La herencia de Mariano Rajoy
Que el PP dirigido por Mariano Rajoy fue una fábrica de independentistas se convirtió en una suerte de lugar común entre los comentaristas políticos de los años de Rajoy en la Moncloa. Y la evidencia empírica de que disponemos lo corrobora. Cuando Mariano Rajoy es investido presidente del Gobierno en 2011, la opción independentista era extraordinariamente minoritaria. CiU, con el tándem Artur Mas y Durán Lleida, mantenía una sólida hegemonía dentro del nacionalismo, que se había traducido en las elecciones autonómicas catalanas de otoño de 2010, unos meses después de la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, en una mayoría de 62 escaños en el Parlament. Artur Mas no llegó a tener la mayoría que tuvo Jordi Pujol en las elecciones entre 1984 y 1992, pero sí superó su mayoría desde 1995 (60 en 1995, 56 en 1999, 46 en 2003 y 48 en 2006). Cuando Mariano Rajoy llega a la presidencia del Gobierno tiene como interlocutor en Catalunya un gobierno nacionalista pero autonomista, que prefería aprobar los Presupuestos con el apoyo del PP antes que con el apoyo de ERC. Un partido que jamás había llevado la independencia en su programa de gobierno y al que nunca se le había pasado por la cabeza la convocatoria de un referéndum.
El salto de la autonomía a la independencia por parte del nacionalismo catalán se ha producido íntegramente durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, que ha sido incapaz de enviar la más mínima señal de que se podía abrir una vía de diálogo para encontrar una salida a la situación en Catalunya tras la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. La ausencia de cualquier horizonte de naturaleza política, acabó conduciendo al nacionalismo a abandonar la vía autonomista y transitar hacia la independencia. La utilización de manera casi exclusiva del Tribunal Constitucional como instrumento para hacer frente a las demandas nacionalistas contribuyó a que éstas no hicieran más que aumentar.
Hasta tal punto fue así que, a partir del 9 de noviembre de 2014, fecha del primer referéndum, ya no fue suficiente el recurso al Tribunal Constitucional, sino que se tuvo que recurrir también a la Fiscalía de Catalunya y General del Estado y a los Tribunales: tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. La activación de la “coacción federal” prevista en el artículo 155 sería la consecuencia inevitable de la negativa a enfrentarse con el problema en términos políticos. A través de la aplicación que se impuso del 155 se acabaría consagrando la “vía judicial” penal como la única a través de la cual se podía dar respuesta al nacionalismo catalán.
La herencia de Rajoy sigue dominando la política española en lo que a la Constitución Territorial se refiere. Aunque el Gobierno presidido por Pedro Sánchez está intentando liberarse de las ataduras que dicha herencia le impone, carece de la fuerza necesaria para hacerlo, entre otras razones porque él apoyó la aplicación del 155 y porque en el interior de su partido continúa habiendo partidarios de que se vuelva a aplicar de nuevo. Los partidos de la derecha española, todavía más tras la incorporación de Vox, aceptan la herencia aunque la consideran insuficiente, ya que, en su opinión la aplicación del 155 debería comportar una “intervención total y sin límite de tiempo” de la comunidad autónoma.
El futuro, no de la autonomía de Catalunya sino del Estado de las Autonomías en España, va a depender de si se acaba aceptando la herencia de Rajoy a beneficio de inventario, como pretende el Gobierno y otros partidos de izquierda, que podrían acabar encontrando una cierta complicidad en el nacionalismo vasco y también en parte del nacionalismo catalán, o si por el contrario, se impone la aceptación corregida y aumentada de dicha herencia apostando por la aplicación indefinida del 155, que se convertiría “de facto” en la Constitución Territorial de Catalunya.
La conformidad de la integración de Catalunya en el Estado dentro de las posibilidades y límites que ofrecía la Constitución, ha sido una de las claves del éxito de la democracia española. La coexistencia pacífica y de manera prolongada en el tiempo de la soberanía española con la autonomía catalana es una de las razones más importantes, tal vez la más importante, del éxito inicial de la Constitución de 1978. El fin de esa coexistencia política se ha convertido en la crisis constitucional más importante desde la entrada en vigor de la Constitución. Todavía estamos instalados en ella, sin que se vea una línea de salida.
