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¿Qué hacer con España? A propósito de César Molinas

Centrar toda la responsabilidad en unos políticos conformados en “clase extractiva” supone un salto cualitativo peligroso que puede conducir a la ciudadanía a una notable desafección ante la cual pueden regenerarse nuevos discursos antiparlamentarios

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1. Introducción

La profunda crisis que atraviesa España, que no se agota en la recesión económica, sino que afecta a las bases nucleares del amplio consenso que ha sustentado el desarrollo del país en las últimas décadas, aproxima al país a una posición crítica. Esta situación está impeliendo una nueva ola de publicaciones que no sólo intentan descifrar las causas de este marasmo, sino que también, en algunos casos, apuntan estrategias de salida que aúnan consideraciones económicas con valoraciones políticas. Esta crisis económica ha venido a cuestionar todo el entramado institucional del país y el crecimiento del desempleo y la reducción de la actividad están golpeando la legitimidad institucional en la que operan políticos cada vez más vilipendiados. Y todo ello bombardeados por titulares de periódicos e investigaciones judiciales en curso sobre casos de corrupción con afección múltiple, desde concejales desconocidos de urbanismo hasta las más altas instituciones del Estado, emponzoñando aún más el espacio público.

Pues bien, es este entorno el que explica la reciente publicación del libro de César Molinas “Qué hacer con España”. Como píldora inicial de esta crítica, adelantaré que el libro acierta a la hora de situar a la acción política en el centro de la salida de esta crisis, pero en mi opinión yerra en el reparto de causas de la misma, demasiado simplificadora al focalizar toda la responsabilidad sobre unos políticos transmutados en “clase extractiva”. Esta visión, además de parcial, puede inducir a la expansión de la anti-política, en la medida que el autor no logra desarrollar su diagnóstico en una teoría holística y con una hoja de ruta consistente. Ciertamente, el país necesita una profunda reforma institucional pero la aproximación de Molinas resulta demasiado alicorta y sus propuestas quedan en una mera hipótesis que sitúa a la ciudadanía ante una frustración de difícil gestión frente a las instituciones.


2. La historia no tiene fin porque no tiene destino

El libro se divide en tres grandes capítulos, el primero de los cuales y bajo el título “¿Hacia dónde va el mundo?” recupera el discurso de los noventa sobre el fin de la Historia. El autor plantea este primer apartado como un marco inicial a partir del cual desarrollar su visión de España. Sin embargo, si las conclusiones de este capítulo, que casi abarca la mitad del conjunto de la publicación, fueran ciertas, las incertidumbres sobre el presente de nuestro país serían menores.

En este primer capítulo, César Molinas defiende el fin de la Historia y la victoria eterna de la democracia liberal. El autor apuesta por el fin de la Historia de las Ideas influido bajo una visión hegeliana de la propia historia del espíritu que se encuentra a sí mismo una vez enunciados los principios de la Ilustración. La división entre el mundo terrenal y el espiritual iniciada en el Concordato de Worn en el que el Papa Gregorio VII impuso la autonomía de la Iglesia en el nombramiento de las responsabilidades eclesiásticas da pie al desarrollo de un individualismo y un relativismo que posibilita la autocrítica, auténtico motor de la historia, que alcanza su plenitud con la construcción formal del ideario liberal, que a la vez es universal y atemporal y, por lo tanto, fin auténtico de la Historia de las ideas, y paso inicial para el fin global de la Historia, una vez la humanidad sea iluminada por tales principios.

Así pues, una vez concluida la historia de las ideas, todo lo demás son pormenores, apenas detalles para la concreción de las mismas en la vida diaria de las personas. En la economía, la destrucción creativa es el lubricante del progreso; en la guerra, la invención de la bomba atómica aleja el fin del mundo en la medida que las amenazas de destrucción global pasan a ser creíbles y, por lo tanto, suponen una barrera sobre la actuación humana; y en la política, los Estados-Nación configuran el nuevo marco global aunque sujeto a retos importantes, algunos de los cuales debería hacer frente España. Llegados a este punto, me extraña que Molinas no traiga a colación el trilema de Rodrick bajo el cual el capitalismo global, los Estados-Nación y la democracia nacional son incompatibles entre sí. Probablemente, esta discusión puede suponer una amenaza a su fin de la Historia pero, sin duda, no la única.

Ciertamente, en mi opinión, no hay orden político superior a la democracia occidental, asentada bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, pero tal diagnóstico no debería entregarnos al determinismo histórico, confiados en la victoria de la luz y la verdad. La democracia es en realidad un objeto político de difícil sostenibilidad, permanentemente expuesto a la legitimidad del ejercicio. Hasta la llegada de ese Hombre Nuevo, el ser humano presente ha demostrado un apego a los principios liberales menos sólidos que a otras pulsiones menos racionales. Por ello, la democracia puede ser víctima de sí misma, porque al igual que los mercaderes reunidos por Adam Smith conspiran contra el mercado, los políticos también lo pueden hacer contra la democracia, en ausencia en ambos casos de un marco institucional adecuado. Y una crisis económica de la mano de una estructura política sub-óptima provoca tensiones populistas con desconocido resultado.

De este modo, la democracia liberal no puede ser el fin de Historia, porque tampoco lo es respecto de la vida de los órdenes políticos. Las democracias caen y aunque nunca puedan ser repuestas por algo “menos malo”, bajo la visión churchilliana, los seres humanos parecemos irracionales una y otra vez en la búsqueda, en el mejor de los casos, de “cirujanos de hierro” bajo el espíritu regeneracionista de Costa, y en la mayoría de las ocasiones de otras vías de sublimación del espíritu que han de confluir en tragedia. El propio Popper, al que Molinas cita, deja patente la fragilidad de las sociedades abiertas sobre las que se articula la democracia, un sistema siempre amenazado y, por tanto, en riesgo de sucumbir, especialmente cuando se pierde la legitimidad del ejercicio y los ciudadanos minimizan la relevancia de la legitimidad de origen. Pero si las democracias, como órdenes políticos, pueden sucumbir, y así lo hemos visto a lo largo de la historia, tampoco es cierto que las ideas de la Ilustración supongan el nacimiento ex novo de una ideario revolucionario en la historia de la Humanidad.

Así pues, confluyendo con Molinas en que nada hemos encontrado mejor que el orden democrático y liberal, tal descubrimiento no supone el fin de ninguna historia, porque ni las ideas son nunca totalmente novedosas ni su instrumentación institucional inmutable. Sólo un ejemplo: si Gregorio VII logró la autonomía para sus nombramientos eclesiásticos en 1122, en la actualidad la Iglesia Católica depende en China para tales decisiones del concurso del gobierno comunista y no hace tanto que en nuestro país acontecía algo parecido. Y si la aproximación relativista de las religiones en Roma, como señala el propio autor, dio paso a etapas absolutistas de gran impacto y duración en nuestras vidas, ¿cómo esperar que el actual ideario lidere ad infinitum el mundo de las ideas?

En todo caso, Molinas destaca la ausencia de otro referente universal en el que apoyarse para confiar en la estabilidad indefinida a los actuales valores democráticos. Sin embargo, como el propio autor reconoce en otras partes del libro, la caída del Imperio Romano no supuso la construcción de referente alguno alternativo con vocación universal. Tampoco tiene por qué suceder ahora. Es más, la propia concepción de la necesidad de principios políticos universales es fruto también de la misma visión hegeliana que el autor muestra en este capítulo pero que, en absoluto, se corresponde con la realidad. Es decir, no existe necesidad alguna de una alternativa holísticas para evitar el fin de este fin de la Historia. Siendo cierto que esto fue lo que ocurrió con el derrumbe del mundo de ayer de Stefan Zweig con la primera guerra mundial y la expansión posterior de los totalitarismos, nada impide que nuestra Roma caiga bajo los bárbaros y en todo caso, existen en el presente alternativas totalitarias que bien pudieran servir de percha para disparar contra nuestro mundo, desde las dictaduras refrendarias acompañadas del capitalismo de Estado a la imposición de la sharia bajo un Estado islámico.

En fin, la historia no puede tener fin porque tiene destino. Las visiones teleológicas del mundo sólo pueden ser sustentadas en concepciones transcendentes de la existencia humana y garantizada la independencia entre el Reino de Dios y el de tierra, la historia de estos humanos que transitamos por aquí, a la espera o no de un mundo posterior, no tienen mayor historia que la lucha por la supervivencia. Por ello, no parece oportuno encuadrar todo el libro en un supuesto fin de la Historia que de facto vendría a minimizar gran parte de los problemas derivados de la actual situación de España.

En todo caso, soy consciente de la existencia en nuestro país de una cohorte que adquirió la madurez durante la transición y que lideró al desarrollo de este país desde el franquismo más oscuro a la entrada en el euro como socio fundador. Sin duda, para esta generación el discurso del fin de la Historia elaborado en los noventa resulta sugerente porque su propia trayectoria vital participa de esa flecha del progreso. Sin embargo, desde al menos la caída de la Torres Gemelas en 2001, la historia ha vuelto a ponerse en marcha y su camino dependerá exclusivamente de nosotros mismos, sin determinismos históricos que ojalá, en lo referente a la victoria de la democracia occidental, fueran ciertos.


3. Qué hacer con España

La segunda y la tercera parte de libro conforman el núcleo central de su diagnóstico de la crisis española, donde desarrolla la publicitada descripción de los actuales políticos como “clase extractiva”, ampliando el uso que de ese vocablo hacen Acemoglu y Robinson en su reciente “¿Por qué fracasan las naciones?

En las primeas páginas de este bloque, Molinas realiza un repaso histórico sobre la evolución del capitalismo en España y la influencia del entorno geográfico y de la propia historia en la configuración de un mercado no competitivo en nuestro país, más pendiente de las dádivas del poder que de la elección del consumidor. Se podría afirmar que Felipe II con su elección de Madrid como capital del Reino y su vocación de mantener a España fuera de la ola reformista que procedía del centro de Europa tiene una responsabilidad notable en la configuración posterior del país, poniendo valor las nuevas teorías “path dependece”. A su vez, la incapacidad del país para configurar un Estado-Nación a finales del siglo XIX en pleno apogeo romanticista y nacionalista, y los problemas para el desarrollo de una burguesía modernizadora, superados después por la expansión de los sueños totalitarios de siglo XX que confluyeron en la guerra civil y en la larga dictadura franquista.

Este repaso histórico marcado por ese “capitalismo castizo” conduce a la teoría del autor sobre la clase política española. A excepción del paréntesis histórico que representó la transición liderada por una generación de auténticos políticos con vocación de servicio público, Molinas establece que desde entonces la “cosa pública” ha sido colonizada por una nueva clase de políticos, que como los del pasado, sólo buscan en la Administración fuentes de renta personales. De este modo, el autor defiende que la democracia española ha acabado capturada por un cartel de políticos que sólo buscan la maximización de sus beneficios personales. Para ello, los responsables públicos generan burbujas bajo criterios discrecionales con el único fin de apropiarse de las rentas producidas en tales procesos, cuyo resultado no es otro que el aumento insostenible de la deuda.

Como resultado de este comportamiento de la clase política, la crisis del país sería “una y trina”. En primer lugar, España estaría sufriendo una crisis de deuda acumulada por las burbujas generadas por los políticos locales. En segundo lugar, el país adolecería también de una crisis político-institucional fruto de la actuación de esta clase política que habría pervertido a las propias instituciones. Y fruto de todo ello, estaríamos atravesando también una crisis moral derivada de la actuación de los políticos y de la corrupción que asola el ejercicio del poder.

Así pues, el diagnóstico es meridiano. Nuestro país ha sido ocupado por una clase política que genera burbujas de deuda para extraer rentas en beneficio propio, prostituyendo el propio marco institucional y amplificando la recesión económica, que ellos alimentan, con una crisis moral. Ante tales desatinos, la crisis múltiple que atraviesa el país sólo se superará sustituyendo a esta clase política por otra totalmente nueva, sin los vicios de la actual y con las bondades de aquélla, que construyó la transición.

Para llevar a cabo tal empresa, Molinas confía en dos reformas: una reforma electoral y una revisión de la ley de partidos. En primer lugar, el autor propone cambiar el actual modelo electoral proporcional basado en la circunscripción provincial por un modelo mayoritario de distritos uninominales. Este sistema debería mejorar la selección de los candidatos, elevando la competencia entre ellos, lo que permitiría canalizar hacia las instituciones a mejores políticos. En segundo lugar, Molinas defiende una reforma de los partidos políticos para reducir el poder de las jerarquías aunque en este caso no concreta mucho más allá que las intenciones finales de tal revisión. Esta renovación también debería alcanzar a los agentes sociales, sindicatos y patronal, que vienen a conformar con los políticos ordinarios la “clase extractiva”, que también ocupan los órganos reguladores e incluso la justicia a través del sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Por cierto, en este último caso, el autor plantea una elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por sorteo entre una serie de magistrados con años de experiencia y buena gestión de sus casos.

Una vez revisado el plantel político, la agenda de gobierno tendría dos vectores. Por una parte, habría que impulsar un nuevo Plan Marshall para elevar el nivel educativo y la inversión en I+D. Y, por otra parte, el autor plantea nuevas reformas liberalizadores en el mercado de trabajo y la revisión del sistema de pensiones con el propósito de desarrollar un modelo de capitalización con pensiones públicas mínimas, acompañado de una reforma profunda del mercado de la vivienda, que mejore el funcionamiento del alquiler. Esta última medida permitiría elevar la eficiencia del mercado laboral, ampliando a su vez la capacidad de ahorro del conjunto de la economía. De este modo, Molinas termina el libro con un programa regeneracionista con el Estado en el centro del empeño y una apuesta liberalizadora en el mercado laboral y en el sistema de ahorro.

Con independencia del programa de gobierno que Molinas explicita en su libro, el diagnóstico sobre la “clase extractiva” tiene múltiples equívocos. En primer lugar, el autor no explica cómo esa generación de políticos egoístas ha alcanzado el poder y sobre todo cómo lo retienen. El uso de las teorías extractivas de Acemoglu y Robinson se encuadra en economías nacionales dirigidas por oligarquías o dictaduras que usan el poder coercitivo del Estado para salvaguardar su posición. Es decir, los profesores de Boston estudian los marcos institucionales que permiten que una clase reducida de ciudadanos pueda vivir de la explotación del resto, para lo cual se necesita algún tipo de poder militar para mantener la estabilidad interna. Sin embargo, Molinas utiliza esta versión de la “clase extractiva” de claros tintes marxistas para intentar explicar el mediocre funcionamiento de nuestra democracia, pero no explica cómo esa clase política alcanza el poder ni cómo logra retenerlo en un sistema democrático. De este modo, la supuesta teoría de Molinas apenas es una hipótesis que no logra contrastar.

Pero además, en la medida que no detalla cuál es el funcionamiento institucional por el cual esa “clase extractiva” ha llegado a dirigir al país, tampoco se entiende cómo espera cambiar el mecanismo del sistema mediante una reforma electoral y una nueva ley de partidos. Molinas focaliza toda la responsabilidad de la crisis en la actual clase política pero en la medida que no logra responder satisfactoriamente a los retos institucionales a que tal diagnóstico nos conduce genera de manera automática una frustración ciudadana de peligrosas consecuencias. Sin duda, hemos de dar la bienvenida a las propuestas de reforma institucional pero se echa en falta una mayor concreción de sus ideas y sobre todo una explicación de cómo tales cambios formales vehicularán una renovación ordenada de la clase política. En este sentido, habría que discutir por qué un modelo electoral mayoritario per se facilitará esa trasmutación política, habida cuenta de la experiencia en otras latitudes, no siempre ejemplar. Y además habría que explicar cuáles son los cuellos de botella del sistema de partidos y cuáles los puntos a variar, más allá de las declaración de objetivos, obviamente compartidos, pero que adolecen en la concreción de las medidas necesarias. Por cierto, si la solución a este problema nuclear del país pasa por transformar las instituciones, deberíamos preguntarnos quién fue el constructor de las actuales. Ciertamente, no seré yo quien me una a la crítica abundante a la transición (si aquello fue imperfecto y precipitó treinta años de progreso y cohesión social y territorial como nunca antes en España, ojalá los retos del presente se superen con igual imperfección) pero es obvio que los fallos institucionales presentes proceden de los modelos puestos en planta durante la reconstrucción democrática.

Por otra parte, la explicación casual centralizada en una clase política explotadora resulta demasiado simplificadora cuando el resto del país vivía también en una burbuja, y no sólo económica como explicita Antonio Muñoz Molina en su Todo lo que era sólido. No quiero en ningún caso, minimizar la responsabilidad de los agentes políticos en la consecución de esta crisis o repartirla entre todos nosotros de modo que no haya culpables, pero simplificarla hasta el grado máximo en los representantes políticos resulta incierto, porque las burbujas financieras no tienen explicación sin una referencia al marco institucional de la zona euro, condición necesaria para el exceso de liquidez que disparó la deuda de nuestro país. Ciertamente, los políticos condujeron tal financiación en muchos casos hacia burbujas insostenibles, pero la materia prima para desperdiciar no se creaba de las manos de nuestros representantes, sino del Banco Central Europeo. Y fueron los financieros quienes canalizaron la liquidez hacia las burbujas sectoriales sin valorar los riesgos regulatorios evidentes, y los empresarios e inversores los que edificaron e instalaron huertos solares, y en algunos casos, tal como la justicia está tratando de desentrañar, bajo acuerdos ilegales. Todo ello con el beneplácito de trabajadores cuyos salarios crecían más que el ritmo de productividad, mientras miles de jóvenes abandonaban los estudios por un buen salario en los sectores ligados a la burbuja. Sin duda, a quien más responsabilidad tiene, más se le debe exigir, pero condensar en exclusiva una crítica a los políticos de la relajación moral que protagonizó nuestra pequeña historia durante tres lustros resulta demasiado simplificador.

Por todo ello, cualquier comparación de nuestras élites políticas con las clases extractivas de Acemoglu y compañía no habla mal de nuestros políticos, sino de los españoles, porque a diferencia de los países de análisis de los profesores americanos, en España los ciudadanos votan. Por ello, la teoría de Molinas, siendo sugerente ante el reducido perfil profesional de nuestros políticos, es apenas una hipótesis que no logra contrastar porque ni explica cómo esa clase ha alcanzado el poder y sobre todo cómo lo mantiene sin recurrir a la coacción del Estado.

En todo caso, es obvio que el país tiene un serio problema en la selección de sus políticos y el autor apunta correctamente hacia una ley de partidos y una reforma electoral como elementos necesarios para reconfigurar el espacio público. Pero esta recomendación no puede seguir a la crítica universal sobre los políticos que representa un análisis de una parcialidad tremenda, cuando la zafiedad ha alcanzado a gran parte del cuerpo social de España. Es decir, comparto con el autor una crítica directa a la clase política del país, aunque no creo que sea la responsable única de la crisis. La cuestión es que la descripción intrínsecamente malvada de esa cohorte de políticos junto a unas propuestas de reformas apenas detalladas sitúa al lector ante el anzuelo de la anti-política, porque tales recomendaciones no van a acompañadas ni de explicación de cómo funcionan las instituciones actuales ni de como tales ideas podrían mejorarlas. Si los políticos son una clase extractiva y no se detalla cómo deberían funcionar las instituciones y cómo instrumentar ese cambio, el ciudadano se enfrenta a una insatisfacción insalvable.


4. Conclusiones

Dejando a un lado del primer capítulo sobre el fin de la historia que se aleja de la misión central del libro, Qué hacer con España intenta ofrecer una explicación a la crisis que sufre el país y plantea una agenda de reformas centradas en la revisión institucional, políticas públicas regeneracionistas y nuevas apuestas liberalizadoras en el mercado de trabajo y en las decisiones de ahorro. En todo caso, el foco del autor se sitúa sobre una clase política omnímoda dirigida por una maximización de sus beneficios personales que la conducen de burbuja en burbuja, de institución en institución hasta esquilmar todas las fuentes de renta del país. De este modo, no hay solución a la crisis sin una renovación política que pasa por una reforma electoral y una ley de partidos. Sin embargo, el autor no explicita cómo esa clase extractiva ha logrado alcanzar el poder y cómo no se apea de él, y, por lo tanto, tampoco acierta a explicitar cómo instrumentar su agenda de cambio. Es decir, Molinas focaliza toda la responsabilidad de esta crisis en una clase política no sólo disfuncional, sino parasitaria, pero no consigue transparentar cómo viabilizar sus reformas. De algún modo, el autor orienta la policy pero sin concretar las politics.

Por ello, aun cuando Molinas orienta las reformas institucionales a implementar, en la medida que no explica cómo en la actualidad esa “clase política” ha ocupado todo el poder apenas lleva al lector a la desesperanza. De este modo, en la medida que no explicita el sistema de apropiación del sistema de esa clase extractiva ni cómo gestionar su recambio, habida cuenta que tal grupo social centraliza todas nuestras tribulaciones, Molinas, aún sin pretenderlo probablemente, deja al lector ante una frustración irresoluble.

Y aquí es donde empiezan mis inquietudes más profundas que, por cierto, engarzan con el primer capítulo y el fin de la historia. La simplificación hasta extremos caricaturescos de la maldad intrínseca de nuestra clase política junto a la profunda recesión económica y a la crisis social, institucional y moral, sitúan al ciudadano ante una batalla contra la política. Sin duda, Molinas no llega a tales extremos en su posición pero la incapacidad para explicar cómo impulsar los cambios junto a tal maldad acumulada por nuestros políticos en la actual atmósfera del país es el paso previo para la crítica al parlamentarismo, a los partidos, a las instituciones y, en fin, a todo el armazón constitucional. Además, el autor se descuelga con unas algunas opiniones ciertamente frívolas en la parte en la que critica sin medida alguna el paso de políticos al sector privado y plantea una tabla de consejeros-políticos donde mezcla toda clase de perfiles.

Por ello, si Molinas yerra en focalizar toda la responsabilidad de esta crisis en los políticos, sin referencia alguna a los fallos institucionales de la zona euro o sin cita alguna al resto de corresponsables locales de la actual crisis; el autor peca después de cierta imprudencia porque en la medida que no transmite cómo renovar esa clase extractiva invita, involuntariamente, a idear otro tipo de recambios. Y esta crítica unida al desarrollo de nuevos paradigmas procedentes de países emergente cuyos sistemas políticos ansían legitimarse por los resultados económicos suponen, de nuevo, un polo de atracción fatal ante el fácil discurso contra los políticos que antecede al antiparlamentarismo. Como digo, no culpo a Molinas de la interpretación que pudiera hacerse de sus posiciones, pero sí de la ausencia de una reflexión más meditada sobre las características, la toma del poder y el desalojo potencial de esa clase extractiva. Ojalá esta crisis tuviera una explicación tan sucinta. En todo caso, el autor tiene razón en situar a la política en la arena central del escenario de la crisis, pero ni está sola ni todo pasa por ahí. Y, en cualquier caso, una aproximación a la reforma institucional que exige la actual crisis debería asentarse en un análisis más detallado.

Por último, el autor planeta un Plan Marshall para impulsar la educación y la I+D que tiene difícil crítica. Ojalá los actuales decisores públicos lo tuvieran en cuenta. Además, el libro defiende una nueva reforma laboral acompañada de una mejora del alquiler de vivienda y una “liberalización” del ahorro, mediante la transmutación del sistema de pensiones de reparto u otro de capitalización. Ciertamente, España necesita de reformas en todos estos aspectos pero discutir el contenido de las mismas nos llevaría demasiado tiempo. Baste decir que, en mi opinión, el sistema de pensionas debería mantener su modelo de reparto y el mercado laboral tendría que ofrecer un mix de seguridad y flexibilidad diferente al propuesto por el autor.

En fin, España atraviesa una de las más duras crisis de las últimas décadas y siempre es muy positivo que el debate político amplíe sus tradicionales fronteras. Por ello, es muy valorable el esfuerzo de César Molinas y otros intelectuales para intentar ofrecer un diagnóstico sobre las causas de esta crisis y especialmente sobre las estrategias de salida. Sin duda, cualquier análisis debe incorporar el desgaste de la clase política que ha ido perdiendo vigor desde los años de la transición y que exige una reforma institucional profunda. Sin embargo, centrar toda la responsabilidad en unos políticos conformados en “clase extractiva” supone, en mi opinión, un salto cualitativo peligroso que sin una explicación formal de cómo han alcanzado el poder y cómo lo sustentan bajo un modelo democrático conduce a la ciudadanía a una notable desafección ante la cual pueden regenerarse nuevos discursos antiparlamentarios, confirmando que la historia no tiene fin.


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