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Málaga empadrona a los ocupantes de viviendas vacías

El ayuntamiento de la capital y el de Torremolinos tramitan el registro de los habitantes de los edificios vacíos que lo solicitan

Los habitantes de las viviendas esgrimen que ejercen un derecho al que no afecta la legalidad de la ocupación, y que la falta de empadronamiento les dificulta o impide acceder a la luz, el agua, la inscripción en los colegios, ayudas sociales o la sanidad

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Varios ocupantes del edificio, en el salón de Hanna // Néstor Cenizo

Varios ocupantes del edificio, en el salón de Hanna // Néstor Cenizo

Lo que pide Stop Desahucios en Córdoba, en Málaga ya es una realidad y en Torremolinos va camino de materializarse. Las familias que ocupan viviendas vacías en Málaga y que solicitaron el empadronamiento en primavera fueron registradas a finales de octubre; y hace un par de semanas, los habitantes de otro edificio ocupado (autodenominado Corrala Brokante) en Torremolinos recibieron la visita de funcionarios de la Policía Local con el fin de verificar que los datos de la solicitud de empadronamiento eran ciertos. Si nada se tuerce serán empadronados en estas viviendas, en las que llevan entre uno y cuatro años. Para ellos, el empadronamiento es un paso aún insuficiente para alcanzar la meta: obtener servicios de agua y luz, de los que carecen.

"Me gustaría que vinieras a hacer el reportaje por la noche", insiste Kathy Riaño. Porque de noche, dice, se puede comprobar lo difícil que es vivir sin energía eléctrica: los niños dejan a medias las tareas del colegio porque nada se ve y algunos de la quincena de adultos que viven aquí se reúnen alrededor de un transistor, un entretenimiento que cumple dos requisitos: funciona a pilas y solo requiere la escucha. Es habitual que los ocupantes de viviendas vacías "empalmen" la luz al tomar posesión del inmueble, pero aquí no es el caso: las arquetas están selladas con cemento, y los cables fueron robados. "Nosotros empalmamos velas con velas…", lamenta Riaño, una colombiana que va camino de las dos décadas en España. Un par de viviendas disponen de un generador, pero consume mucho y es caro. "Entre ocho y diez euros, de seis de la tarde a doce de la noche", explica Javier Estiles, cocinero, 45 años. Vive aquí con sus dos hijos (mellizos de 14) desde hace año y medio.

Un vecino, en el pasillo de una de las viviendas // Néstor Cenizo

Un vecino, en el pasillo de una de las viviendas // Néstor Cenizo

Los ocupantes tampoco disponen de agua corriente. En la terraza de la vivienda que ocupan Kathy y su hijo, en la última planta, se acumulan en perfecto orden decenas de bidones. "Vamos a buscarla a la fuente de los pinos", cuenta. "Fregamos al estilo de mi bisabuela, en un barreño. Echo de menos mi grifo", explica Isabel Cordero. Ella, que tiene 55 años, cuenta su historia: vendió su casa, invirtió en un negocio y "se fue a la porra". Cada uno tiene la suya. Diego Rodrigo (58 años) vende fósiles en el rastro del municipio. Trinidad Bravo, torremolinense, tiene 63 años. Ha pasado uno y medio en su casa, de cuya decoración está tímidamente orgullosa. "Trabajaba de interna, pero la señora murió. Como no encontraba trabajo, vivía en la calle. Cuando llegué aquí no vivía nadie". Pide a la puerta del supermercado, apenas a unas decenas de metros, donde consigue "dos o tres euros". Algunas de cuyas cajeras le lavan la ropa.  "He trabajado de cocinera, de limpiadora… Pero si no hay trabajo ni para la juventud…", lamenta, sin dejar de sonreír con cierta coquetería mientras muestra su vivienda.

Hace un año y medio, la situación aquí era otra. La basura se acumulaba en las escaleras y las moscas campaban por sus respetos. Hoy no es así. Los ocupantes insisten en mostrar sus viviendas. "Para mí la pobreza no va con la mugre", razona Kathy, que quiere pintar las paredes de la escalera antes de Navidad, y alerta contra el hecho de que según ella, las labores comunes se están abandonando de nuevo.

Kathy dice ser croupier, aunque su último trabajo estable fue el de camarera de hotel. Ahora hace comidas por encargo, cuida a quien se lo pida. Opina que "con el lamento no se come". Está a punto de cumplir tres años en Torremolinos, y se queja de que el consistorio ampliara de dos a tres años el plazo mínimo para solicitar ayudas sociales. "He ido dos veces a contar mi vida a personas que no me van a ayudar. Me dicen: "Tú no deberías estar allí, sin agua ni luz". Y yo les digo: "¿Tú me brindas a mí otra opción?" La única solución que tienen es "te quito a los niños". No buscan ayudarte, sino atacarte. Claro que estamos sin agua ni luz. No tenemos otra forma, porque no hay alquiler social o ayudas".

Un edificio pendiente de adjudicación

Hace tres semanas la policía acudió al edificio para comprobar la veracidad de los datos que habían consignado en las 13 solicitudes de empadronamiento. El proceso está en marcha y es probable que a ello haya contribuido el hecho de que  el Ayuntamiento de Málaga ya haya reconocido el derecho a personas en una situación similar, siempre que acrediten una continuidad en la vivienda. Según José Cosín, el abogado que les ha asesorado en el proceso, el empadronamiento es un derecho que no está vinculado a la legalidad o ilegalidad de la ocupación, y que una vez reconocido, tampoco implica el reconocimiento de la legalidad del título con el que se ocupa. "Una persona puede empadronarse debajo de un puente", explica Cosín, que cita jurisprudencia de los tribunales y resoluciones del INE. Para ello, bastaría cualquier documento oficial (incluso una denuncia) que acredite la residencia efectiva.

Trinidad Bravo, a la puerta de la casa en la que vive // Néstor Cenizo

Trinidad Bravo, a la puerta de la casa en la que vive // Néstor Cenizo

Los vecinos iniciaron en su momento un procedimiento contencioso administrativo para instar el empadronamiento, y presentaron una demanda de conciliación contra el alcalde (paso previo a la querella), a quien acusan de haberles llamado "delincuentes" en el transcurso de un Pleno municipal. Cosín asegura que únicamente faltaba inscribir en el Registro la división horizontal del edificio para poder comercializar las viviendas, cuando el promotor y propietario fue declarado en concurso de acreedores. El limbo jurídico en el que se encuentran estas viviendas favoreció primero el pillaje, y ahora la ocupación. Los ocupantes llegaron a comprometerse con el concursado: realizarían labores de mantenimiento y vigilancia del edificio. El acuerdo, que llegó a redactarse, fue admitido por el antiguo propietario, pero la administración concursal lo rechazó. 

El empadronamiento no solucionará el problema jurídico, y los habitantes actuales dudan de que, una vez conseguido, vayan a obtener agua y luz, porque faltan los cables y la bomba de agua. Ellos insisten en que las trabas al empadronamiento les impiden también ejercer con normalidad sus derechos a la educación y a la sanidad públicas. El mismo día que se realizó este reportaje nació la hija de Sukaina, una de las habitantes del edificio. Solicitarán su empadronamiento en la Corrala Brokante.

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