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La inercia de la monarquía española

Una magistratura hereditaria no debería existir en el Estado constitucional democrático, pero si por razones históricas existe, dicha magistratura hereditaria tiene que mantenerse al margen de la política

La monarquía española  ha sido definida en nuestro constitucionalismo histórico como "monarquía española" y el principio monárquico-constitucional ha estado en competición constante con el principio de soberanía nacional/popular

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EFE

Cuando una magistratura hereditaria penetra en la agenda política de una sociedad democráticamente constituida, el resultado no puede no ser perturbador para el funcionamiento del sistema político. El principio de legitimidad democrática es una regla que no admite excepción. La excepción no puede ser nunca confirmación, sino que es siempre contravención de la regla. Por eso, una magistratura hereditaria no debería existir en el Estado constitucional democrático. Pero, si por razones históricas, sean las que sean, existe, dicha magistratura hereditaria tiene que mantenerse al margen de la política, que es tarea de la que tienen que ocuparse los ciudadanos y las asociaciones por ellos constituidas en ejercicio de su derecho de participación política así como también los órganos constitucionales legitimados democráticamente por el ejercicio del derecho de sufragio.

Esto es lo que ocurre en las monarquías parlamentarias europeas, que se constituyeron como tales en el tránsito del Antiguo Régimen al Estado Constitucional en la primera mitad del siglo XIX, siguiendo el modelo de la monarquía inglesa. Todas las monarquías parlamentarias europeas son anteriores al sufragio universal y se han ido amoldando al advenimiento primero e imposición después de este último. El principio monárquico en cuanto al principio de legitimidad había dejado de estar operativo mucho antes de que el país se constituyera democráticamente y de ahí que no se hayan producido ni se produzcan en esos países tensión alguna entre la Magistratura hereditaria y las magistraturas democráticamente elegidas. La Monarquía, por utilizar la clásica expresión de Bagehot, es una "dignified" y no una "efficient" parte de la Constitución.

En España no ha sido así. La monarquía ha sido definida en nuestro constitucionalismo histórico como "monarquía española". Desde la Constitución de 1812 en adelante. Y el principio monárquico-constitucional como principio de legitimación del Estado ha permanecido en competición constante con el principio de soberanía nacional/popular, que es el principio de legitimidad propio del Estado Constitucional. No ha habido ninguna Constitución monárquica española anterior a la del 78 en que ambos principios hayan podido convivir: o soberanía nacional (1812, 1837, 1869) o principio monárquico-constitucional (1845 y 1876) o negación del régimen constitucional (Fernando VII).

La Constitución de 1978 es la primera en la que la Monarquía y la Democracia conviven. El principio de legitimidad democrática en el art. 1.2 de la Constitución (CE). La monarquía parlamentaria en el art. 1.3 CE. Pero es una convivencia que tiene como punto de partida no una decisión constituyente del pueblo español, sino una restauración de la monarquía por el general Franco tras la Guerra Civil en que derivó el golpe de Estado contra la Segunda República. La restauración de la monarquía ha precedido a la introducción del principio de legitimidad democrática, algo que no ha ocurrido en ningún otro país europeo.

No es la monarquía lo que es incompatible con la democracia. Es el principio monárquico como principio de legitimidad que entra en competición con el principio democrático. Esto es lo que resulta insoportable. Y esto es lo que ocurre en la "monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978". El rey se considera con legitimidad para intervenir en el proceso político. No lo hace de manera continua, pero sí en los momentos decisivos, que son los que definen la naturaleza de un sistema político. Por eso lo hizo el 3 de octubre. Y por eso lo acaba de hacer esta misma semana, pronunciándose sobre el tema central de la agenda política, que no es otro que la investidura de Pedro Sánchez o la repetición de elecciones.

Poco tiempo le ha faltado al PP para utilizar las palabras del rey como un ariete contra el candidato del PSOE. No creo que Felipe VI las pronunciara para que pudieran ser utilizadas de esa manera, pero una vez que el rey interviene en política, pierde el control de sus palabras, que quedan a disposición de los diferentes actores para hacer uso de ellas a su conveniencia. Por eso, no puede decir nada.

En la monarquía restaurada, herencia del Régimen del general Franco, reaparecen, como cabía esperar, elementos de la vieja monarquía española.

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