaria, distorsión de los mercados, incremento del desempleo y de la desigualdad dentro del propio sector pesquero.

La amenaza de la reintroducción de los subsidios perversos

En 2017, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron un compromiso para dar cumplimiento a la meta 14.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 2015), acordando que "de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole […]". Sin embargo, en la actualidad, se podría estar poniendo en peligro de nuevo la consecución de dichos objetivos internacionales.

Actualmente se está debatiendo en el seno de la Unión Europea el futuro Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para el período 2021-2027. Unos fondos que disponen de unos 6.000 millones de euros procedentes de los contribuyentes europeos y en los que determinados miembros del Parlamento Europeo parecen estar dispuestos a reintroducir ciertos subsidios perversos, lo que significaría un retroceso importante en la correcta utilización de los fondos públicos y la gestión del bien común.

A este hecho se debe sumar la Declaración Conjunta que España, Italia y Francia presentaron recientemente a la Comisión Europea sobre la propuesta de uso de los fondos FEMP. En esta propuesta, reaparecen viejos fantasmas como la reintroducción de ayudas para la construcción de nuevas embarcaciones, así como determinadas medidas que podrían suponer un incremento de la capacidad pesquera. Huelga decir que si fuera adoptada, esta propuesta amenazaría seriamente la consecución del objetivo de poner fin a la sobrepesca en aguas europeas y minaría los compromisos que la propia Unión Europea está defendiendo en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Organización Mundial del Comercio.

Tanto es así, que el propio Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marinos y Pesca en funciones, Sr. Karmenu Vella, durante su discurso de clausura en el Consejo de Ministros de Pesca del pasado mes de mayo, se manifestó claramente en contra de la reintroducción de tales ayudas, puesto que podrían socavar todos los esfuerzos de conservación realizados hasta la fecha, y mostró su preocupación sobre la dirección que habían tomado las discusiones con respecto a la introducción de subsidios perjudiciales que ciertos Estados miembros, entre ellos España, estaban proponiendo.

Por todo ello, y teniendo en cuenta los elevados niveles de sobrepesca existentes en aguas europeas y españolas, la crisis climática y ecológica no hará más que agravarse en los próximos años. El Gobierno español debe cumplir con las múltiples normativas ambientales y pesqueras en vigor: ¿Será capaz de alcanzar unas pesquerías sostenibles antes de 2020 tal y como está obligado? ¿Implementará medidas para proteger la biodiversidad marina antes de 2020 tal y como está comprometido? ¿Se atreverá por fin a defender y tomar medidas a favor de una actividad pesquera de bajo impacto ambiental? Y por último, y no menos importante, ¿defenderá ante la UE la reintroducción de subsidios perversos?

El tiempo apremia y la urgencia es inminente, sin embargo, queda por ver el rumbo que elegirán los gestores y responsables políticos en los próximos meses. Antes del final de este año veremos si estarán a la altura de las circunstancias.

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