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El Parlamento de Andalucía convalida el decreto ley de vuelta a las 35 horas con la abstención del PP-A y C's

Los populares no votan en contra pero advierten de que es "ilegal" y critican de la Junta de Andalucía su intención de "confrontar"

En Castilla la Mancha, con la medida tumbada por el TC, también se abstuvieron, y Asturias, Podemos elevó una PNL que fue rechazada por el PSOE

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Pleno del Parlamento de Andalucía en noviembre de 2016.

El Parlamento de Andalucía ha convalidado este jueves en pleno el decreto ley del Consejo de Gobierno para volver en 2017 a la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, implantada en 1999 y retirada en 2012 por el Gobierno de la Nación. Ha sido con los votos del PSOE-A, Podemos e IU, mientras que el PP-A y C's se han abstenido. Una vez más, este asunto ha dejado en evidencia las contradicciones a las que se enfrentan no ya sólo los populares, sino el resto de partidos si se observa cómo se está afrontado en los distintos territorios.

En el caso de Andalucía, el PP-A ha cogido el guante que le arrojaron los socialistas cuando le instaron a no oponerse a esta medida, que podría ser recurrida por el Gobierno de España en el Tribunal Constitucional (TC), como le ha ocurrido a Castilla la Mancha, donde por cierto también se abstuvieron los populares, o también en País Vasco, igualmente impugnada la norma, pero en este caso sin haber pasado el trámite parlamentario. 

No obstante, ha habido matices. En este sentido, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha pedido que el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, informara sobre si lo que se iba a votar era legal o no, dados los precedentes. Se le ha negado esta petición, pero el popular ha ahondado en que  el decreto ley es "contrario al principio de legalidad, a la división de poderes, a la lealtad institucional y al cumplimiento de los acuerdos". De hecho, pese a que ha anunciado que su grupo se abstendría, ha acusado a la Junta de Andalucía de aprobar esta medida para "confrontar" con Mariano Rajoy.

De hecho, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha insistido en negociar con la Junta de Andalucía en la materia para buscar fórmulas que no supongan aprobar una medida que puede estar abocada al mismo destino que en las otras comunidades autónomas. Él mismo se ha reunido con expertos para buscar otras "alternativas" que supongan recuperar el derecho laboral "sin colisiones".

De su lado, Julio Díaz (C's) ha dicho que su formación no iba ser "un obstáculo infranqueable" para esta norma, pero "tampoco el colaborador necesario en la habitual confrontación entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía", de forma que ha apostado por la abstención como término medio.

En la misma sesión se ha aprobado, con idéntico resultado, una proposición no de ley del PSOE-A pidiendo que la Junta de Andalucía inste al Gobierno de España a no recurrir este decreto ley.

Dicho decreto ley se publicó el pasado 20 de octubre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tras haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno el 11. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, auguró entonces que esta medida "generará miles de empleos" e incidió en que la autonomía defiende sus "plenas competencias" para ello, por lo que espera que no haya un recurso del Gobierno de la Nación, como ha ocurrido en País Vasco y en Castilla la Mancha, en este último paralizada su aplicación por ello.

Una medida gradual

La medida se empezará a aplicar el 16 de enero de 2017, pero no para todos los empleados públicos, porque en el caso de los sanitarios será gradual, mientras que en los docentes habrá que esperar a que comience el próximo curso. En total, afectará a los más de 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía, que en 2012 vieron ampliada a 37,5 horas semanales su jornada laboral por imposición de las normas estatales de reequilibrio financiero del Gobierno del PP.

La pelea por la recuperación de este derecho laboral ha puesto a los populares en una difícil tesitura en las diferentes comunidades autónomas. En el caso de las Cortes de Castilla la Mancha, convalidaron el decreto con los votos a favor de Podemos y el PSOE y la abstención del PP, y ha sido tumbado por el TC. 

Mientras, el decreto aprobado por el Gobierno de Euskadi en el mismo sentido, y donde no tenía que pasar el trámite parlamentario, fue también recurrido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). pero todavía no hay una resolución. Destaca en este caso que la medida ha tenido una fuerte contestación sindical, mientras que en Andalucía cuenta con el respaldo de las principales organizaciones de trabajadores: UGT-A, CCOO-A y CSIF. 

Otro caso es el del  pleno de la Junta General del Principado de Asturias, que aprobó una proposición no de ley de Podemos para instar a que se implante la jornada de 35 horas en la autonomía, lo que contó también con el voto a favor del PP. Curiosamente, en este caso el único grupo que la rechazó fue el PSOE, porque "es imposible cumplir el texto de la iniciativa teniendo en cuenta que no hay partida presupuestaria para ello y que la actual jornada de 37,5 horas viene regulada" por el Gobierno de la Nación.

Con este panorama, está por ver cómo se irá decantando el debate en las otras comunidades autónomas en las que también se está abriendo y, especialmente, qué medida toma finalmente el Gobierno de Mariano Rajoy conforme siga creciendo la contestación.

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